AND BRASIL: LEVANTAMIENTO OBRERO Y CAMPESINO CREA "LABERINTO POLÍTICO" PARA LOS REACCIONARIO EN BOLIVIA
Reproducimos a continuación un interesante análisis acerca de lucha de clases en Bolivia recientemente publicado por el Jornal brasilero A nova Democracia (traducción no oficial):
El portavoz de los terratenientes exigió que el gobierno aplique medidas de “fuerza extrema” contra los campesinos, destacando que el sector agroexportador sufre 22 días de parálisis total en el envío de mercancías al mercado internacional, generando pérdidas estimadas en más de 50 millones de dólares.
El centro político de la capital boliviana, La Paz, se transformó en un auténtico campo de batalla. Columnas de mineros, obreros fabriles, campesinos y estudiantes sitiaron los accesos al kilómetro cero de la capital, dispuestos a imponer la caída definitiva del gobierno reaccionario de Rodrigo Paz Pereira, que lleva apenas seis meses en el cargo. Utilizando métodos históricos de autodefensa y combatividad, las masas enfrentaron por más de dos horas, el 18 de mayo, el violento aparato de agresión montado por la policía en el intento de ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentra la sede del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
El cerco al corazón de la burocracia estatal fue desatado mediante tácticas coordinadas de avance. Un ala de los Ponchos Rojos, agrupación campesina de firme tradición de lucha, marchó por la avenida Sucre con el objetivo de romper las líneas policiales por la parte superior de la plaza. Simultáneamente, contingentes de la Central Obrera Boliviana (COB), obreros de diversos sectores y mineros presionaban fuertemente por los accesos inferiores y traseros del perímetro. La determinación de los manifestantes, que llegaron a incendiar una patrulla, obligó al gobierno a evacuar apresuradamente a los funcionarios de reparticiones públicas, comercios y edificios legislativos, vaciando las inmediaciones ante el inminente colapso del control estatal en la zona.
Las fuerzas de represión desencadenaron un ataque continuo de gas lacrimógeno para contener las columnas populares. En respuesta, las masas recurrieron a hogueras encendidas en las esquinas y calles adyacentes, utilizando puertas, ventanas de madera, carteles y materiales diversos confiscados en las proximidades para anular el efecto de los agentes químicos. Armados con hondas, piedras, palos y fuegos artificiales, los trabajadores en revuelta impusieron una resistencia tenaz que impidió el retroceso de las líneas de manifestantes, convirtiendo las vías públicas en trincheras de resistencia obrera y campesina contra el aparato policial-militar del viejo Estado boliviano.
La ofensiva jurídica y la caza de los dirigentes sindicales
Ante la incapacidad de contener la rebelión, el gobierno activó el brazo jurídico para intentar decapitar la dirección de los movimientos. El Procurador General del Estado, Roger Mariaca, confirmó directamente desde Sucre la expedición de órdenes de arresto contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, además de otras 24 dirigencias sindicales y agrupaciones campesinas involucradas en la organización de los bloqueos. Las órdenes de captura fueron fundamentadas en procesos instaurados en el ámbito judicial bajo la alegación de delitos supuestamente cometidos durante las tres semanas de conflictos e interrupciones de carreteras que paralizan el país, actos realizados por las masas enfurecidas.
La acusación formal imputada por el viejo Estado señala a los dirigentes como promotores de supuestas acciones “terroristas” orientadas a desestabilizar el Poder Ejecutivo, citando el uso generalizado de dinamita y armamentos en los puntos de protesta. El cerco policial y jurídico se extendió a los municipios de la región metropolitana, resultando en una ola de invasiones y detenciones arbitrarias destinadas a desmovilizar el apoyo logístico de las masas. El balance de las incursiones punitivas efectuadas por las fuerzas de represión en la zona sur de La Paz, en El Alto y en las carreteras principales, totalizó 50 activistas presos. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Pinto, detalló el destino de los detenidos, explicando que 15 manifestantes fueron puestos en libertad, mientras 19 esperan audiencia de custodia. “Tres personas fueron condenadas por un juez a cumplir cuatro meses de prisión preventiva en el Penal de San Pedro. Cinco de ellas deben comparecer ante el Ministerio Público cada 15 días, y ocho están en arresto domiciliario sin derecho a trabajar”, expuso.
La justificación presentada por la policía señala que la mayor parte de las detenciones en flagrancia se derivó de la supuesta posesión y manipulación de sustancias explosivas contra los agentes del viejo Estado. Adicionalmente, los manifestantes apresados son investigados por el Ministerio Público bajo la acusación de destrucción y deterioro de bienes públicos. Este aparato de criminalización judicial avanza pari passu con las incursiones de las patrullas en las carreteras, donde el uso de la violencia reaccionaria resultó, según denuncias de organizaciones campesinas en El Alto, en el asesinato de al menos dos manifestantes y en decenas de civiles heridos.
Las raíces de la rebelión: el látigo del hambre y del latifundio
La actual sublevación popular que sacude a la semicolonia andina es el resultado directo de medidas antipopulares aplicadas al inicio de la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en diciembre de 2025 interrumpiendo casi dos décadas de hegemonía de la falsa izquierda. El detonante inicial de las movilizaciones se produjo con la emisión de un decreto ejecutivo que eliminó por completo los subsidios estatales a los combustibles, provocando un aumento inmediato en el precio de la gasolina y afectando directamente el costo de vida de las masas. El escenario de revuelta se agudizó de manera irreversible con el intento del gobierno de promulgar una nueva ley sobre tierras. Organizaciones campesinas y comunidades indígenas denunciaron de inmediato que el dispositivo legal tenía el claro objetivo de golpear la producción de las familias y confiscar los territorios tradicionales para favorecer los intereses del latifundio agroexportador. Bajo el pretexto de combatir la crisis económica y fortalecer la agricultura nacional, la ley buscaba legalizar el saqueo agrario, provocando la inmediata entrada en escena de la Confederación Nacional de Mujeres “Bartolina Sisa”, que convocó a sus bases a la resistencia total en las carreteras.
La nota oficial publicada por la directiva de la Confederación campesina el 17 de mayo sintetizó la indignación frente a la política gubernamental: “De forma violenta y criminal el gobierno intervino en la movilización del pueblo dejando como saldo fallecidos, heridos y detenidos a consecuencia de la brutalidad de la policía y del Ejército”. La agrupación afirmó que el viejo Estado actúa exclusivamente para satisfacer los privilegios de las clases dominantes, completando de manera categórica que la gestión “pretende con sus decretos y leyes inconstitucionales quitar nuestras tierras para entregarlas a los latifundistas”. Las reivindicaciones de los sectores en lucha se expandieron a medida que la represión policial fracasó en desmovilizar las barricadas. El contingente de mineros exige el libre acceso a insumos industriales, combustibles y explosivos para la actividad extractiva, además de la inmediata revisión de los contratos y la regulación del sector. Los profesores de la red pública se unieron a las jornadas de protesta exigiendo reajustes salariales urgentes y dotación presupuestaria para las escuelas deterioradas. El sector de transportes, estrangulado por la falta de diésel y gasolina, declaró huelga por tiempo indefinido, convirtiendo las protestas difusas en una huelga política de masas.
Bloqueos de carreteras paralizan y dividen el territorio nacional
La eficacia de los métodos de lucha campesinos y obreros se comprueba en el estrangulamiento de las principales vías de flujo económico de Bolivia. De acuerdo con el balance técnico emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registraron el 17 de mayo al menos 23 puntos de interrupción total en carreteras federales y estatales. El cerco logístico se concentra principalmente en el entorno del departamento de La Paz, que contabiliza 13 carreteras completamente bloqueadas con troncos, piedras y barricadas humanas, impidiendo el tráfico regular de mercancías, combustibles y provisiones hacia los centros urbanos.
Los informes emitidos por la Policía Departamental de Potosí señalan que dos frentes de bloqueo en las regiones de Potosí y Chuquisaca aislaron los accesos a los distritos de Tarija y Oruro. El comandante local, coronel Pompeyo Sánchez, reportó que las patrullas operan en régimen de vigilancia continua para monitorear las áreas de fricción. En la carretera que conecta Potosí con Oruro, los campesinos de la localidad de Challamayu, perteneciente al municipio de Tinguipaya, obstruyeron completamente la vía utilizando troncos de gran tamaño y barreras rocosas, impidiendo el paso de camiones de carga y autobuses intermunicipales. Otra interrupción del tráfico fue consolidada por el Sindicato de Trabajadores Departamentales de Potosí en las inmediaciones de San Antonio, estipulando un plazo inicial de 24 horas para mantener la barrera de aislamiento. En el trayecto hacia Tarija, los habitantes de la zona de Padcoyo también paralizaron el tránsito de vehículos. En Chuquisaca, el foco inicial de bloqueo se estableció en el municipio de San Lucas, donde un contingente aproximado de 100 campesinos fijó un puesto de control en la localidad de Sivingamayu, interrumpiendo la ruta que conecta Sucre con el sur del país, según confirmó el coronel Roger Costas.
El comandante de la Policía de Chuquisaca, coronel Iván Costas, detalló que la barricada fue levantada en la comunidad de Sivingani Mayo en cumplimiento de las deliberaciones firmadas en asamblea popular la víspera. El oficial admitió que informes de los servicios de inteligencia señalan que nuevas organizaciones campesinas, municipios circunvecinos y la Federación de los Pueblos Indígenas de Chuquisaca están en proceso de adhesión formal a las protestas. El aislamiento logístico de la capital se amplió con el cierre de la ruta Sucre-Cochabamba, resultado de una barrera instalada en el cruce de Vacas durante el último fin de semana.
La Federación Unificada de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) asumió la responsabilidad de la conducción política de los bloqueos en el departamento. El director ejecutivo de la entidad, Julián Romero Bejarano, justificó las medidas como una reacción legítima de los pueblos del campo ante la ausencia crónica de políticas económicas que pongan fin a la miseria y al hambre en la región. “El pueblo está cansado de un gobierno que no escucha ni responde a las demandas sociales. Este bloqueo es el inicio de una lucha por tiempo indefinido”, declaró el dirigente campesino.
“Es preciso fuerza extrema contra ellos”, clama reaccionario
El impacto económico generado por la lucha combativa de las masas despertó la desesperación y la furia de los representantes de la gran burguesía y del latifundio. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó públicamente su indignación antes de ingresar a la Asamblea de Santa Cruz, convocada por el Comité Pro-Santa Cruz. El portavoz de los terratenientes exigió que el gobierno aplique medidas de “fuerza extrema” contra los campesinos, destacando que el sector agroexportador sufre 22 días de parálisis total en el envío de mercancías al mercado internacional, generando pérdidas estimadas en más de 50 millones de dólares.
Frerking vociferó contra los efectos de la táctica de estrangulamiento de las carreteras en la recaudación de divisas: “Ya han pasado 22 días desde que logramos exportar un solo dólar. Necesitamos moneda extranjera, necesitamos salir de esta crisis, y eso solo será posible reabriendo todas las carreteras. No podemos continuar así; el país está en crisis y tenemos que ser responsables”. El terrateniente citó casos específicos de perjuicios económicos en la periferia del país, mencionando que la cosecha de castañas en el departamento de Pando está completamente paralizada desde hace más de tres semanas debido a la imposibilidad de flujo logístico. En la misma línea de ataque a los trabajadores, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, utilizó su tiempo de intervención para cuestionar la legitimidad política de las movilizaciones populares, clasificándolas como un complot orquestado para derribar al Ejecutivo. “Ya vimos esta película antes. Aparece un problema, se resuelve, se inventa otro problema, y otro, hasta que exijan la renuncia de un gobierno democráticamente elegido”, afirmó el burócrata local. Saavedra defendió el endurecimiento de las medidas punitivas contra los comités de huelga, argumentando que “cada carretera bloqueada es una arteria cerrada que está matando lentamente a nuestro país”.
A pesar del discurso belicoso de las clases propietarias y de las acusaciones de la inteligencia estatal, que intenta deslegitimar la revuelta popular rotulándola como una mera “Marcha de Evo” armada, el avance impetuoso de las manifestaciones acorraló al gobierno e impuso retrocesos visibles al viejo Estado. Acorralado por la amplitud de la insatisfacción social y por el bloqueo que amenazaba con desabastecer completamente los centros políticos, el presidente Rodrigo Paz se vio obligado a revocar íntegramente la polémica ley de tierras la semana pasada. El retroceso táctico, concebido para vaciar las protestas, resultó insuficiente, pues los obreros y campesinos mantuvieron las movilizaciones, exigiendo reformas estructurales y la destitución del gabinete.
El nivel de fragilidad política del aparato estatal se evidenció en el pronunciamiento del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. El funcionario se apresuró a descartar la declaración de un estado de excepción o de emergencia en el territorio boliviano, mostrando el temor del gobierno de que una medida de violencia extrema pudiera catalizar una insurrección aún mayor. “Por el momento, la declaración de estado de emergencia no está en discusión. No queremos derramamiento de sangre”, declaró Zamora, intentando vender una falsa imagen de moderación mientras las fuerzas policiales golpeaban a activistas en las periferias de El Alto y saboteaban los sistemas de transporte público como represalia.
La empresa pública Mi Teleférico, incluso, suspendió las operaciones en las líneas Roja, Plata, Azul y Celeste, temiendo que las estaciones fueran tomadas por los comités populares de autodefensa. En conferencia de prensa, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, insistió en acusar a los movimientos y parlamentarios de la oposición de incitar a la violencia armada, divulgando videos donde campesinos empuñaban escopetas de caza.
