Perú: Algo más sobre la continuidad del régimen fascista, genocida y vendepatria iniciado a comienzos de los 90 con el llamado "autogolpe de Fujimori"

Presentamos a continuación unos extractos del artículo: El deterioro de la democracia y el fracaso de la transición, de Alberto Adrianzen M., en Perú Hoy, El arte del desgobierno, DESCO 2017), que desde el punto de vista de autores que trabajan al servicio de la reacción se expresan sobre el hecho objetivo de la continuidad del régimen fascista, genocida y vendepatria iniciado a comienzos de los 90 con el llamado "autogolpe de Fujimori", para que nuestros lectores tengan una mejor apreciación de la situación nacional, particularmente de la otra colina, de como cada vez se hunden más en la crisis última en que se encuentran y sólo hace falta continuar su barrimiento:


"El fracaso del cambio
En junio del 2001, un mes antes de asumir la presidencia, Alejandro
Toledo le dijo a la BBC en una entrevista: «No puedo defraudar.
Yo estoy sentenciado a no fracasar». Al año siguiente, el 2002, una
vez instalado su gobierno, el apoyo a la democracia bajó al 55%,
según el Latinobarómetro, y tres años después, el 2005, alcanzó su
nivel más bajo, el 40%. En las elecciones del 2006 las simpatías por
el toledismo eran tan bajas que no presentó candidato presidencial
en esas elecciones, logrando obtener apenas cuatro congresistas.
Hoy sabemos que Toledo no solo podía defraudar y fracasar
sino también que terminó siendo una suerte de imitación de
Alberto Fujimori. Toledo, al igual que Fujimori hace unos años,
se encuentra ahora prófugo de la justicia, en este caso en Estados
Unidos, acusado de recibir una coima de 20 millones de dólares
de la empresa brasileña Odebrecht. A Toledo solo le espera ser
extraditado.

El segundo gobierno de Alan García (2006-2011) fue también
otro fracaso, más allá del importante crecimiento económico que
tuvo la economía del país en esos años. García, que le ganó al
Ollanta Humala de «polo rojo» y «chavista» en la segunda vuelta y
que prometió un «cambio responsable» y una revisión «párrafo por
párrafo» del Tratado de Libre Comercio (TLC) que había suscrito
el gobierno de Toledo el 12 de abril del 2006, no solo representó
el continuismo económico que el fujimorismo había inaugurado
en la década de los noventa sino que también se convirtió en una
suerte de líder regional al crear el 28 de abril del 2011 la Alianza
del Pacífico, integrada por Perú, Chile, Colombia y México, como
un contrapeso, como se dijo en ese momento, a la llamada Alianza
Atlántica formada por Venezuela, Brasil y Argentina que era
expresión de los gobiernos progresistas de la región.

Por otro lado, si bien García acabó con una aprobación del
42%, nueve puntos más que la aprobación alcanzada por Toledo
al final de su gobierno, lo cierto es que el futuro político del
Partido Aprista Peruano (APRA) corrió la misma suerte que Perú
Posible, el partido de Alejandro Toledo. En las elecciones del
2011 tuvo que retirar a su candidata presidencial, la economista
Mercedes Aráoz, actual segunda vicepresidenta del gobierno de
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), logrando obtener tan solo cuatro
parlamentarios, al igual que Toledo el 2006. A ello habría que
sumarle los hechos de corrupción durante su gobierno, como
fue el caso de la venta de indultos y conmutaciones de penas a
más de cinco mil reos, entre los cuales se encontraban decenas
de narcotraficantes. En las elecciones del 2016, la debacle de
ambos fue aún mayor: García, candidato del APRA, que esta
vez iba en alianza con el Partido Popular Cristianos (PPC) con el
nombre de Alianza Popular, logró apenas un 5.82% en la primera
vuelta, mientras que Toledo alcanzó un magro 1.3% de los votos,
cuando en las elecciones del 2011 su votación llegó a 15.64%. El
PPC, que fue en alianza con el APRA, no logró obtener un solo
 parlamentario. Los cinco congresistas de la Alianza Popular que
lograron entrar al Congreso fueron del APRA.

El destino de Ollanta Humala luego de ganar las elecciones
en segunda vuelta a Keiko Fujimori no fue muy distinto al de
Toledo y de García, pero si más dramático. Su triunfo, el 2011,
hay que reconocerlo, representó un momento de optimismo y
esperanza de que el cambio, así lo expresaba su programa «La
Gran Transformación», era posible. Sin embargo, no se trataba
de cualquier cambio. Quedaba en la memoria de los electores el
Ollanta de polo rojo y cercano al presidente venezolano Hugo
Chávez del 2006. Y si bien su propuesta radical, que causó un
verdadero pánico en los sectores de la derecha peruana y hasta
regional, se fue morigerando en la primera vuelta, pero sobre todo
para la segunda vuelta con la famosa «Carta de Navegación» y el
apoyo que logró de Mario Vargas Llosa, lo cierto es que Humala
representó por un momento la posibilidad de un cambio radical
en el país, en la sociedad y en la política4.

Luego de la renuncia del primer gabinete del gobierno de
Humala, presidido por Salomón Lerner, que duró apenas 135
días, su viraje a la derecha se expresó en un continuismo político
y económico similar al de los gobiernos anteriores. Se convirtió
así en una gran y nueva frustración y en el fin de la posibilidad
de un cambio radical en el país. Es decir, el fin del intento por
construir una nueva hegemonía que pusiera fin a la herencia
autoritaria (aquí el autor se refiere al gabinete de compromiso entre las
dos facciones que represento Lernen y que se saldó con la imposición
de la compradora, nota nuestra).

 Por eso no nos debe extrañar que la aprobación de
Ollanta Humala al final de su mandato fuera de apenas 19%.
La más baja de los últimos Gobiernos si la comparamos con las
aprobaciones de Toledo, 33%, y de García, 42%, al final de sus
respectivos mandatos. Por otro lado, el partido de Ollanta Humala,
el Partido Nacionalista Peruano (PNP), corrió una suerte peor que
Perú Posible el 2006 y el APRA el 2011: tuvo que retirar su plancha
presidencial y su lista parlamentaria en las elecciones del 2016 por
la baja preferencia entre los electores5. Ollanta Humala, al igual que
Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, hoy está acusado
de actos de corrupción y de ser responsable de crímenes de lesa
humanidad cuando estuvo al mando, como capitán del Ejército,
de la base militar contraterrorista de Madre Mía, en la región San
Martín, en 1992. La transición hacia la democracia terminaba así
por encallar definitivamente.

No nos debe extrañar por ello, como afirma Martín Tanaka en
un reciente artículo en el diario La República, que hoy día la crisis
política del país ha tocado fondo:

Según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la PUCP,
Perú es el país en el que la confianza en el gobierno es la más baja; la
desconfianza en los políticos y en los funcionarios públicos la más alta;
y la percepción de existencia de corrupción entre estos la más alta de
una muestra de 35 países (datos de 2014-2015). Creemos menos en el
compromiso público y en la honestidad de nuestros funcionarios que en
Croacia, Lituania, Rusia o Venezuela6.

Por eso las elecciones del 2016 se dieron en un contexto donde
el azar jugó un papel importante por no decir decisivo para el
resultado que finalmente tuvimos.

Si bien en esas elecciones Keiko Fujimori y su partido Fuerza
Popular, que habían quedado segundos en las elecciones del 2011,
eran los favoritos según todas las encuestas, lo que se comprobó
con su triunfo en la primera vuelta, el resultado final le fue adverso. El triunfador
fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su partido Peruanos Por el Kambio".

Luego es interesante leer a manera de sus conclusiones, sobre la crisis última en que se encuentra el capitalismo burocrático y el viejo Estado terrateniente-burocrático, al servicio del iperialismo principalmente yanqui, que lo representa y defiende, lo siguiente:

"Volver a la transición

Una primera conclusión que se puede plantear cuando analizamos
el ciclo político que va del 2001 al 2016, es decir de Alejandro
Toledo a Ollanta Humala, es la incapacidad de estos gobiernos de
dotar a la democracia de nuevas bases de legitimidad y convertir
al Estado en uno más democrático y más representativo. Es decir,
pasar de una democracia electoral a una ciudadana con derechos
para todos y todas.

Una segunda conclusión es el fracaso de los principales partidos
en este periodo. Cada fin de gobierno significó una crisis profunda,
es decir, una práctica desaparición del partido que ejerció el
gobierno. Así, en estos quince años hemos vivido la disminución
a su mínima expresión de los partidos que ganaron la presidencia
el 2001, 2006 y el 2011. Y es posible que lo mismo se repita con el
partido ganador del 2016.

Se vive, pues, una democracia que, en lugar de fortalecer los
partidos, termina por disolverlos o por convertirlos en una minoría
política, impidiendo así la construcción de una nueva mayoría
política y un sistema de partidos representativo. El resultado ha
sido la perpetuación del pacto de dominación autoritario que
construyó el régimen fujimorista; la decadencia de los partidos, con
la excepción del fujimorismo, lo que aumenta la «informalidad»
de la política; el papel protagónico de los medios de comunicación
y la influencia de los lobbies; y el deterioro constante de la
democracia, lo que se expresa en una falta de confianza y rechazo
de la ciudadanía a las instituciones del régimen. Vivimos, pues, una
democracia de baja intensidad, de escasa representatividad y con
actores políticos poco o nada relevantes e incapaces de construir
una mayoría política y, por lo tanto, una nueva hegemonía. Y si
bien esto no es responsabilidad de la democracia, la pregunta es
por qué ha sucedido.

Como hemos señalado, una transición supone un triple
movimiento: terminar con el régimen autoritario y construir uno
democrático; modificar las interacciones entre los partidos y la
sociedad; y cambiar el orden social imperante al reconocer su
carácter injusto.

Lo que sucedió estos años es que ninguno de los tres partidos
que llegaron al Gobierno emprendió estas tareas porque de una u
otra manera mantuvieron el orden fujimorista con el consecuente
deterioro de la democracia11. El bloqueo de la transición a la
democracia, por lo tanto, podría ser definido no solo como la vuelta
o la amenaza permanente del regreso a un régimen autoritario
sino también como el agotamiento del régimen democrático como
instrumento de cambio del orden neoliberal y de legitimidad del
poder político. Es cierto que ambos procesos son caras de una
misma medalla: se puede afirmar que la amenaza autoritaria es
expresión de la falta de legitimidad del régimen democrático y
de los partidos, sin embargo, hacemos la diferencia para explicar
mejor en qué consiste el bloqueo de la transición.

Se podría decir, por lo tanto, que la no continuidad de las
tareas que plantearon la caída del régimen fujimorista y las que
dejó el gobierno de transición son, acaso, unas principales causas
del deterioro de la democracia. En este contexto, son también
indicadores de ese deterioro democrático la competencia entre
dos candidatos de derecha en las elecciones del 2016, el regreso
político con fuerza del fujimorismo en estas últimas elecciones,
su reestructuración como partido político, la mayoría absoluta
lograda en el Congreso (que hace conflictivas las relaciones
entre el Ejecutivo y el Legislativo), sus posibilidades de ganar las
próximas elecciones del año 2021, la existencia de un gobierno
débil, las presiones del sector empresarial para un acuerdo entre el
fujimorismo, el APRA y el Gobierno, la existencia de una oposición
dividida y sin norte político, así como una opinión pública alejada
de la política y crítica de las instituciones del régimen.

Una última encuesta de Ipsos Perú del mes de abril, y publicada
el mes de mayo de este año, no puede ser más contundente: la
desaprobación al Presidente supera la aprobación, la gestión
de todos los ministros mencionados en la encuesta es también
desaprobada. Igual suerte corren la presidenta del Congreso, Luz
Salgado, el Gobierno, el Congreso de la República, el Poder Judicial
y las lideresas políticas Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Y si
a ello le sumamos los movimientos autoritarios, conservadores y
fundamentalistas, organizados por las distintas iglesias y apoyados
por el fujimorismo, como son Con mis hijos no te metas y Padres
en Acción, que luchan contra una inexistente y fantasiosa ideología
de género y sí más bien contra la igualdad entre los géneros, y en
particular contra la igualdad entre hombres y mujeres, podemos
constatar que se vive, en este campo, como en otros, un proceso
de involución que amenaza a la democracia. Peor, difícil, aunque
en el Perú nada es imposible.

Decimos esto porque si alguna tarea importante, entre otras, se
planteó el gobierno de transición, como afirmó Valentín Paniagua
cuando asumió la presidencia, fue la de cerrar el ciclo autoritario
que vivió el Perú en la década de los noventa, y cuyo símbolo era y
sigue siendo el fujimorismo (y ahora también el «alanismo aprista»),
para así sentar las bases de un prolongado ciclo democrático en el
país mediante un acto fundacional de la nación, lo que suponía un
momento de ruptura política al poner por delante la realización de
un conjunto de reformas de orden social, político y económico, la
construcción de una mayoría política y de una nueva Constitución.
Hoy esa posibilidad es cada vez más lejana.

4 Este viraje se expresó no bien Ollanta Humala asumió la presidencia con la
designación como ministro de Economía y Finanzas de Miguel Castilla, quien había
sido viceministro del mismo sector durante el segundo gobierno de Alan García.
Asimismo, con el nombramiento de Julio Velarde como presidente del Banco Central
de Reserva, cargo que ya ocupaba en el gobierno de García.
5 Falta un estudió que explique las razones del viraje a la derecha del gobierno
de Ollanta Humala, tanto en el plano interno como externo, y sus relaciones con el
empresariado.
6 Tanaka, Martín. «Sobre la coyuntura reciente». La República, Lima, 28 de mayo
del 2017.
(...)
11 Por «orden fujimorista» debemos entender lo que se construyó luego del golpe de
Estado del cinco de abril de 1992 y que consistía en un nuevo orden económico, social y
político, y un gobierno de coalición con las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios.
El orden fujimorista fue una manera de resolver los problemas que el proceso velasquista
y la transición de los años setenta habían dejado pendiente, en particular la naturaleza
del Estado y sus relaciones con la economía y la inclusión de millones de peruanos que
poblaron las grandes ciudades en un nuevo orden democrático al liberarlos de relaciones
precapitalistas en el campo. El nuevo orden económico, a su vez, se construyó, como
afirma Ramón Pajuelo, entre 1990 y 1992, siendo el «arquitecto» Carlos Boloña, segundo
ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Fujimori. Esto significó la apertura de
la economía al mercado mundial, la privatización del Estado, la flexibilización laboral
y una alianza con los grandes propietarios: «Durante la gestión de Boloña, las reformas
estructurales se aplicaron en tres olas sucesivas. La primera de ellas se dio entre marzo
y abril de 1991, a través de 61 decretos supremos destinados a la liberalización de la
economía. Entre otras medidas, se redujeron los aranceles, se liberalizó el mercado
cambiario, se dio el impulso inicial a la privatización de las empresas y se liberalizó el
régimen laboral. La segunda ola de reformas se dio entre mayo y noviembre de1991,
aprobándose 171 decretos legislativos que el Ejecutivo pudo promulgar gracias una
Ley de delegación de facultades otorgada por el Congreso, a fin de legislar en tres
temas: promoción de la inversión, promoción del empleo y pacificación. La tercera y
última ola de reformas estructurales durante la gestión de Boloña se dio entre abril y
diciembre de 1992; es decir, una vez ocurrido el golpe de Estado. El gobierno dictó 745
decretos supremos a través de los cuales se profundizaron las reformas neoliberales
en los sectores comercial, financiero, público y productivo. Si el ajuste económico
(en 1990) cambió el rumbo de la economía nacional, el giro político que consolida las
reformas neoliberales fue el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 (…). De esa manera,
el neoliberalismo terminó asociado con la imposición de un régimen dictatorial (…)».
En cuanto al orden social, este se construyó mediante la legalización de la informalidad.
En realidad, la informalidad es una forma de sociedad en la que las clases populares
tienen como principal responsabilidad su propia sobrevivencia mediante el pluriempleo
y la trasgresión cotidiana de las normas y la legalidad. A lo que se suma una política
asistencialista del Estado y un micropopulismo hacia los sectores populares. En cuanto
al orden político, se constituyó mediante el fraude electoral, el control de los medios de
comunicación, la compra de políticos y la corrupción, un pacto con los pobres vía una
política clientelar muy útil en épocas electorales, la erosión permanente de los partidos
al alentar el independentismo político, los aparatos de inteligencia, una alianza con las
Fuerzas Armadas, el control de los poderes constitucionales y una Constitución, la de
1993, que actualizó y legalizó el nuevo orden fujimorista. El nuevo orden fujimorista se
sustentaba en un gobierno civil-militar que era expresión de un nuevo militarismo. Si
bien en los 17 años posteriores a la caída de Alberto Fujimori cambiaron muchas cosas,
lo cierto es que el orden económico no cambió e incluso se profundizó con otras acciones,
como la suscripción de una serie de Tratados de Libre Comercio (TLC). Al respecto,
ver: Pajuelo Castro, Ramón. Un río invisible. Ensayos sobre política, conflictos, memoria y
movilización indígena en el Perú y los Andes. Lima: Ríos Profundos Editores, 2016. También
ver: Adrianzen M., Alberto. La Transición inconclusa. De la década autoritaria al nacimiento
del pueblo. Lima: OtraMirada, 2009".