REDACCIÓN AND
12 DE AGOSTO DE 2020
El pasado sábado 08/08, Brasil alcanzó la impactante marca de 100 mil muertes como consecuencia del Covid-19, principalmente por el abandono por parte del Estado. Es una especie de manipulación macabra, de hecho: dado el atroz subregistro y el esfuerzo oficial por defraudar los datos, hemos superado este número durante algún tiempo. En cualquier caso, este es el registro histórico.
Sí, en Brasil se practica un genocidio sistemático contra nuestras poblaciones subyugadas secularmente, en el campo y en la ciudad. El exterminio de los pueblos originarios, la diáspora de los campesinos hacia los grandes centros urbanos, el asentamiento de estos últimos, sometiendo a millones de personas a las condiciones de existencia más intolerables: este ha sido el modus operandi del viejo y genocida Estado brasileño. Es una política sistemática y continua de guerra no declarada contra las masas, que ha ido acumulando ríos de sangre y también el saqueo voraz de todas nuestras incalculables riquezas. La gran mayoría de los asesinados como resultado del Covid-19 son los de la misma tierra, anónimos, invisibles. En cualquier caso, estas muertes están lejos de ser naturales.
Pero durante 21 años, en nuestra historia reciente, sin embargo, se asumió como una doctrina oficial: entre 1964-1985, fuimos gobernados por un régimen militar fascista, uno de los más atroces del mundo, asesinato, desaparición forzada de opositores y exportador de técnicas de tortura a otros países de América del Sur. Con el apoyo del imperialismo yanqui, que desató una operación de guerra llamada Hermano Sam para desembarcar a los marines si la resistencia era generalizada, estas gallinas verdes nazis, durante dos décadas, sangraron nuestra tierra en beneficio de las clases dominantes internas, el imperialismo y sus propios intereses de casta. Abogaron por el predominio de las “fronteras ideológicas” sobre las fronteras terrestres –teoría que haría sonrojar a Joaquim Silvério dos Reis– y la necesidad de luchar contra el “enemigo interno”, en este caso, las fuerzas revolucionarias, democráticas y populares. Decretaron el nacionalismo subversivo, verás, incluso. Los agentes de esta dictadura terrorista incendiaron edificios públicos, enviaron cartas bomba a organizaciones democráticas como la que cobardemente asesinó a la secretaria de la OAB Lydia Monteiro, atentados con bombas que por sí solos no lograron matar a cientos o miles de personas, como el Gasómetro, en el centro de Río de Janeiro y Riocentro, crímenes ignominiosos hasta hoy encubiertos por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas (ACFA). Han purgado lo mejor de nuestra intelectualidad, han reducido los salarios. Cuando abandonaron el escenario, entregaron inflación de tres dígitos, desempleo masivo, una de las mayores deudas externas del Tercer Mundo, corrupción desenfrenada, además de la también genocida policía militar (creada, como la conocemos hoy, en 1969) y la Escuadrones de la muerte. Trabajo nefasto y herencia maldita tan descaradamente defendida por esta misma casta.
Hoy, 35 años después, casi 6.000 militares ocupan puestos destacados en el gobierno. Acumulan privilegios sobre privilegios (reciben además de sus sueldos los grandes sueldos y bonificaciones de los respectivos cargos comisionados), nombran familiares, retienen la jubilación plena en la misma "reforma" previsional que en la práctica imposibilita este trabajo para los civiles. A cambio, prestan toda su experiencia en gestión de crisis para lidiar con Covid-19: ocupan el Ministerio de Salud, reprimen las conferencias de prensa y la difusión de datos, adquieren existencias de cloroquina, con un precio excesivo, que sería suficiente para las próximas décadas. , cuando no exista evidencia científica de su efectividad. En este sentido, Bolsonaro, a través de caminos torcidos, sigue siendo el espejo de la institución en la que se formó. Está el gobierno militar de facto de los generales, con capitán de presidente.
Es decir, siempre hemos dicho que si bien luchan por el golpe contrarrevolucionario preventivo en curso, el clan Bolsonaro y esta casta generalata bien pueden lograr la unidad basada en la contrarrevolución, la naturaleza de ambos, cuyo eje fundamental es unirse contra la rebelión del masas alrededor del camino que, en este momento, es el menos costoso políticamente. La revista Piauí, al entrevistar a cuatro fuentes confidenciales, reveló que Bolsonaro decidió intervenir contra el Tribunal Supremo Federal el 22 de mayo. El objetivo era asaltar militarmente, remover a los ministros y nombrar a otros, de su campo, hasta “restaurar el orden”. Y explicando sus planes a los generales de Planalto (Walter Braga Netto, Luiz Eduardo Ramos y Augusto Heleno), obtuvo del segundo apoyo y, del tercero, su peso calculador: “No es el momento”. Al fin y al cabo, no se trata de si culminará el golpe, sino de cuándo -como hizo público y patente Eduardo Bolsonaro- por qué medios y de qué forma resultará el régimen de máxima centralización del poder en el Ejecutivo. Para calmar a Bolsonaro, los generales se comprometieron a amenazar duramente a las instituciones sobre la posibilidad del golpe, a través de la nota emitida a nombre de Augusto Heleno. Contemporáneo fue el mensaje del general Ramos: “no estires la cuerda”. Aquí están los defensores de la democracia, suma suprema de la legalidad, como algunos quieren.
Los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto del régimen militar quedaron impunes, aunque, según el derecho internacional, son imprescriptibles e indiferentes a la amnistía. La ferocidad del régimen, que aniquiló físicamente a toda una generación de cuadros revolucionarios, y su incomprensión en el camino de la revolución brasileña -que en la siguiente etapa desbordó en un reformismo grosero- explican, al menos en parte, la “transición” nefasta que tuvimos. Ahora, más de tres décadas después, se agregan nuevas cuentas a las antiguas.
