¡SE ATIZA CAMPAÑA REPRESIVA CONTRA EL PUEBLO!
Las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador son un burdo instrumento político-represivo de los EEUU y del sionismo criminal en lo que queda de nuestro país han despotricado violentamente, les han soltado las riendas, son como una mula desbocada dando patadas en todas direcciones.
Se han convertido sin rubor alguno, sin disimulo, en instrumentos de una política de guerra interna, militarización y persecución que golpea, en primer lugar, a los sectores más pobres del pueblo.
En los últimos días han desatado una campaña de bombardeos en varias provincias del país. Los mismos medios de prensa oficial señalan operativos militares con bombardeos y uso de armamento pesado en zonas de Carchi e Imbabura, así como en el Parque Nacional Podocarpus, en Zamora Chinchipe, Azuay y Sucumbíosdentro de una ofensiva extendida a varias provincias. Acciones de guerra que el país no las vivió ni siquiera en los conflictos armados con el Perú.
Con alevosa insania, las Fuerzas Armadas volvieron a bombardear ayer la frontera norte, en El Chical, provincia del Carchi. Lo hicieron en una zona habitada por campesinos pobres, incluidos algunos que, de manera eventual, recurren a la minería artesanal como estrategia complementaria a su trabajo agrícola.
Las áreas atacadas quedan tan devastadas que los campesinos ni siquiera pueden ingresar a buscar a otros compañeros de faena, porque, como es evidente, todo lo que se encuentra dentro del perímetro de las explosiones resulta completamente arrasado.
Y, como si esa locura no bastara, los militares, siguiendo al pie de la letra instructivos sionistas, después del bombardeo esperan apenas unos minutos y vuelven a atacar la zona afectada, con la finalidad de rematar a las víctimas o asesinar a quienes intentan socorrerlas.
Los bombardeos indiscriminados y todo el andamiaje represivo, cobra víctimas. El bombardeo ejecutado el 6 de marzo de 2026 en Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia, no habría caído sobre un “campamento criminal” como sostuvo el Gobierno, sino sobre una granja lechera en la que también había viviendas de campesinos. La operación contó con apoyo de Estados Unidos, que desplegó un helicóptero militar para asistir al Ejército ecuatoriano, mientras desde Washington se habló de un ataque contra “narcoterroristas”. Sin embargo, reportes del New York Times, de la AFP y de la Alianza por los Derechos Humanos recogen testimonios y evidencias que apuntan a una realidad mucho más brutal: población campesina atrapada en medio de la lógica de guerra, destrucción de bienes civiles, detenciones previas y denuncias de tortura. Más que una acción “quirúrgica”, lo que emerge es el drama de familias rurales convertidas en blanco o daño colateral de una política militar que arrasa primero y justifica después.
Quienes cargan el peso de ese terror, de esa violencia son los campesinos pobres y los moradores de las barriadas pauperizadas por el régimen y las transnacionales; los que viven de la tierra, cuando la tienen, los que trabajan en condiciones miserables, los que no tienen caminos, ni hospitales, ni agua suficiente, ni la protección elemental que un Estado dice garantizar. La militarización no llega a esos territorios para combatir al narcotráfico, ¡porque ellos son los narcotraficantes!; llega para profundizar la miseria, el despojo, la semifeudalidad de una forma más brutal. Los campesinos están siendo desplazados, se los arranca de la tierra, de sus territorios; se crean vacíos poblacionales que son ocupados por delincuentes con fuertes vínculos con los miembros de las FFAA y la policía; además, se promueve la creación de una nueva capa de terratenientes cuyo centro es el delito.
Con el pretexto del estado de excepción y del toque de queda se han normalizado allanamientos, detenciones y un clima de sospecha generalizada que termina cayendo, una y otra vez, sobre hijos e hijas del pueblo sin vínculos demostrados con estructuras criminales. La excepción se ha vuelto regla. La guerra se ha convertido en lenguaje de gobierno. Y así, poco a poco, el país ha sido empujado hacia una forma de autoritarismo cotidiano, no siempre proclamado con ese nombre, pero sí ejercido todos los días en los barrios, en las comunidades, en las carreteras, en las ciudades y en la vida de quienes hoy sienten que el Estado irrumpe, ocupa, intimida, castiga y asesina…
En este contexto represivo, lo ocurrido con el Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní en Quito tiene una gravedad política crítica. El 28 de febrero de 2026, mientras en el lugar se realizaba una reunión religiosa por Ramadán, un grupo de agresores promovidos por el Mossad, atacó el recinto con piedras, palos y gas. La prensa reportó personas heridas, daños materiales y escenas de miedo en un espacio donde había familias, asistentes a una ceremonia religiosa y miembros de una comunidad reunida pacíficamente. Un acto de odio en el que incluso aparecieron banderas de Estados Unidos e Israel. Fue una agresión deliberada que da cuenta de los niveles de dirección que tiene el sionismo en nuestro país.
Pero la sevicia del gobierno títere fue más allá; este 25 de marzo, miembros de la policía detuvieron al clérigo iraní y director del Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní, Mohammad Khodadadi. Según la versión oficial difundida ese mismo día, la captura fue justificada con acusaciones de presuntos nexos con Hezbollah, con la Fuerza Quds y con socios comerciales vinculados a un testaferro de Leandro Norero. ¡Patrañas! Está clara la existencia de un patrón de hostigamiento y estigmatización que debe ser desenmascarada y rechazada militantemente.
El gobierno de Daniel Noboa ha sobrepasado todos los límites legales. Ha empujado al país hacia un atolladero represivo en el que la violencia híbrida, de narcos y aparatos represivos, se ha vuelto cotidiana. Lo que están viviendo las grandes mayorías es la ofensiva corporativa y criminal del fascista. Noboa, ha devenido en un dictador, y sí, ahora se siente seguro, firme, tiene el respaldo de los EEUU e Israel. Sí, en verdad, lo tiene, pero también tiene los pies de barro, y pronto caerá.
Ante esta situación, expresamos nuestra más sentida, firme y combativa solidaridad con el compañero Mohammad Khodadadi, con el Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní, con sus familias, con su comunidad y con todas las personas que fueron blanco del ataque del 28 de febrero y del posterior hostigamiento estatal. Expresamos también nuestra solidaridad con las comunidades campesinas y populares afectadas por los bombardeos, con las familias desplazadas, con quienes viven bajo el peso de los operativos y con todos los sectores del pueblo ecuatoriano que hoy padecen la militarización, la persecución y la arbitrariedad.
Exigimos el cese del hostigamiento contra el Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní, el respeto pleno a los derechos y garantías del sheij Mohammad Khodadadi, el esclarecimiento y sanción de los responsables del ataque violento de febrero, y el fin de una política de bombardeos, militarización y represión que está sembrando dolor y vulnerabilidad sobre los campesinos. Frente al miedo que quieren imponer, corresponde fomentar la organización, la combatividad y la resistencia.
¡ALTO A LA PERSECUCIÓN DE LUCHADORES POPULARES!
¡NO MÁS AGRESIÓN AL CAMPESINADO POBRE!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO PARA LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!
ESTADO DE EMERGENCIA Y TOQUE DE QUEDA, ¡MÁS GUERRA CONTRA EL PUEBLO!
El 15 de marzo de 2026 se dio inicio a un proceso de mayor reaccionarización del viejo Estado y de ampliación de la guerra contra el pueblo.
El gobierno fascista y entreguista de Noboa amplió el estado de emergencia y decretó un toque de queda en cinco provincias del país; un salto en la lógica de militarización, control y represión que el régimen viene consolidando como su único programa de gobierno.
Desde esa fecha, en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, la libertad de tránsito quedó suspendida entre las 23:00 y las 05:00, en aplicación del Decreto Ejecutivo 329, que reformó el estado de excepción vigente desde el Decreto 311. La medida se montó, además, sobre un régimen excepcional más amplio que alcanza a nueve provincias y tres cantones del país.
Lo que el régimen propone como una cruzada por la seguridad es, en realidad, un componente de la campaña militar establecida por el criminal de guerra Trump para los países de esta América dolida. Campaña que expresa inoperancia y deviene en una confesión abierta de la impotencia política del régimen. Noboa no puede, ni quiere, ofrecer empleo, salud, infraestructura social ni seguridad; sobre la base de una narrativa torpe, lela y confusa, se centra en lo que él llama “seguridad” y decide entonces imponer militares asesinos, retenes, patrullas y amenazas penales.
El toque de queda cae sobre trabajadores que regresan tarde a casa, sobre mujeres que sostienen la vida en condiciones precarias, sobre jóvenes de barriadas populares convertidos por defecto en sospechosos, sobre transportistas, vendedores, campesinos y pobladores que tienen que moverse aun cuando el Estado les ordena inmovilidad.
Precisamente, estas provincias están en estado de emergencia, pero no la declarada por el gobierno, sino la que padecen moradores y campesinos que están, literalmente, bajo el agua, producto no solo del duro invierno, sino de la falta de infraestructura, alcantarillado, canales de desfogue, etcétera. Ahí, en las barriadas pobres, el calor arrecia, los zancudos y otras plagas generan enfermedades endémicas y sí, las masas, aquellas que tienen techados de zinc o de hojas de bijao, salen a las calles hasta altas horas de la noche para no asfixiarse por el calor extremo que se genera en sus viviendas. Ahora no; deben someterse a la precariedad en la que viven porque al gobierno se le ocurrió criminalizarlo todo.
La coartada oficial pretende darle a todo esto una apariencia técnica. El propio Decreto 329 sostiene que, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, en Guayas el 31 % de los homicidios intencionales ocurrió entre las 23:00 y las 05:00, y en Los Ríos el 29 % se concentró también en esa franja. El mismo texto reconoce que en Guayas, de 24 operativos ejecutados en enero, el 58 % se realizó en horario nocturno, pero apenas el 22 % produjo resultados “efectivos”, como detenciones de sospechosos. Es decir, incluso con sus propios números, el régimen admite una maquinaria represiva enorme y un rendimiento limitado. Pero, en lugar de revisar el fracaso de su estrategia, opta por una salida brutal: restringir derechos a poblaciones enteras. Estamos citando que las medidas de estado de emergencia y toque de queda involucran o afectan al 40 % del total de la población ecuatoriana.
Ese es el corazón del problema. No estamos ante una política de seguridad orientada a desmontar las estructuras del crimen organizado, sus flujos financieros, sus redes estatales y empresariales de protección, ni sus vínculos con la corrupción institucional. Estamos ante una política diseñada para ocupar el territorio, someter a la población y tratar de exhibir autoridad a cualquier costo. Por eso el despliegue no es menor. El Ejército anunció la movilización de 30.000 militares al inicio de esta nueva fase y la prensa reportó un dispositivo combinado que supera los 75.000 efectivos entre militares y policías. Eso no retrata fortaleza estatal; retrata una decisión de convertir el espacio social en un campo de vigilancia permanente.
lo amargo de todo esto, más allá de la represión contra ciertas bandas delincuenciales, la persecución a dirigentes populares, es que esta demostración de fuerza tampoco nace sobre terreno limpio. llega en medio de una profunda descomposición institucional, con denuncias persistentes de corrupción, infiltración criminal, connivencia entre agentes estatales y mafias, y una degradación general de los aparatos represivos.
Hace pocos días, el periodista Boscán dio a conocer una foto en la que se puede ver claramente a un mayor de Policía, nada menos que jefe de delitos transnacionales, oficina adscrita a la DEA y al FBI, quien, junto a otros tres oficiales, mostraba la captura de un millonario cargamento de droga incautado a una banda contraria, a la que le remitieron la imagen como evidencia del golpe a los “adversarios”. En esas condiciones, entregar facultades extraordinarias a las mismas estructuras que cargan sospechas de corrupción y abuso no significa combatir a las bandas con mayor eficacia. Significa multiplicar el margen para la arbitrariedad, para la venganza selectiva, para el uso discrecional de la fuerza y para la persecución contra quienes incomodan.
El ministro del Interior ha recordado públicamente que incumplir el toque de queda puede llevar a penas de uno a tres años de prisión, bajo la figura de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente prevista en el artículo 282 del COIP. Durante la primera noche de aplicación de la medida ya se reportaron 253 detenidos en las cuatro provincias bajo restricción. Así funciona esta campaña represiva: no resuelve las causas estructurales de la violencia, pero sí perfecciona con rapidez la administración de la represión desmedida.
Lo verdaderamente inquietante es que se nos quiera convencer de que todo esto es normal. No lo es. Un país donde la excepción y las campañas represivas se vuelven rutinarias deja de percibir la gravedad de lo que ocurre. La Constitución del viejo Estado permite estados de excepción en circunstancias determinadas, pero también les impone límites materiales, temporales y de control. El problema político no está solo en la legalidad formal del decreto, sino en la consolidación de una cultura de gobierno que ha hecho de la restricción de derechos, la presencia militar y el miedo social una herramienta ordinaria de administración. Cuando la excepcionalidad se repite una y otra vez, ya no estamos ante una respuesta transitoria: estamos ante un proyecto de poder fascista.
El régimen insiste en presentar este camino como el único posible. ¡Miente! Lo hace porque necesita instalar la idea de que fuera del control armado no existe salida, y porque le conviene que el pueblo renuncie a detenerse a pensar que, adicionalmente, están precarizando el trabajo, ampliando los índices de desempleo, profundizando la falta de atención en salud y entregando más territorios a las transnacionales de la minería. La militarización sirve también para eso: para ocultar la bancarrota del capitalismo burocrático.
Por eso el toque de queda no debe leerse solamente como una medida de seguridad. El estado de emergencia y el toque de queda en Ecuador no son una simple respuesta local a la inseguridad, sino parte del nuevo libreto imperialista de Trump para América: tratar a nuestros países como territorios de guerra, imponer la lógica del enemigo interno y someter a los pueblos a la militarización permanente. Al declarar a los carteles como amenaza terrorista y ampliar las herramientas de “contraterrorismo” y fuerza extraterritorial, Washington empuja a gobiernos serviles como el de Noboa a endurecer el control social, restringir derechos y presentar la represión contra el pueblo como si fuera una política de salvación nacional; además, es importante analizar que estas medidas tienen otro mensaje implícito, obedecer, no protestar, no rebelarse. El gobierno y quienes detentan el Poder necesitan calles vacías para que su narrativa parezca orden. Necesita barrios inmóviles para que la obediencia se confunda con paz. Necesita una sociedad fatigada, atemorizada y vigilada para que la protesta parezca anomalía y la represión se venda como necesidad.
Pero la historia nunca ha sido escrita solo por los decretos. También la escriben quienes se niegan a aceptar que la humillación sea destino. En medio de esta ofensiva reaccionaria, los sindicatos, los trabajadores, los sectores populares y la juventud salieron a las calles el 13 de marzo para manifestarse en contra del gobierno; obviamente, hubo represión cruenta, pero no pudieron desmovilizar la voluntad de lucha, sobre todo, de los sindicalistas.
Urge contraproponer a la campaña represiva del imperialismo y del régimen, organización, combate y resistencia. No podemos permitir que el gobierno siga reprimiendo, hambreando y precarizando todavía más la vida de las masas; tampoco podemos permanecer pusilánimes o acobardados, alentando “revocatorias de mandato”, esas formas de lucha domesticadas que desarman la rebeldía popular y la encadenan a la llamada “participación democrática”, siempre dentro de los márgenes de movilidad política que impone el viejo Estado.
Hay que perder el miedo. Hay que volver a las calles, como ya se hizo la semana pasada. Hay que impulsar el levantamiento campesino y popular como forma de lucha, como respuesta legítima frente a un gobierno fascista apoyado en el imperialismo y en las armas.
¡A PONER UN ALTO AL GOBIERNO FASCISTA DE NOBOA CON ORGANIZACIÓN Y LUCHA POPULAR!
¡NO AL TOQUE DE QUEDA Y DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA!
¡NO A LA PERSECUCIÓN DE LUCHADORES POPULARES!
¡VIVA LA LUCHA EN CONTRA DEL RÉGIMEN ASESINO DE NOBOA!
¡VIVA LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA!
¡VIVA LA RESISTENCIA DEL PUEBLO IRANÍ!
¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO!