NOTA DE NUESTRA REDACCIÓN:
A continuación publicamos un extenso reportaje sobre el Perú, parecido últimamente en el periódico A NOVA DEMOCRACIA DE BRASIL, cuyo título original en portugués es: “ Estado e Exército peruanos tomaram prejuízo de R$ 61 milhões após contratar mercenários sionistas para combater o PCP em 2009” por Redação de AND . Para leer el original puede consultar directamente las importantes páginas de AND, nosotros trascribimos a continuación una traducción no oficial.
Asociación de Nueva Democracia Nuevo Perú
28.09.2026
https://anovademocracia.com.br/estado-peruano-sionistas-para-combater-pcp/
América Latina
El Estado y el Ejército peruanos sufrieron una pérdida de R$ 61 millones tras contratar mercenarios sionistas para combatir al PCP en 2009.
El contrato fue firmado en 2009 y resultó en una pérdida de 16 millones de dólares para el Estado peruano. Hoy se sigue presentando el mismo escenario de crisis general en el viejo Estado con el accionar del PCP que continua aconteciendo.
Por la redacción de AND
25 de septiembre de 2026
· 6 minutos de lectura
El genocida Alan García, entonces presidente del Perú, recibe cartas credenciales del nuevo embajador sionista en Lima, Yoav Bar-On, el 14 de octubre de 2009. (Foto: Sepres/Agência Andina)
La imagen de mercenarios sionistas ayudando a combatir a los revolucionarios comunistas en la selva amazónica no es algo muy común, pero eso es lo que ocurrió hace menos de 20 años, cuando el gobierno peruano contrató a la empresa sionista Global CST para tratar de lidiar con la influencia del Partido Comunista del Perú (PCP) en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, al final, se fue con una pérdida abrumadora.
El contrato se firmó en 2009, luego de que el entonces Ministro de Defensa, Flores Aráoz, se reuniera en Lima con el general sionista y propietario de Global CST, Israel Ziv, encuentro mediado por el ex Ministro de Salud y Vivienda del Perú y entonces también funcionario de la empresa en cuestión, Hernán Garrido, quien también participó de la conversación. Al día siguiente, Ziv se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reaccionarias, Francisco Javier Contreras Rivas, quien pasó a dirigir las negociaciones.
En ese momento, Global CST ya estaba operando en Colombia, supuestamente para combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También operó en Panamá y Honduras.
Los detalles del contrato varían según las fuentes. Un telegrama confidencial de la embajada yanqui en Lima, firmado por el diplomático Peter McKinley y enviado directamente al Secretario de Estado norteamericano como medio de seguimiento de la situación, informa un pago de 9 millones de dólares. La agencia de noticias Inter Press Service informó sobre un contrato por valor de 10,6 millones de dólares con exención de impuestos y otros beneficios, lo que elevó el precio a 16 millones de dólares.
El proyecto era bastante ambicioso. Ziv “se comprometió a ayudar a Perú a derrotar al SL [Sendero Luminoso] en el VRAEM de una vez por todas”, enfocándose en “entrenar fuerzas de operaciones especiales de élite para fortalecer las redes de inteligencia, mientras que las fuerzas peruanas conjuntas darán prioridad a la eliminación o captura de los líderes del SL”, según el cable.
El pueblo tenía “nostalgia” por el PCP
El contrato no surgió de la nada. De hecho, el Estado reaccionario de Perú y los Estados Unidos (EE.UU.) se vieron atormentados por la posibilidad de un nuevo fortalecimiento del PCP.
El PCP inició el proceso de la Revolución Peruana en 1980. Entre 1983 y 1988, el partido realizó más de 17.500 acciones guerrilleras y, con el avance de la guerra revolucionaria, organizó al menos 20.000 combatientes y conquistó el Nuevo Poder en más del 40% del país. En las zonas donde se originó el vacío de Poder del Estado reaccionario se organizó Comités Populares clandestinos y abiertos y milicias populares, además de otras unidades guerrilleras, para ejercer el poder político e impedir la entrada de fuerzas de represión. En 1992 sufrió un importante revés con la detención de la dirección del Partido, el presidente Gonzalo y otros dirigentes, lo que sólo fue posible gracias a la colaboración del Estado peruano con Estados Unidos, paramilitares y traidores.
(Por supuesto, esta es una versión muy abreviada de la trascendental historia de la Revolución Peruana, que puede conocerse mejor mediante la lectura de materiales dedicados a comprenderla, como la edición especial 2021 de este propio periódico).
En 2009, sin embargo, el Partido siguió funcionando y su notable persistencia en el combate y su aparente crecimiento se convirtieron en una preocupación para los Estados Unidos. El telegrama yanqui da cuenta de la adquisición de armas, acciones armadas contra militares –como la ejecución de un soldado y heridas a otros cuatro en el VRAEM el 5 de noviembre de 2009– y el crecimiento de la popularidad del PCP en medio de la crisis política del entonces gobierno de Alan García.
"Según fuentes del Ejército peruano, la mayoría de los analistas creen que el SL en el VRAEM y sus alrededores es una amenaza creciente. Por ejemplo, el grupo terrorista probablemente ha ganado poder de fuego en los últimos años, impulsado principalmente por armas robadas a las fuerzas de seguridad en ataques recientes".
“Otros [contactos] nos dijeron que la corrupción generalizada entre los políticos locales hizo que algunas personas sintieran nostalgia por la época en que el SL mataba a políticos corruptos como advertencia para otros”.
“Varios observadores afirmaron que, ante la grave escasez de oportunidades en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo, los residentes descontentos se unieron voluntariamente a los frentes de defensa locales –cuyos líderes suelen tener vínculos ideológicos con la SL– en huelgas y protestas”, concluye la lectura.
El acuerdo con los mercenarios se convirtió en una vergüenza nacional.
A pesar de la promesa de “acabar con el PCP de una vez por todas”, la megaoperación fracasó y causó pérdidas millonarias al gobierno peruano. No hay detalles de qué pasó exactamente, pero sí hay consenso en que no se lograron los objetivos. Además, los exorbitantes gastos fueron utilizados por parlamentarios que tenían sus propios intereses en quemar al actual gobierno, por lo que el propio Congreso peruano abrió una investigación sobre el contrato en 2013.
Los primeros interrogados fueron Hernán Garrido, Francisco Contreras, Ántero Araóz y su sucesor en el cargo de Defensa, Rafael Rey. La comisión prometió abrir una investigación penal formal contra al menos 20 ex empleados, civiles y militares, del gobierno de García, por la pérdida de 16 millones de dólares en un contrato irregular. Otro objetivo fue el vicealmirante retirado y ex inspector del Ministerio de Defensa, Carlos Tubino, quien desde entonces y hasta hoy milita en el partido Fuerza Popular, al igual que la actual presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
En agosto de 2019, la Comisión de Supervisión del Congreso aprobó el informe final sobre el caso. Calificado de “tibio” por el diario Perú21, el documento no atribuía responsabilidad alguna a los militares, pero recomendaba “mayor cuidado en los contratos a ejecutar, demostrando mayor celo en el cumplimiento de la Ley de Licitaciones del Estado”. El informe también cita una pérdida de 40 millones de soles (moneda peruana; equivalente a R$ 61,2 millones).
El escenario aterrador para la reacción sigue siendo ea mismo en el Perú
Además de las pérdidas financieras, el Estado reaccionario del Perú no logró sus objetivos y la situación informada por los EE.UU. en el telegrama –un escenario preocupante para la reacción– sigue siendo la misma, si no peor.
La crisis política es generalizada. Desde 2018, el país ha tenido siete presidentes: Pedro Pablo Kucynski, quien renunció poco antes de ser acusado de corrupción; Martín Vizcarra, quien asumió como sucesor de Kucynski y fue de facto acusado; Manuel Merino, que asumió como jefe del Congreso, pero duró sólo cinco días antes de dimitir debido a la presión popular y las protestas violentas; Pedro Castillo, que ganó la farsa electoral, pero quedó aislado políticamente y, cuando estaba a punto de sufrir una tercera votación de impeachment, disolvió el Congreso como una forma de intento de autogolpe, pero terminó arrestado; Dina Boluarte, quien asumió en 2022 como vicepresidenta de Castillo, pero enfrentó un fuerte rechazo popular y fue destituida mediante juicio político tras escándalos de corrupción; José Jerí, presidente interino que gobernó durante el corto período de transición tras la caída de Boluarte, pero fue destituido mediante juicio político; y Keiko Fujimori, actual presidenta.
Como resultado, más del 90% de la población rechaza los órganos gubernamentales y los partidos tradicionales y las protestas se han convertido en una rutina.
La economía también va mal: la pobreza alcanzó al 25,7% de la población del país en el primer semestre de 2026 y la informalidad alcanzó el 71,4%.
En 2019, también a raíz de la crisis general, el mismo Alan García que contrató a sionistas para acabar con el PCP se suicidó justo cuando la policía iba a detenerlo por su implicación en el caso Odebrecht.
La explosividad popular y el PCP, en cambio, siguen activos. En 2024, 16 torres fueron voladas en poco tiempo por mineros enojados con la explotación de las empresas mineras imperialistas. En un ataque ocurrido el 5 de abril, un alto funcionario de la empresa Poderosa murió y otros dos resultaron heridos.
A finales del año pasado, la prensa reaccionaria peruana informó de nuevos enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), liderada por el Partido Comunista del Perú (PCP), y las fuerzas militares del viejo Estado peruano. El comunicado oficial del Comando Especial del VRAEM, de las fuerzas represivas, informó que los responsables de la acción revolucionaria fueron los revolucionarios conocidos como “Laura”, “Maruja”, “Cenia” y “Anselmo”.
Laura es la misma militante del PCP que, en 2012, tras la intervención de los sionistas, habló de la lucha por la Reorganización del PCP en una entrevista publicada cinco años después por la Asociación de Nueva Democracia Nuevo Perú, con sede en Hamburgo, Alemania.
En abril de este año, varios mensajes de apoyo a la guerra popular dirigida por el PCP fueron encontrados en las paredes de escuelas de las localidades de Maza y Casaguay, en Huarmaca, Región Piura. Los grafitis vitoreaban al presidente Gonzalo y al comunismo y prometían aplicar la “pena de justicia popular” a los informantes policiales que no abandonaran el pueblo.
Quizás por eso la labor del presidente Gonzalo aún no ha salido de la mente de los yanquis, por lo que el PCP se encuentra entre las organizaciones catalogadas como “terroristas” en la lista recientemente difundida por Donald Trump.
