El fascista, genocida y vendepatria Vizcarra de acuerdo a la constitución fascista de 1993, como todas las anteriores al respecto, es el representante y cabeza del viejo Estado terrateniente -burocrático al sevicio del imperialismo, principalmente yanqui, como tal al jurar el cargo -después del golpe de estado palaciego contra su patrón PP Kuczynki- lo hizo como Presidente de la República o Jefe del Estado, ver acta de su juramentación. Pero, es tan torpe que para salir del apuro en que se metió por el escándalo del procurador Ramírez, quien actuó como facilitador de la contraparte (Oldebrecht), que en última instancia fue nombrado por Vizcarra, éste declaró muy suelto de huesos y escondiendo con la mano la baba que derramaba, que el no era el Jefe del Estado sino solamente el presidente.
Este fascista Vizcarra es más torpe que su maestro Alán García Pérez, el aprendiz de Führer, este aprendiz de aprendiz va cayendo sin remedio, chocando con su propia torpe persona, así luego de esta torpeza como muchas otras anteriores para tratar de ocultar inutilmente su verdadera natura fascista, genocida y vendepatria, uno de cuyos atributos es la corrupción, a vuelto a caer en una torpeza más, como leemos a continuación de la ilustración:
"El viernes de la semana pasada, los congresistas electos en los comicios del 26 de enero finalmente recibieron sus credenciales. Se realizó para ese efecto una ceremonia en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, en la que el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, se encargó de entregarles a 128 parlamentarios (dos de los elegidos estuvieron ausentes en el acto) el documento que los acredita como tales: un ritual muy parecido al que han protagonizado tantas otras representaciones nacionales antes de iniciar su mandato… salvo por un detalle: esta vez el presidente de la República estuvo presente.
Se trata de una circunstancia inédita en la historia reciente. Los jefes de Estado no suelen ir a esta ceremonia y, si se lo piensa bien, la abstención tiene sentido. Los integrantes del Legislativo son, después de todo, los llamados a contrapesar el poder del Ejecutivo; y el de ellos va a ser, a su vez, contrapesado por el Ejecutivo. Mal puede entonces el presidente forzar su presencia en la “mesa de honor” encargada de oficiar el acto simbólico por el que los legisladores adquieren el estatus ya descrito, pues el gesto deja el sabor de que está ejerciendo una especie de supervisión o tutoría sobre sus futuros fiscalizadores. Peor todavía si la ceremonia incluye una foto con él, como en una graduación escolar.
No hay que olvidar, por otra parte, que las elecciones adelantadas que han convertido a las personas que recibieron el viernes sus credenciales en legisladores fueron consecuencia del cierre del Congreso ordenado por el presidente Martín Vizcarra, por lo que, deliberado o no, el mensaje de que son el producto de una decisión política suya estaba en el aire.
Por todas estas razones, la concurrencia del jefe de Estado a la ceremonia no resultaba conveniente. Y él tiene que haberlo sabido antes de acudir. Si a pesar de todo, decidió presentarse, sería bueno que explicase los motivos" (Editorial de El Comercio, 03.03.20209).
El fascista, genocida y vendepatria, peón del imperialismo principalmente yanqui, Vizcarra y sus ministros siguen cayendo en picada:
El Ministerio Público formuló acusación contra la actual ministra de la Producción, Rocío Barrios, por el presunto delito de peculado doloso, por apropiación, en agravio del Estado. El caso se remonta a su función como directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ocupó entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.
A Barrios y los demás investigados se les acusa de apropiarse de dinero del Estado, “habiendo simulado haber contratado, entre los meses julio a diciembre del 2014, presuntos servicios a las empresas Casa Importadora Andrea S.A.C. y Grupo Torres & Torres Luna S.A.C. para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo para cuarenta (40) vehículos, pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, por un costo total ascendente a la sima de S/177.279…”.
Ello, según la fiscalía, sin que existan las respectivas órdenes de servicio ni las constancias de conformidad. Incluso, “ni evidencias de haberse realizado el servicio”.
A Casa Importadora Andrea S.A.C. se le pagó S/110.123,83; mientras que al Grupo Torres & Torres Luna S.A.C., S/67.155,67.
En cuanto a la ministra, la imputación específica a su labor se refiere al hecho de haber autorizado a través de la Resolución Directorial N°303-2014-PCM/OGA, del 30 de diciembre del 2014, el reconocimiento del pago a las citadas empresas, “a pesar que no existía orden de servicio ni conformidades de la prestación de servicio”.
Así, se le atribuye no haber cumplido con funciones asignadas a su cargo. Por ejemplo, supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los asuntos administrativos en las áreas de recursos humanos, contabilidad, tesorería, sistemas, logística, servicios generales, normas técnicas de control, entre otras.
El caso de Rocío Barrios se suma al de otro integrante del Ejecutivo comprendido en una investigación fiscal. Carlos Lozada Contreras, ministro de Transportes y Comunicaciones, es investigado por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.
La pesquisa, reveló “Cuarto Poder” el último domingo, gira en torno a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que, el 15 de mayo del 2018, suscribieron Provías Nacional —cuando el hoy ministro era director ejecutivo de esta entidad— y la empresa española Constructora San José. Esto por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto que actualmente se encuentra paralizado y con contrato resuelto.