Pero, la luchas de las masas se presenta dispera en el territorio nacional, como se dijo hace algún tiempo, muestra que no está organizado el grueso de esa masa ni cuenta con una organización desarrollada por tanto no tiene cómo defenderse, sólo hay costras que trafican y abultan lo poco y deformado que hacen. Lo que corresponde al proletariado es organizarlas y dirigirlas para desarrollarlas en servicio de cumplir la tarea pendiente de la RGP en y para la guerra popular.
Hay pues una inmensa masa para organizar y defender, defender la propiedad de los campesinos, aquí está vigente el lema “Tierra para quien la trabaja”. Como se advirtió a comienzos de los 90, que estaba en marcha una nueva concentración de la tierra en beneficio de grandes terratenientes, grandes burgueses y el imperialismo, esta nueva concentración de la tierra y el gran despojo del campesinado se está produciendo, lo que se muestra en el desarrollo de la lucha de clases del campesinado en todo el país a lo largo de casi dos décadas del presente siglo contra los grandes proyectos extractivos.
Brevemente el proceso seguido: Después del "autogolpe de Fujimori" de 1992, se dió la nueva Constitución fascista de 1993. Esta Constitución y las leyes en materia agraria que le siguieron
"vienen a ser el real punto de quiebre para dar paso a una acelerada concentración de la propiedad de la tierra. La Constitución de 1993 estableció la reversión al Estado de las tierras en situación de abandono. Las tierras de las comunidades campesinas perdieron su carácter de inembargables e inalienables, manteniendo su imprescriptibilidad. Estos derechos eran reconocidos desde la Constitución de 1920. En 1995, se promulgó la ley 26505: Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las tierras campesinas y nativas, más conocida como Ley de Tierras. Mediante esta Ley se eliminó toda limitación a la propiedad agrícola, entrando en conflicto con la Constitución vigente que en
su artículo 88º dice que «La Ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona» (Constitución Política del Perú, 1993: 27) y con la Ley de Tierras se puso trabas a la posibilidad de que el Estado pueda expropiar tierras, se establece la libre venta o arrendamiento de las tierras comunales solo con la aprobación del 50% de los comuneros. También
señala los procedimientos para obtener permiso para la exploración y explotación de los recursos naturales que se hallen en las tierras comunales. En 1997, se promulgó la Ley 26845 de Titulación de las comunidades campesinas de la costa. Esta norma establecía que las adjudicaciones individuales de las tierras comunales se podían hacer solamente con la aprobación del 50% de los comuneros que asistan a la asamblea y las tierras no cultivadas revertían al Estado. Posteriormente, en el año
2008, se estableció que «las servidumbres son otorgadas de oficio, sin consulta previa de ningún tipo» (CEPES, 2009: 9). Es decir, quedaba expedita la explotación de esos recursos naturales. Bajo la administración de Alan García, se promulgó el Decreto Legislativo 1089, por elcual se entregó la tarea de saneamiento de la propiedad, por cuatro años, a Cofopri (Burneo, 2011 y Remy-de
los Ríos, 2011). Como se puede deducir, a lo largo de la década se fue perfeccionando el marco legal para que funcione eficazmente el mercado de tierras y permita al Estado entregar en concesión la tierra. En el camino las transacciones encontraron trabas que demoraban el proceso de transferencia y que fueron corregidas por el Ejecutivo o el Congreso, a gusto del capital" (de la gran burguesía nativa y del imperialismo, aclaramos, debe decir, pero entendemos las limitaciones del autor, nota nuestra).
La extensa cita anterior procede del artículo: "De vuelta a la concentración de tierras en el Perú", 23/06/2012,Custodio Arias Nieto, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La política del Estado y su régimen iniciado en abril de 1992 y vigente hasta la actualidad a través de diferentes gobiernos sigue impulsando este proceso de nueva concentración de la tierra y gran despojo del campesinado. Sobre la consulta previa, el gobierno del fascista, genocida y vendepatria Humala aprobó una ley de "consulta previa" que no se aplica solo a determinados casos y en ellos sólo como mera consulta porque sus resultados no son vinculantes, en las actuales luchas del Sur del país vemos como todas estas poblaciones están excluídas de este procedimiento, que si bien sirve para nada, su invocación por parte de las masas par defenderse es justo. Además es bueno recordar, que el fascista, genocida y vendepatria Alán García dijo que los campesinos eran "como el perro del hortelano" y luego desató la matanza de poblaciones nativas en Bagua, matanza de la que es cómplice la actual segunda vicepresidenta del actual gobierno de Vizcarra.
En correspondencia con estas leyes en materia agraria el viejo Estado terrateniente-burocrático al servicio del imperialismo, principalmente yanqui, durante todos estos años, ha otorgado las concesiones para la llamada explotación extractivista (agro-minera-petrolera) en costa, sierra y selva, como leemos a continuación estas se han incrementado enormemente:
"Las concesiones mineras alcanzaban en 1992 a 2 millones de hectáreas. Con el nuevo marco legal elaborado en la década del noventa del siglo pasado, estas se incrementaron enormemente. En el año 2008 el área en exploración y explotación alcanzaba a 16.3 millones de hectáreas; es decir, el 12.8% del territorio nacional (CEPES, 2009: 16-17). La mayor parte de las concesiones mineras están ubicadas en la sierra y en los departamentos más pobres del país: Huancavelica, Cusco y Cajamarca. En el primero, la explotación de plata y mercurio data desde la colonia y en Cajamarca se encuentra Yanacocha, la mina de oro más importante de América Latina (Burneo, 2011: 27). Esta empresa
ahora busca ampliar la explotación de oro y cobre en la provincia de Celendín, en Cajamarca, destruyendo cuatro lagunas utilizadas para el consumo humano y la actividad agrícola y ganadera, sin tener en cuenta la oposición del gobierno regional y la población deCajamarca.
El impacto social y ambiental se extiende más allá del área concesionada o adquirida en propiedad (CEPES, 2009: 17). Permanentemente se tienen denuncias de la contaminación de las aguas de los ríos, cuencas en las cuales se realiza la explotación minera. Un caso no muy reciente es la contaminación del río Chanchamayo, en al selva central, por la empresa minera San Vicente y Caudalosa en el 2010.
Al problema de la contaminación, debemos agregar que la actividad minera en el Perú utiliza el tajo
abierto, en sustitución de la mina de socavón del siglo pasado, para extraer el mineral. Esta técnica reduce los costos de la explotación pero destruye tierras agrícolas y pastos. En el largo plazo son irrecuperables para la actividad agropecuaria. Además, requiere de una enorme dotación de agua para obtener el mineral, en un país que por su geografía y por el cambio climático, es uno de los más vulnerables en lo que se refiere a la dotación del líquido elemento en la región. Esta técnica está prohibida en Costa Rica y otros países" ("De vuelta a la concentración de tierras en el Perú", 23/06/2012,Custodio Arias Nieto, Universidad Nacional Mayor de San Marcos).
Corresponde, impulsar las luchas de las masas contra el gran despojo y por la satisfacción de sus demandas, porque se les otorgue los beneficios que les corresponde, que se les compense por las servidumbres, que se respete sus demandas con respecto al agua y al medio ambiente, que son sus condiciones de vida y producción. Corresponde impulsar las luchas regionales de las masas y que èstas exijan lo que les corresponde como tal; el canon es de los pueblos y debe beneficiar a la mayoría de la población. Aquí hay una gran tarea pendiente de como desarrollar las luchas regionales con una dirección clasista, partiendo de denunciar el gran despojo y como se presenta en cada una de las regiones. Es necesario que los porganismos clasistas, los sindicatos clasistas, los obreros, campesinos, maestros , estudiantes clasistas se pronuncien y movilizen ampliamente en apoyo de estas luchas. Los revisionistas y oportunistas de todo pelaje están metidos en las luchas regiones y cabalgan sobre no pocas, traficando con las demandas y los intereses de las masas.
Corresponde pues unificar y expandir la lucha de las masas, hacer que combatan y resistan, que expresen demandas, reivindicaciones, exigencias al viejo Estado para que cumpla con sus obligaciones sino ¿qué clase de Estado es?, pues si no puede cumplir sus funciones es un Estado que no sirve, y así desenmascararlo. Corresponde impulsar las luchas regionales como parte de desarrollar la situación revolucionaria para cumplir la actual tarea pendiente de la RGP.
A continuación presentamos la noticia del diario reaccionario La República, sobre el llamado Corredor Minero del Sur y los conflicto que lo amenazan, donde se muestra como las grande mineras burlan los compromisos contraídos y el viejo Estado no cumple con sus funciones de garantuzar el cumplimiento de las actas y como las comunidades en su propia carne comprueban que el "dialógo" y todo eso que hablan los grandes burgueses nativos y extranjeros, terratenientes, autoridades del viejo Estado y sus sirvientes revisionistas y oportunistas no les trae ningún beneficio, no sirve para nada. Lea la nota del diario reaccionario al respecto:
SOCIEDAD
El Corredor Minero del Sur y los conflictos que lo amenazan
MESAS DE DIÁLOGO. Aunque el Ejecutivo y algunas mineras, que operan en las regiones de Apurímac y Cusco, se sentaron a conversar, el avance lento de las negociaciones podría quebrar la tranquilidad en esa ruta minera.
Derecho de paso. Entre demandas de comunidades, está el pago de servidumbre y compra de predios por vía donde pasan vehículos pesados de las mineras.
Redacción :
La República
15 sept. 2019 | 06:24h
José Víctor Salcedo
Las mesas de diálogo suelen asegurar solo un periodo, generalmente corto, de tranquilidad. Es una tregua, mientras duran las conversaciones en que se suscriben compromisos. Sin embargo, pocas veces cumplen, vuelve el descontento y las protestas se reanudan. Ese es a menudo el ciclo de los conflictos en el país.
Corredor Minero del Sur
En el caso del Corredor Minero del Sur, la situación es más complicada. Por esta vía, la producción de diferentes operaciones mineras es conducida desde Apurímac, pasando por Cusco y Arequipa, hasta el puerto de Matarani.
En el tramo de Apurímac, se produjo un enfrentamiento. La mañana del martes pasado, los comuneros del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, chocaron con 200 policías que llegaron para desbloquear el corredor. Hubo dos heridos: una campesina y un policía.
Un sector de comuneros de Mara reclama el pago de derechos de servidumbre por el uso de sus tierras y la compra de otras. Los “afectados” plantean el pago de US$ 100 y US$ 200 por metro cuadrado (m²). Tras la intervención policial en Mara, dirigentes de Cotabambas anunciaron que intervendrán en las demandas de ese distrito. Por esto, el conflicto podría ampliarse y, por consiguiente, la interrupción de la vía.
Mientras que la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba (reasentada en Colquemarca, Cusco) tiene reclamos no resueltos, se encuentra en proceso de diálogo sobre el pago por el fundo Yavi Yavi. Si el avance es lento, revelan fuentes policiales, cabe la posibilidad de que se retomen los bloqueos en esa zona.
También hay peligro de cerrar el corredor en puntos de Cusco, como en los distritos de Ccapacmarca y Velille de la provincia de Chumbivilcas. Esto dificultaría más el diálogo e incrementaría las demandas, “poniendo en riesgo el orden público en dichas localidades”.
En Ccapacmarca, sus comunidades de Huascabamba y Ccapacmarca mantienen bloqueado el corredor con piedras en algunos tramos desde agosto. El tránsito de vehículos es posible por un carril. Algunos campesinos señalan ser propietarios de esos predios. No se descarta que interrumpan toda la vía.
Más problemas
El Corredor Minero del Sur es una ruta de conflictos. Hay una decena de ellos entre Apurímac y Cusco.
En la provincia cusqueña de Chumbivilcas, hay expectativa sobre la próxima reunión de la mesa técnica del Ejecutivo por la entrega del informe de fiscalización ambiental, prometido por el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) para el 30 de septiembre. No tienen razones para protestar, pero ese panorama podría cambiar. Esto dependerá de las conclusiones del OEFA y de la propuesta económica que haga la minera MMG Las Bambas para el Fondo Social. Las autoridades plantearon S/ 100 millones para obras.
En el distrito de Velille (Chumbivilcas), la probabilidad de conflictividad es alta. El diálogo con MMG está suspendido. El Ejecutivo y la minera deberían convocar a la reinstalación del comité de diálogo y evitar que la chispa encienda todo.
En tanto, en la provincia de Paruro, es otra la situación. Es el único sitio donde hay bajo peligro de bloqueos. Allí, el Ejecutivo y el gobierno regional, así como las autoridades locales, están en diálogo y ya se atiende la mayoría de sus demandas.
Caso Espinar
Espinar tiene una historia larga de conflictos, desde que la mina Tintaya era de propiedad del Estado, hasta hoy que está en manos de Glencore. Hubo cinco muertos. Actualmente, funciona una mesa de diálogo instalada desde el gobierno de Ollanta Humala. Hay avances en las submesas, pero no en la más importante, que tiene ver con el corredor minero y la implementación de la consulta previa.
Los gremios campesinos emitieron un pronunciamiento el 1 de septiembre. “Rechazamos las mesas de diálogo que el Gobierno instaló. (....) No han surtido efecto alguno en beneficio de los pobladores”, refieren. El riesgo de que los dirigentes pateen el tablero crece.
Otro asunto delicado es la demanda de las comunidades de influencia del proyecto Coroccohuayco, una ampliación de Antapaccay de Glencore. El dirigente Flavio Huanque señaló que el proyecto no avanzará si no hay consulta previa. Hay amenazas de paralizar las operaciones de Antapaccay con la toma del campamento minero y el bloqueo del corredor vial.
