Publicamos la siguiente denuncia que nos ha llegado:
Viernes 9 de agosto 2024 fue el gran plantón Palacio de justicia, en apoyo a los comuneros cusqueños sentenciados de 6 años a 7 años de prisión por alzar su voz de protesta el pueblo exige su libertad todo peruano tiene derecho a la libre expresión ¿Dónde está establecid que pueden condenar a un peruano a 6 años 7 años por alzar su voz de protesta contra un gobierno fascista, genocida y vendepatria? no lo hay señores solo en Perú pasa esto abuso en justicia y a los verdaderos ladrones, asesinos, genocidas no hay sentencia siguen libres matando roban Basta ya!!!
La información:
Por Protestas contra la fascista, genocida y vendepatria Dina Boluarte: PJ ratifica condena de 6 años de prisión para jóvenes manifestantes en Cusco
Los protestantes quechuahablantes pertenecen a la comunidad campesina de Cuyo Grande. Sus familias informaron que seguirán movilizándose para exigir la revisión del caso de sus hijos, que ya vienen cumpliendo cárcel durante un año y medio.
Denuncian desprecio a las comunidades campesina
Los jóvenes han estado recluidos en el penal de Quencoro desde el 31 de enero de 2023, es decir, durante un año y medio, y, a pesar de los esfuerzos por obtener su libertad, el Poder Judicial sigue negándoles esta posibilidad debido a la falta de arraigo domiciliario.
Uno de los puntos controversiales en este caso es que la jueza de primera instancia no tuvo en cuenta el bajo nivel educativo de los jóvenes, quienes, además, recibieron una asesoría inadecuada por parte de sus abogados, según afirma la nueva defensa.
Señalan que la decisión emitida el 28 de febrero de 2024 se basa en una sentencia de conformidad, que se alcanzó a través de un proceso de conclusión anticipada, el cual permite a los acusados aceptar su responsabilidad a cambio de una pena más benigna, lo que evita un juicio prolongado.
La comunidad de Cuyo Grande, junto con sus líderes, ha manifestado su profunda preocupación por la sentencia y criticado la indiferencia de las instituciones hacia su situación, argumentando que las autoridades no están considerando su contexto cultural y socioeconómico ni las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso judicial.
En esa línea, un miembro de la comunidad expresó su frustración, resaltando que esta situación refleja una marginación y falta de respeto hacia las comunidades indígenas.
“Ninguno de los recursos que hemos presentado ha sido tomado en cuenta. Tanto el Ministerio Público como el juzgado han ignorado nuestras solicitudes. Lo más triste para nosotros es que, como comunidades indígenas, ni siquiera nos han escuchado. Nos tratan como si fuéramos una comunidad cualquiera y, en otras palabras, nos marginan”.
Además, agregó que la falta de atención a sus demandas y la desconsideración de sus contextos particulares fomentan un sentimiento de injusticia y abandono. En ese sentido, la lucha por la libertad de los jóvenes continuará.