Editorial: ¡BOLIVIA NO SE VENDE!
El régimen proyanqui cercado ante la contundente movilización popular
La abrogación del decreto hambreador y vendepatria N.º 5503 no fue producto del “diálogo” ni de la negociación entre la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y los reaccionarios del gabinete ministerial. No. Fue, y lo decimos sin rodeos, el resultado directo de la amplia y contundente movilización obrera, campesina y popular. El régimen Paz-Lara-FMI retrocedió porque fue cercado por la acción combativa de las masas.
Sin embargo, este retroceso no implica para las clases dominantes, ni remotamente siquiera, la renuncia a su proyecto entreguista. Al día siguiente mismo de la abrogación del 5503, el Ejecutivo promulgó el nuevo Decreto Supremo 5516, pactado con la cúpula de la COB. Esta nueva norma mantiene intacto el núcleo del ajuste neoliberal, o sea, la eliminación de la subvención a los carburantes. Lo que la lucha popular sí logró frenar, al menos temporalmente, son los otros elementos, tan brutales como el gasolinazo contenido en el 5503 y en el 5516, medidas como el régimen de inversiones “fast-track”, que pretende otorgar al Ejecutivo la facultad de entregar a voluntad nuestros recursos naturales estratégicos a las transnacionales imperialistas, así como eximir al agronegocio de la obligación de garantizar el abastecimiento interno de alimentos, priorizando la exportación hacia el exterior, entre otros aspectos.
La lucha demostró desde el inicio una fortaleza extraordinaria. Las élites racistas gobernantes tuvieron que ver como ante sus narices irrumpía la indiada: miles y miles de obreros y campesinos, y con ellos el fantasma del cerco a las ciudades, amenazando con desatar un conflicto de magnitudes imprevisibles. Tras el descalabro del MAS y su demagogia pseudo revolucionaria y falsamente socialista, pensaron que el pueblo estaba desmoralizado y desorganizado. Se equivocaron.
A partir de la publicación del decreto hambreador y entreguista, miles de obreros movilizados en la sede de gobierno sostuvieron protestas ininterrumpidas, incluso durante las festividades de fin de año. Pese a la intensa campaña de desinformación y criminalización, muchas organizaciones populares se fueron sumando a la lucha hasta la llegada de la marcha “Bolivia No Se Vende”, en la que medio millón de manifestantes paralizaron la ciudad de La Paz. El punto de inflexión fue la entrada en escena del campesinado, los bloqueos carreteros se extendieron a escala nacional, superando en su punto más alto los 70 cortes de carreteras y con acciones radicales como la toma de estaciones de YPFB en Santa Cruz.
Frente a esta irrupción masiva fracasaron estrepitosamente todos los intentos de desprestigio y calumnias. La prensa burguesa cerró filas con el régimen intentando construir una opinión pública favorable a la represión; los llamados a enfrentar masas contra masas, y la organización de protestas favorables al régimen naufragaron en el ridículo por su escasa convocatoria y su discurso abiertamente racista y fascista. Tampoco prosperó la narrativa de los pseudoanalistas que intentaron presentar la lucha como una maniobra de elementos minoritarios (“minorías eficientes”) y residuales del evismo. No pudieron ocultar la evidencia, la lucha habíase convertido en una confrontación política abierta contra la entrega del país. En las calles se impuso y generalizó una consigna clara: Bolivia no se vende.
Pero la movilización también expuso con crudeza los problemas y limitaciones de la dirección. El día en que la COB firmó el acuerdo con los ministros del régimen, emitió simultáneamente un instructivo para levantar los bloqueos, acuerdo e instrucción emanada sin consulta a las bases y justo cuando desde el campesinado se comenzaba a demandar la renuncia del presidente. La cúpula sindical actuó como bombero del régimen, como su apaga incendios, sofocando la radicalización y desviando la lucha hacia la conciliación. No es casual que esa decisión haya sido repudiada inmediatamente, ni que el vehículo de la dirigencia sindical haya sido apedreado por campesinos que, no sin razón, los acusaron de traidores. Tampoco es casual que, tras el acuerdo, la represión se haya descargado con especial saña en la ciudad de El Ato, sobre los sectores campesinos que rechazaron el acuerdo.
Hoy, con los bloqueos levantados, el régimen prepara su contraofensiva. Avanza el proyecto de ley “antibloqueos”, que busca criminalizar uno de los principales métodos históricos de lucha del pueblo. Se habla abiertamente de penas de hasta 20 años de cárcel. Paz y su gobierno carente de legitimidad social y con divisiones intestinas, cercado por el pueblo, solo puede intentar sostenerse profundizando el autoritarismo, la persecución política y la represión, justificandose con el discurso reaccionario de “emergencia económica”.
Asimismo, se agudizan las disputas entre las facciones de la clase dominante. La necesidad del Ejecutivo de gobernar mediante decretos, relegando al Legislativo a una instancia subordinada, se agrava con los constantes ataques del vicepresidente, que es quien preside el Legislativo. El vicepresidente aspira a convertirse en presidenciable y, para ello, se ha convertido en el instrumento de la burguesía burocrática y los resabios del evismo, que ahora lo promueven como un gran líder. Pretenden, en un futuro próximo, aprovechar la eclosión de las masas para derrocar a Paz y colocar en su lugar a Lara, conscientes de que Morales es demasiado repudiado por gran parte de la sociedad. Así es como los vestigios del MAS se reciclan en torno al vicepresidente para asegurarse cierto margen de maniobra política.
La abrogación del D.S. 5503 fue una victoria parcial, arrancada por la acción directa de las masas. Pero la batalla continúa. Este episodio es apenas la primera escaramuza de la resistencia popular contra el ajuste neoliberal dictado desde Washington y se enmarca en el contexto de la crisis general del capitalismo burocrático y del sistema imperialista.
Debemos comprender estos acontecimientos dentro de un marco más amplio: la agresión del imperialismo yanqui contra los pueblos de América Latina. El imperio en decadencia irremediable pretende reordenar su “patio trasero”, profundizando nuestra condición de países semicoloniales para salvarse de su propia crisis y colocarse en mejor posición en sus disputas interimperialistas con China y Rusia.
Los yanquis ambicionan el litio boliviano y las tierras raras. Las constantes “visitas” de diplomáticos, congresistas y funcionarios norteamericanos al país tienen como objetivo negociar la entrega de estos recursos estratégicos. El ajuste neoliberal responde a esa política depredadora y forma parte del proyecto de reestructuración del Estado boliviano bajo la preeminencia de la burguesía compradora, subordinada al imperialismo yanqui.
Por lo tanto, el movimiento popular no debe bajar la guardia, ni dar un minuto de tregua al régimen.
Bandera Roja – Prensa Popular
Enero de 2026
