La corrupción es parte del sistema. Debemos estar claros que, los problemas que se presentan con gran agudeza en el país, son consecuencia del sistema caduco que existe en la sociedad peruana, de la crisis general del capitalismo burocrático, de la sociedad peruana en su conjunto; es parte del hundimiento del capitalismo burocrático, no podríamos sostener que es problema de tal o cual gobierno porque sino se cambiaría el gobierno y se resolvería la crisis.
El gobierno fascista, genocida y vendepatria de Vizcarra, como ya hemos venido denunciando se ha tomado la traposa bandera de la "lucha contra la corrupción" para proseguir con la ya varias veces fracasada reestructuración fascista del viejo Estado. Así ha planteado la supresión del Consejo Nacional de la Magistratura, el cambio de jueces y fiscales de los diversos niveles; pero, ni siquiera se plantea cómo reestructurar el Poder judicial como parte de la reestructuración del Estado terrateniente-burocrático al servicio del imperialismo, yanqui principalmente; lo que hace es tocar el nombramientos de jueces y fiscales, el ejercicio de la Justicia para apuntar contra el Poder Judicial y el Ministerio Público para controlarlos como es lo que viene sucediendo, traficando con todas las deficiencias de la justicia que son derivadas del ordenamiento caduco de su propio sistema. De igual manera mediante ha hecho con el golpe al parlamento reaccionario y diminuto (por constitución fascista de 1993 o "constitución de Fujimori).
Es cuestionamiento del parlamento que es una posición básica del fascismo que apunta contra estructura estatal demoburguesa tradicional, sustentada en la negación de los principios, libertades y derechos establecidos en el siglo XVIII, que postula la organización corporativa y potencia al máximo la violencia reaccionaria, todo en función de la más desenfrenada dictadura de clase de la burguesía, (gran burguesía en nuestro caso) y en servicio del imperialismo.
Históricamente, el fascismo se ha desarrollado más en momentos críticos para el viejo Estado, principalmente cuando la revolución amenaza derrumbar el caduco orden dominante pero el fascismo posterior a la II Guerra Mundial no puede, hasta hoy, desenvolverse abiertamente como tal, ni menos cuajar la corporativización, pese a sus múltiples intentos y 'teorizaciones': 'corporativismo democrático', 'democracia de participación plena', 'democracia social', etc.
En el país, en los setentas fracasó la corporativización de Velasco y en los ochentas García Pérez no pudo avanzar siquiera hacia el 'congreso económico'. Hoy la reaccionarización del Estado peruano, que es su tendencia, y la necesidad de reestructurar nuevamente el viejo Estado, que es su tarea actual (una de las tres, insoslayablemente unidas: reimpulsar, reestructurar y aniquilar), muestra una vez más la cuestión del fascismo y su confrontación con la podrida 'democracia burguesa'. Es dentro de estos procesos y situación que debemos ubicar a Vizcarra y su gobierno, ya fracasado que como hemos dicho está en caída libre.
Todo revela la raíz profunda de hundimiento del capitalismo burocrático, la crisis general de la sociedad peruana, principalmente del capitalismo burocrático y del viejo y ppodrido Estado que la representa y defiende, sostenido en sus dos columnas principales: las Fuerzas Armadas y Policiales y auxiliares (las mesnadas, etc.) y la burocracia estatal.
El gobierno, las autoridades de los diferentes niveles, civiles y militares, policiales, sus intelectualoides y plumíferos como el agente de la CIA Gorriti se llenan la boca y derraman ríos de tinta contra la corrupción, etc. Pero, como nosotros sabemos, la corrupción es parte del sistema; asimismo estos mismos reaccionarios y sus sirvientes oportunistas pregonan de la seguridad ciudadana y contra la violencia; pero en ésta integra todo desde la delincuencia hasta la guerra popular.
Rechazar esa manera de concebir la violencia, porque es encubrir que el Estado es la violencia organizada y que la guerra popular es la solución de las contradicciones de clase por medios bélicos; la delincuencia es también producto del sistema.
El narcotráfico, es un problema que debemos verlo en diversas facetas; una de ellas la drogadicción es producto de la degeneración social, se da más en las sociedades capitalistas, en el seno mismo del imperialismo, menos en las naciones oprimidas; y esto como consecuencia de la acción del imperialismo, sus vidas fatuas y vacías las quieren llenar con las drogas, ellos inducen a la drogadicción; nosotros estamos totalmente en contra porque la salida es la revolución, es la acción transformadora del hombre, es la creación de un nuevo sistema y sabemos, tenemos el conocimiento de que esto es factible, de que cuanto más luchemos más cercanos estaremos; la droga daña la mente, el cuerpo y revela pérdida de perspectiva, para nosotros es un problema social y se resuelve con la revolución.
Otra faceta es la necesidad de los campesinos de producir para sobrevivir porque no tienen otra cosa para producir; por ejemplo, en la ceja de selva se siembra maíz duro a más alto costo y menor rendimiento, no hay ni carreteras para sacarlo, los precios que pagan no son rindentes, y se pudre; las frutas lo mismo.
Por eso nos oponemos a la erradicación de la coca, porque es fuente para que los campesinos puedan vivir; la experiencia histórica muestra que la acción del imperialismo de arrasar las plantaciones ligadas a drogas incluye el hundimiento del campesinado, ej. Turquía. Otra faceta, genera moneda dura, dólares, que actúan en el proceso económico de los países oprimidos, se ve en Colombia, Bolivia, Perú; en éste son como 1,500 millones de dólares provenientes del narcotrafico (cifra de comienzo de los 90 del siglo anterior hoy es astronómicamente mucho más).
Debemos deslindar bien, lo que interesa al campesinado y, en qué forma repercuten esos dólares en el proceso productivo. Son realidades materiales de los procesos económicos y economía no es problema de moral; además mucho se habla nuevamente de que la política debe estar guiada por la moral pero desde hace siglos se estableció la diferencia entre política y moral, Maquiavelo se encargó de separarlas, lo otro es planteamiento eclesiástico, medieval; esto aparte de que tanto moral como política son de clase y que la política siempre es mando y guía.
Así, en la violencia hay, por un lado, lacras derivadas del sistema; y, por el otro, la violencia organizada en guerra popular, que con la reorganización general del PCP cobrará nuevas alturas, guerra popular que combate al viejo Estado que aplica la violencia reaccionaria para sojuzgar a las clases explotadas y oprimidas, violencia y guerra popular justa frente a violencia contrarrevolucionaria y guerra injusta.
Así, de todo esto, crisis profunda de hundimiento del capitalismo burocrático, la crisis general de la sociedad peruana, principalmente del capitalismo burocrático y del viejo y podrido Estado que la representa y defiende, que se muestra en el hecho de que el viejo Estado está podrido hasta el tuétano y como el pez desde la cabeza hasta abajo, como lo veremos en las siguientes notas extractadas de dos períodicos reaccionarios, uno progobiernista y otro anti-gobiernista:
"Editorial: La telaraña. La detención de Yehude Simon es apenas una puntada más en la larga hilera de autoridades subnacionales cuestionadas.
El Comercio. Actualizado el 26/02/2020 a las 14:0)
Más allá de Simon –cuya culpabilidad, de más está decirlo, deberá dilucidarse en un tribunal–, su caso es una puntada más en la ya larga hilera de autoridades regionales, provinciales y municipales que en los últimos años han pasado de las páginas políticas a las policiales salpicadas por señalamientos de corrupción u otros delitos.
El ex gobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, ingresa a la Prefectura de Lima custodiado por policías, ayer. (Foto: Andina).
Basta con ver, por ejemplo, la situación que hoy atraviesan el exgobernador de San Martín César Villanueva (encerrado bajo mandato de prisión preventiva por el Caso Odebrecht), el del Callao Félix Moreno (procesado por el mismo caso y sentenciado en otros dos), el de Tumbes Ricardo Flores (en prisión provisional por el Caso Los Elegantes) o el de Cajamarca Gregorio Santos (condenado por colusión simple y agravada, y asociación ilícita) para darnos una idea.
Y si abrimos más el obturador, el problema luce sistémico. Según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) de setiembre del 2018, de un total de 37.675 casos por corrupción a nivel nacional registrados hasta mayo de dicho año, 4.225 correspondían a “investigaciones y/o procesos seguidos contra autoridades y exautoridades regionales y/o municipales” elegidas en los procesos del 2002, 2006, 2010 y 2014. El mismo documento, además, daba cuenta de que, para ese momento, había ya “205 gobernadores, exgobernadores, alcaldes y exalcaldes que se encuentran sentenciados” y que, en conjunto, le ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/7’727.744. Esto, por supuesto, hablando solo de casos de corrupción y dejando fuera a las autoridades subnacionales acusadas de delitos tanto o más graves como tráfico de terrenos, sicariato, narcotráfico… (...) Lo que pareciera que hemos tenido, en fin, no es una red descentralizada de autoridades, sino más bien una telaraña tejida en silencio por criminales durante años y que fue fagocitando al Estado (...)"
Este segundo artículo lo publicamos completo porque constituye un buen resumen de la concertación entre el gobierno del peón del imperialismo yanqui Vizcarra y la empresa monopolista de la gran burguesía brasileira Oldebrecht
Pifian a Vizcarra en Tacna
EXPRESO Miércoles 26 de Febrero del 2020 12:40 am
Diariuo Expreso, Jueves 20 de Febrero del 2020 3:10 am Marcos Ibazeta Marino
Lo sucedido en el curso de los últimos días ha terminado por demostrar que Odebrecht sigue controlando el poder en el Perú.
Contratos van y contratos vienen, coimas por aquí y más coimas por allá, latrocinios públicos salvajemente vulgares en el caso del club de la construcción, hasta que saltó la liebre en torno al gasoducto del sur.
Ahora sabemos que el proceso de selección, adjudicación y ejecución del famoso gasoducto estuvo plagado de actos de corrupción. Sin embargo, ni los funcionarios públicos, desde presidentes, ministros y demás de rango menor involucrados, que sabían de esos enjuagues; ni Odebrecht y sus adláteres, mencionaron nada sobre tamaña ladronera. Tampoco fue incluido en el acuerdo de colaboración eficaz.
Odebrecht incumplió cláusulas contractuales y el Ejecutivo en vez de remitir lo actuado a la Fiscalía para que se judicialice el conflicto por la corrupción ya conocida y se adopten medidas de intervención e incautación sin peligro alguno para el país, optaron por la resolución del contrato a sabiendas que existía una cláusula que obligaba al Estado a convocar a una nueva licitación para la continuación de la obra y reconocía el derecho de Odebrecht a interponer una demanda de arbitraje para recuperar su inversión ya hecha.
El Estado no convocó a licitación alguna y Odebrecht interpuso la demanda en ciernes. La jugada parece el corolario de una brillante concertación entre las partes: tú me demandas, yo convoco a concurso, adjudico la ejecución de la obra y el adjudicatario te paga tu inversión porque todo el proceso está garantizado por el Estado peruano hasta con fondos pensionarios.
El Presidente se apresuró a declarar que el Ejecutivo estaba programando la convocatoria a licitación sin decirle al pueblo los efectos de este acto de gobierno; Odebrecht impuso una negociación previa a través de un imberbe procurador que coordinó con la ministra de Justicia, quien a su vez tiene que haber comunicado el hecho al presidente del Consejo de Ministros y éste al Presidente, para plasmarse la reunión entre los más altos funcionarios de Odebrecht y el exministro de Energía que había resultado el consultor de dicha firma, justamente sobre el tema gasoducto.
El presidente del Consejo de Ministros salió a declarar que no negocia con la corrupción, el Presidente dice que no es jefe de Estado sino de gobierno y que no sabía nada, aunque agregando algo insólito: que el acuerdo de colaboración eficaz, muy vinculado por acción y omisión con el caso gasoducto, era responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial, olvidando que es el Ejecutivo quien negocia los montos de las reparaciones civiles, léase indemnizaciones.
Quemaban las papas, se fueron cuatro ministros y el pueblo exigía y exige una respuesta coherente. Sacaron como elemento distractivo la protección policial de congresistas. Parece que hasta Cantinflas lo hubiera hecho mejor".