El 10 de octubre de 2020 en el Estado de Rondônia, unos 300 policías de la Policía Militar, Fuerza Nacional, Fuerza Táctica y otros dispositivos de represión llevaron a cabo desalojos ilegales y criminales de 600 familias organizados por la Liga de Campesinos Pobres en el Campamento Tiago dos Santos. El Campamento Tiago dos Santos, ubicado en las fincas NorBrasil y Arco-Iris, en União Bandeirantes, Porto Velho / RO, es parte de un gran latifundio de más de 57 mil hectáreas, cuyo supuesto propietario sería la empresa Leme Empreendimentos Ltda, propiedad de por Antônio Martins (Galo Velho), conocido y criminal ocupante ilegal de tierras públicas.
http://www.folharondoniense.com.br/geral/antonio-martins-o-galo-velho-e-um-dos targets-da-operacao-da-policia-federal /
En una acción cobarde y desproporcionada hacia las familias, entre ellas cientos de niños, fueron atacadas con bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta, etc. Se organizó una verdadera operación de guerra invadiendo el campamento e incluso utilizando helicópteros. La operación comenzó a las 9 de la mañana. Los campesinos informaron que fueron amenazados, torturados psicológicamente con amenazas de muerte. Colocaron a hombres y mujeres sentados en la parte central del campamento y amenazaron con que si no entregaban a los líderes, morirían. Registraron todas las chozas, se llevaron dinero, documentos, herramientas de trabajo, teléfonos celulares, etc. Al mediodía llegaron tres alguaciles. Pidieron hacer cola y dijeron que solo podían llevarse un pequeño volumen de sus pertenencias que pudieran llevar en sus manos. Al mostrar un video de Bolsonaro, la policía dijo que "el presidente autorizó a matar a todos los sin tierra". Humillaron y amenazaron a todos. Pidió a todos que se quitaran las máscaras, que pusieran a hombres, mujeres y niños como ganado encima de camiones y camionetas (privadas) y autobuses y los arrojó inhumanamente en medio de la calle en un pueblo cercano llamado Vila Penha. Mientras conducían, pasaron frente a la sede de la finca, donde había dos helicópteros, muchos carros de policía y celebraciones (estaban celebrando el desalojo). Los agentes no utilizaron identificación durante la acción. Destruyeron toda la cocina colectiva, derribaron las chozas de las pertenencias de los campesinos, solo se les permitió llevar una pequeña bolsa en la mano. Los campesinos TAMBIÉN INFORMAN AGRESIONES FÍSICAS Y DESAPARICIÓN DE DIVERSAS PERSONAS. Hay informes de detenciones de campesinos en ciudades cercanas unas horas después del desalojo. Una verdadera cazería para los campesinos pobres que solo reclaman el derecho a la tierra de la Unión ( União) para mantener a sus familias.
La operación de recuperación ilegal rasgó el velo del “Estado democrático de derecho” y expuso el rostro real del Estado brasileño, el avance del Estado policial y el atentado a los derechos constitucionales del Pueblo.
ATAQUE COBARDE E ILEGAL
El cobarde desalojo se produjo la mañana del 10 de octubre, a mediados del sábado. La medida cautelar fue dictada el viernes a las 17.45 horas, 9 de octubre, al final de la jornada laboral, para su cumplimiento el fin de semana. Esto excluyó cualquier posibilidad de defensa por parte de los campesinos. Los registros electrónicos referidos a la acción posesoria contenían únicamente el siguiente movimiento: "OTORGADO A MEDIDA LIMITANTE", de fecha 9 de octubre de 2020, sin documento adjunto. Un tema grave, sobre todo, en un proceso de relevante alcance social donde el principio de la publicidad debe ser el objetivo, dado el interés público.
La demanda se encuentra pendiente ante el Juzgado VII de lo Civil de Porto Velho, acción posesoria contra las familias, la acción número 7030469-20.2020.8.22.0001, interpuesta por LEME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME contra campesinos sin tierra. El equipo legal involucrado en el proceso quedó prácticamente impedido de demostrar lo absurdo y arbitrario que sería el desalojo de estas familias, ya que, como se explicó anteriormente, el tiempo entre el otorgamiento de la medida cautelar y la ejecución de la orden de desalojo fue la madrugada de un viernes. por un sábado! Tampoco hay noticias de la intervención de la Defensoría Pública en demanda que actúe como custus vulnerabilis. Los campesinos del Campamento nunca fueron citados ni notificados para esta acción posesoria, ni siquiera conocían de su existencia, pero el derecho a contradecir y amplia defensa no fue obstáculo para que el tribunal determinara la recuperación de los cientos de familias que allí se encontraban. En menos de 12 horas los perros guardianes estaban listos para llevar a cabo el desalojo.
La medida cautelar en sí es arbitraria en el sentido de que el proceso está lleno de defectos que violan principios constitucionales y procesales fundamentales del ordenamiento jurídico brasileño, a saber, el derecho al debido proceso, contradictorio y de amplia defensa. Dicha orden de desalojo, además de ilegal, es una verdadera farsa jurídica, ya que solo se dio después del inicio de la ejecución de la reintegración forzosa, revelando que tenía como único objetivo dar “legalidad” al hecho delictivo ya interpuesto por el Estado. La Policía Militar se encontraba en la zona desde antes de la publicación de la orden judicial que rodeaba el campamento.
Existe una connivencia entre el Estado y el acaparador de tierras Galo Velho, quien organizó los asesinatos de policías para permitir la recuperación de la posesión ilegal. Este grileiro (falsificador de títulos) está preso por ser parte de una organización criminal que involucra también a miembros del Poder Judicial, especializados en esta lucrativa ocupación de tomar tierras públicas y expulsar a las personas que viven en las tierras. Por lo tanto, estas tierras públicas deberían utilizarse para el programa nacional de reforma agraria.
El desalojo de estas familias fue absurdo e ilegal porque claramente fue una acción desproporcionada del Estado contra los trabajadores rurales en vulnerabilidad social, especialmente en este momento de crisis y pandemia. Esta decisión contradecía las recomendaciones del gobierno de aislamiento social para enfrentar la pandemia de Covid-19. Se impidió el uso de máscaras y la gente se apiñó en medio de la calle en un pequeño pueblo.
PM, PRESNSA AMARILLA Y GOBIERNO DE RONDONIA INTENTARON ORGANIZAR UNA MASACRE CONTRA EL CAMPESINO
Un verdadero montaje perpetrado por el primer ministro, gobierno de Rondônia, y en connivencia con la prensa “AMARILLA”, intentó asociar el asesinato de dos policías, ocurrido en el municipio el 2 y 3 de octubre, con los campesinos. Esta campaña difamatoria tenía como objetivo crear opinión pública a favor de una masacre contra los campesinos y criminalizar a la LCP - Liga de Campesinos Pobres. Además de que el campamento de Tiago dos Santos está bastante lejos del lugar del asesinato, la Liga de Campesinos Pobres en sus notas públicas desmiente la farsa punto por punto. Como modus operandi la policía criminalizó a los pobladores del campamento y estableció un asedio criminal desde el 3 de octubre, impidiendo el ingreso de alimentos a la zona, disparando a las motocicletas que intentaban llevar leche a los niños; que pasaron una semana sin leche bebiendo agua de arroz. Poco después de los asesinatos, el abogado del propietario presentó una demanda de desalojo mostrando la clara intención de aprovechar la oportunidad para deshacerse de esos trabajadores.
Desde el 3 de octubre, el Estado viene utilizando todo tipo de ilegalidades, abusos y violaciones de derechos. A través de la prensa amarilla, informó que se estaba realizando un operativo “secreto” con varias órdenes de aprehensión emitidas, pero en verdad lo que se observó fue el uso de estas “órdenes secretas” para practicar todo tipo de chantaje, ilegalidad y amenazas a campesinos. Así, como el mandato judicial de restitución que vino a tratar de dar “legalidad” a la toma de posesión ilícita ya realizada por la Policía Militar, las “órdenes secretas” sirvieron de pretexto para que el Estado violara derechos y garantías constitucionales, en particular el ¡Derecho de Defensa! Las “órdenes secretas” eran la autorización y el marco legal para que la Policía practicara sus ilegalidades y la certeza de que todos los abusos e ilegalidades serían “eludidos” y luego “legalizados”.
¿Dónde se investigan los delitos de expulsión ilegal de personas de la tierra en la que viven y están en disputa? En Rondônia, seguro, debido a los precedentes de la clara conexión de terratenientes, acaparadores de tierras, policías y jueces.
¡DEFENDER LA LUCHA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO ES DEBER DE TODOS LOS VERDADEROS DEMÓCRATAS, PROGRESISTAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS PUEBLOS!
"Si el campo no planta, la ciudad no comerá"
La movilización realizada por CEBRASPO, ABRAPO y otras entidades y activistas defensores de los derechos del pueblo, fue muy importante para evitar una masacre similar a la que ocurrió, por ejemplo, en Corumbiara en 1995.
Tales crímenes y arbitrariedades requieren que todos los demócratas adopten una posición firme. Esta colusión entre el latifundio y los órganos estatales tiene que terminar. La tierra tiene una función social y la tierra pública debe asignarse a los campesinos que viven y trabajan en ella.
Es inaceptable que en un país donde hay 14 millones de parados y que el gobierno haya tenido que brindar ayuda de emergencia a 63,5 millones de personas para que no pasen hambre, debido a la epidemia de COVID-19, los órganos estatales en Rondônia se conviertan en jagunços. pagados por acaparadores de tierras públicas y evitar que 600 familias (unas 2.000 personas) se ganen la vida con un pequeño pedazo de tierra.
¡ABAJO LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO CAMPESINO!
¡JUSTICIA PARA LOS CAMPESINOS DEL CAMPAMENTO TIAGO DOS SANTOS EN UNION BANDEIRANTES - RONDÔNIA!
¡TIERRA PARA LOS QUE VIVEN Y TRABAJAN EN ELLA!
CENTRO BRASILEÑO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS - CEBRASPO
ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEL PUEBLO BRASILEÑO GABRIEL PIMENTA - ABRAPO
Río de Janeiro, Belo Horizonte, 11 de octubre de 2020.
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CEBRASPO
Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos
www.cebraspo.blogspot.com.br