Algunos comentarios sobre las conclusiones del artículo de Rose J. Spalding, LOS EMPRESARIOS Y EL ESTADO POSREVOLUCIONARIO:EL REORDENAMIENTO DE LAS ÉLITES Y LA NUEVA ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN EN NICARAGUA
En las conclusiones el autor establece las dos posiciones que se dan en la facción compradora de la gran burguesía nicaragüense (FCGB) con respecto al régimen:
1. La de servicio directo al régimen fascista-corporativo de D. Ortega, "el modelo COSEP“, del ente que representa los 11 más grandes de la gran burguesía compradora, dice el autor: "(el COSEP) cuyo presidente José Adán Aguerri (2017), en una serie de artículos defendió el compromiso del sector empresarial con el Gobierno de Daniel Ortega, sosteniendo: “lo que en COSEP estamos buscando evitar con nuestro actuar es volver a ser rehenes de la confrontación política que nos ha empobrecido por no dialoga (...)Ya lo vivimos una vez. Es más que suficiente”. La política del diálogo y el evitar la confrontación, en cambio, habían resultado en altas tasas de crecimiento económico y un aumento de la inversión extranjera. Como presidente del COSEP desde el 2007 y participante directo en la nueva estrategia, Aguerri presentó esta dinámica como “el modelo COSEP”.
2. La posición contraria a esta cooperación, es decir la posición demo-liberal, la de los críticos de esta cooperación, está representada según el autor: Por "Carlos Fernando Chamorro (2017), el editor del noticiero Confidencial, quien „ denunció la relación como el “corporativismo”, (…) “un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno”. Al afirmar que el COSEP y sus cámaras estaban representados en las juntas directivas de 58 instituciones públicas y que el sector empresarial disfrutaba de numerosas exoneraciones fiscales y subsidios, Chamorro pidió a los empresarios “dejar de ser rehenes del autoritarismo”. Los líderes empresariales, argumentó Chamorro, deberían asumir el liderazgo de un movimiento en contra de la corrupción y el cada vez más concentrado poder ejercido por el gobierno de Ortega”.
Y comenta así la colusión y pugna dentro de la fracción compradora por este asunto:
"Este debate sobre las relaciones entre las empresas y el Gobierno pone de relieve
controversias duraderas sobre la dinámica intra-élite y plantea cuestiones importantes
sobre las responsabilidades de las élites económicas para la promoción de la
institucionalidad democrática. (Este debate) merecen una investigación más al fondo,
especialmente en Centroamérica, donde las élites económicas han sido a menudo poderosos actores políticos“.
Es importante poner mientes en la siguiente conclusión, porque revela lo que ya hemos observado en la historia sobre la marcha del fascismo , que no es que los demo-liberales o parte de ellos se convierten de repente al fascismo, sino que con sus leyes y medidas, que propician la creciente centralización del poder en el ejecutivo (absolutismo presidencialista) y de supresión de derechos y libertades lo preparan, preparan el camino para el advenimiento del fascismo, que en el caso que tratamos se expresa consisamente en el "pacto de impunidad“ establecido entre los representantes de ambas facciones ( Alemán como cabeza de la FCGB y Daniel Ortega como cabeza de la FBGB, en ese entonces):
"Daniel Ortega fue reelegido en el 2006, bajo los términos de “gobernanza” negociados en el Pacto de Alemán-Ortega, que se negoció una distribución de cargos estatales y la reforma a la ley electoral. Esta reglamentación le permitía a cualquier candidato ganar con un mínimo del 35 por ciento de los votos, si el segundo candidato le sigue con más del 5 por ciento. Con el apoyo de solo el 38 por ciento de los electores, Ortega volvió a la presidencia en enero del 2007“ (ver en el artículo en comento bajo subtítulo: El regreso de Ortega).
La Constitución del Weimer es un antecedente histórico apropiado de como el fascismo asciende a la cabeza del poder del Estado burgés. Aquella Constitución, mencionada hasta ahora como la más democrática, con un artículo negaba todo lo que ella misma establecía en cuanto a la democracia parlamentaria, artículo donde se delegaba en el presidente el poder de establecer el „estado de excepción“; „quien ejerce la soberanía es quien tiene el poder de establecer el estado de excepción“, escribió Carl Smith al respecto a mitad de la década del 20. Después, el mismo Smith, basado en lo establecido en la Constitución sobre el “estado de excepción”, fundamentó el otorgamiento de las leyes que dieron amplios poderes a Hitler en marzo de 1933, las famosas „Ermächtigung Getsetze“, suspendiendo la vigencia de la Costitución y estableciendo así el régimen fascista, nazi. Moraleja: la constitución “más democrática” preparó con esa cláusula reaccionaria que venia del régimen anterior, del imperio, el advenimiento del fascismo. Una de las formas que toma la reaccionarización del Estado burgués.
El fracaso de la facción compradora encabezada, en el cumplimiento e las tres tareas que son necesidad del imperialismo y la reacción y, por tanto, la necesidad de cambio de posta para que entre la facción burocrática encabezada por D. Ortega, al gobierno del Estado terrateniente-burocrático, consta en las conclusiones así:
“Como queda demostrado en este análisis, la nueva colaboración entre el sector
empresarial y el régimen de Ortega se produjo a través de una serie de pasos, con
un cambio inicial hacia el diálogo de alto nivel entre el 2006 y el 2007, seguido por la
formalización y profundización en los años siguientes. La consulta comenzó como un
proceso experimental, en el cual una amplia red de ejecutivos de grupos empresariales
preeminentes y una nueva generación de líderes de asociaciones empresariales
ayudaron a redefinir la relación del sector con el FSLN. Esta nueva generación de líderes (empresariales) (...) eran menos escépticos con respecto a los antiguos revolucionarios que habían dejado de ser radicales.
La incapacidad de los antecesores neoliberales de Ortega, para encender la chispa
del crecimiento económico sostenido, estimuló a una mayor aceptación del activismo
estatal y la apertura a nuevas alianzas estratégicas. La posición privilegiada de COSEP
como portal de estos intercambios ayudó a fortalecer la organización, al estimular una
mayor colaboración de sus afiliados y consejeros”.
Como siempre el fascismo recurre a comprarse a algunos sectores de la gran burguesía, pequena burguesia y la costra sindical, lo que el autor en sus conclusiones menciona de esta manera:
“Mientras que las cambiantes oportunidades, el aprendizaje político, los nuevos
cálculos estratégicos y el cambio generacional ayudan a explicar la tendencia del sector
empresarial hacia la consulta, la durabilidad y la profundización subsiguiente de la
colaboración puede ser mejor comprendida en términos de los beneficios materiales
que acarrearon al menos a los actores dominantes de la comunidad empresarial. La
capacidad de Ortega para garantizar nuevos recursos a través de su alianza con el
ALBA, así como el tratar de mantener los flujos de recursos ya existentes del Banco
Interamericano de Desarrollo y el FMI, permitió una valoración positiva de las élites
sobre el desempeño del régimen. El desarrollo económico, el aumento de la inversión
extranjera, la estabilidad macroeconómica y la paz laboral evidencian la viabilidad de
la nueva correlación.
Funcionarios del gobierno de alto nivel escuchaban lo que querían las élites
económicas en las sesiones programadas regularmente, y atendían sus preocupaciones prioritarias sobre el suministro de energía, las garantías de propiedad y el acceso político. El gobierno de Ortega continuó las exoneraciones, las escapatorias legales y los beneficios especiales como hicieron sus antecesores, al ayudar a los inversionistas en las zonas francas y en los proyectos agrícolas, forestales, de minería y pesca, el turismo y la energía. Se mantuvieron y ampliaron las extensas treguas impositivas, las exenciones de aranceles y los bonos de exportación; a su vez, los funcionarios no persiguieron la evasión de impuestos de forma agresiva (Medal, 2012, 16)”.
La nueva reestructuración coorporativia de la sociedad avanzó, como consta en la siguiente cita de la conclusión que es anteriores a abril 2018, hasta que esta sociedad entró en una más profunda crisis y se entrampó la corporotivización der la sociedad marcando el fracaso del régimen fascista-corporativo con las manifestaciones masivas contra el régimen en abril de este año 2018, aquí la cita sobre el proceso hasta el año pasado por lo menos:
“La disposición de estos líderes económicos de tomar acciones de apoyo al régimen
de Ortega refleja el balance de las relaciones entre el Estado y los empresarios
en la Nicaragua contemporánea. A diferencia de sus antecesores en los años ochenta,
las élites empresariales nicaragüenses ahora están trabajando para evitar la desestabilización del gobierno de Ortega, que perjudicaría a la economía nacional y a ellos mismos.27 El examen cuidadoso del terreno político y económico de Nicaragua sugiere que la interdependencia entre las élites políticas y económicas contribuyó a estas y otras manifestaciones de cooperación de alto nivel.
En la medida en que el régimen amplió su base política, al inaugurar otros dos
periodos presidenciales por una sustancial mayoría de votos en el 2011 y el 2016, el sector empresarial se acomodó a un diálogo sistematizado (si no institucionalizado) con
los funcionarios. Al obtener el 62 por ciento de los votos en las elecciones del 2011 y,
con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, y el 72 por ciento en 2016, Ortega
demostró que estaba ahora sólidamente instalado en el poder. Los choques abiertos
con Ortega hubieran desacreditado a las élites económicas si fracasaban, o incrementado la incertidumbre política si triunfaban, y cualquiera de las dos hubiera tenido un costo para los empresarios.
En contraste, la continuación de Ortega en el poder y la colaboración con el sector
empresarial garantizaron un terreno político predecible caracterizado por la tranquilidad
laboral y las posibilidades de crecimiento. La ayuda sostenida ganó el apoyo
no solo de la comunidad empresarial organizada, sino también del público en general.
De acuerdo con la encuesta de opinión M&R de octubre del 2011, el 87 por ciento piensa
que COSEP debería continuar su diálogo con el gobierno (citado en COSEP, 2011a, 39).
El realismo político y el interés propio dictaban la cooperación”.
Pero la ciris de la sociedad semifeudal, semicolonial sobre la que se desenvuelve un capitalismo burocrático, como tenía que ser, producto de sus propias contradicciones y por las medidas corporativas del régimen, más las medidas de política económica impuestas por el imperialismo vía FMI, BM, etc., entró en mayor crisis y ese régimen nacido de la colusión entre ambas facciones por la necesidad de la aplicación de las tres tareas reaccionarias fracasó en su cumplimiento.
La lucha de las masas contra las tres montañas que las oprimen se reactivó expresándose como contradicción masas-gobierno. Las masas son arena de contienda entre revolución y contrarrevolución y como en Nicaragua falta la dirección proletaria por no haber Partido Comunista, estas son manipuladas por ambas facciones reaccionarias que buscan unsirlas a su carro. Como consecuencia, la pugna entre ambas facciones se agudizó, que es a lo cual estamos asistiendo, proceso del régimen que el autor en sus conclusiones lo deja establecido:
“Sin embargo, la cooperación del empresariado no significaba la ausencia de
tensiones, o que el futuro estaría libre de conflictos. Las futuras batallas incluyen tres
puntos que eluden soluciones fáciles: la necesidad del reparto equitativo de la carga
impositiva, la incertidumbre sobre el futuro del apoyo venezolano, y problemas de
largo plazo en la sucesión del gobierno de Ortega.
Asegurar los recursos adecuados para cubrir los costos de servicios del gobierno
y producir una distribución más equitativa de la carga impositiva requerirá
una revisión del sistema fiscal nicaragüense (Medal, 2012; Schneider, 2012). Ante
esto, se estima que las fisuras impositivas y las exenciones que el sector empresarial
había negociado a lo largo de los años equivalieron al 7,6 por ciento del PIB del 2010
(FMI, 2012b: 21). Aunque algunas exoneraciones pueden ser justificadas por beneficios
en el desarrollo más amplios, otras reflejan el favoritismo o se han mantenido
aun cuando ya no son necesarias. La reforma impositiva que ha sido reclamada durante
largo tiempo por el FMI y una pequeña red de críticos internos, pudiera cerrar
las fisuras legales y hacer una mejor distribución de la carga fiscal entre los que
mejor la pueden afrontar. La eliminación de las exenciones y los subsidios también
privaría a importantes sectores de la élite empresarial del acceso a los recursos que
contribuyeron a su crecimiento, así como al Estado de importantes herramientas
con las cuales inducir la colaboración. Las negociaciones entre los empresarios y el
Estado han permitido posponer esta reforma, pero continúa siendo una cuestión que
debe ser atendida.
La incertidumbre sobre el futuro del financiamiento venezolano también ha
sido foco de preocupaciones. El anteproyecto del plan de desarrollo del gobierno de
Ortega para el período 2012-2016 planteó grandes recursos relacionados con el ALBA,
lo que incluyeron el estimado de USD 3 900 millones para el complejo industrial de la
refinería de petróleo “el Supremo Sueño de Bolívar” (GRUN, 2012, 180). Otros proyectos
del ALBA incluyeron inversiones en la infraestructura de irrigación, energía forestal, de
biomasa, y eólica, así como cinco plantas agroindustriales en el sector del procesamiento de alimentos (180-81). Aunque el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, había prometido continuar el apoyo, su compromiso con Nicaragua estába menos seguro que antes.
La profunda crisis económica y política en Venezuela pone en duda la durabilidad de
estos compromisos, y los recursos proporcionados a Nicaragua por Venezuela ya han
disminuido. La pérdida de estas inversiones y de otros recursos de financiamiento venezolano, pudiera retrasar el crecimiento económico de Nicaragua y contraer recursos que han estimulado la colaboración de los empresarios.
Finalmente, hay incertidumbre sobre el futuro del proceso de selección del liderazgo
político de Nicaragua. Los críticos de Daniel Ortega han llamado la atención a las
debilidades institucionales que le permitieron volver a postularse para la presidencia
en el 2011, a pesar de la prohibición constitucional existente en ese momento sobre las
elecciones consecutivas y de un tercer período presidencial. La enmienda a la constitución en el 2014, que permitió la reelección permanente, le ha permitido a Ortega mantenerse en el poder, pero estas consecuencias hacen poco por resolver la cuestión de la futura sucesión o de la alternancia partidista. En la actualidad, el FSLN controla todas las ramas del gobierno, pero sin una base institucional sólida que facilite la rotación y renovación de los líderes, incluyendo los que no son miembros de su familia, la transición política futura podría ocasionar problemas”.
Y en la conclusión final el autor revela su posición sobre el régimen fascista-corporativo y proimperialista abogando por una “democratización” del mismo, es decir por su evolución a un régimen "demo-liberal", que no puede ser otro, que uno de absolutismo del ejecutivo (absolutismo del presidente), con las siguientes palabras finales:
“El llamado democrático a largo plazo plantea la necesidad de la institucionalización
de los procesos electorales y de los mecanismos de consulta pública en Nicaragua.
El diálogo del Gobierno con los representantes del empresariado debe ser más
formalizado, para que dependa menos de las preferencias personales de los representantes del poder. También se necesita buscar un balance en las consultas con un mayor espectro de los sectores de la sociedad civil a fin de que la incorporación se amplíe más allá de los círculos de la élite analizados en este estudio. La colaboración entre el Gobierno y los empresarios que siguió al regreso a la presidencia de Ortega ha relajado las tensiones históricas entre el FSLN y las élites nicaragüenses, pero aún quedan aspectos políticos y económicos pendientes en la agenda”.
De aquí vamos a la nota (27), donde está sobre las disputas entre las dos facciones y como ambas recurren por las canales que tienen a llamar al gran titiritero como árbitro de sus disputas:
“27 Las acusaciones de fraude en las elecciones municipales del 2008 y el deterioro en la calidad del
proceso de las elecciones presidenciales del 2011 y 2016 inflamaron las acusaciones en contra de
Ortega en el país y en Washington. En el 2012 los líderes republicanos cubano-americanos en
el Congreso de los EEUU y el embajador saliente de los EEUU en Nicaragua, Robert Callahan,
pidieron a la administración de Obama que aplicara sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
En junio del 2012 varios líderes empresariales nicaragüenses de alto nivel se unieron a la
delegación que fue a Washington D.C. y cabildearon exitosamente contra el rechazo de los EEUU
a los préstamos multilaterales a Nicaragua. La amenaza de un voto negativo estadounidense
sobre los préstamos multilaterales se renovó en el 2016 con la aprobación en la Cámara de
Representantes de la Ley NICA (Nicaraguan Investment Conditionality Act). Una vez más, los
líderes del COSEP se la opusieron, argumentando que los problemas de Nicaragua debían ser
resueltos por los nicaragüenses”.
Esto aclara lo que quiso decir D. Ortega en su entrevista concedida a EFE y las declaraciones últimas de Trump sobre las “sanciones”.
