Jueves 19 de diciembre de 2019
ABRAPO: NOTA DE REPUDIO AL LANZAMIENTO DE CAMPESINOS EN MG
MG - Nota de repudio de prácticas en acciones posesorias
La Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo Gabriel Pimenta - ABRAPO, afiliada a la Asociación Internacional de Abogados del Pueblo (IAPL), ha rechazado públicamente las sentencias del Juez del Tribunal de Conflictos Agrarios Walter Zwicker Esbaille Júnior.
Durante el año pasado, este juez determinó la ejecución de la recuperación en propiedades ocupadas durante más de veinte (20) años por campesinos pobres en varias partes del estado de Minas Gerais.
Lo que hemos visto es que las medidas para tratar de resolver conflictos se han dejado de lado, incluso si el demandante exige estas medidas, como en el caso en que acompañamos en la Granja Calindó, ubicada en el municipio de Matias Cardoso. Ocupados hace 22 años por más de 40 familias, donde transformaron la propiedad improductiva y abandonada en un área productiva con mucho trabajo, obtienen sus medios de vida y sus familias. ¡Más bien, el hambre, la miseria y el abandono en los últimos 22 años se han convertido en producción, alimentación y sustento! De hecho, cumple el precepto constitucional de la función social de la propiedad. Estas y docenas de otras familias en situaciones similares han sufrido constantes amenazas de desalojo y reintegración, bajo la supervisión del Tribunal Agrario del Estado de Minas Gerais.
Lo que ABRAPO ha CONSTATADO que no hay negociación ni alternativa. Hay amenazas y apenas desalojos a cualquier costo, porque, el Honorable Juez entiende que "no se hizo la tierra para ser entregada a nadie, sino que se compró. Y si no tiene dinero para comprar, realmente tiene que salir e ir a la calle ”, en palabras del doctor juez en una audiencia de conciliación el 11/06/19. Esta posición fue adoptada por el juez en presencia del propietario de la propiedad que pretendía negociar, el representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, el Defensor Público de Minas Gerais, el Fiscal, los representantes ejecutivos y legislativos de la ciudad de Matias Cardoso y de INCRA que se destaca, durante años prometió adquirir la Granja Calindó para la reforma agraria y no lo hizo, dejando a las innumerables familias que residen allí a merced del tiempo.
Para ABRAPO, la lucha por la tierra es un derecho legítimo previsto en la Constitución Federal y son los campesinos pobres quienes realmente dan el destino social constitucional a la propiedad cuando ocupan y transforman el área improductiva en área productiva.
Sin embargo, se verifica que la situación es aún peor porque, además de no tener en cuenta el destino social de la propiedad, ya que la recuperación ha sido diferida sistemáticamente después de décadas, ignorando que no son nuevas ocupaciones sino de antiguas ocupaciones que se convirtieron en comunidades, generando riqueza a los municipios, como en el caso de Fazenda Calindó y con el apoyo del estado al traer infraestructura proporcionada por el Municipio, el Estado y el Gobierno Federal.
El interés público, social y colectivo debe prevalecer en estas áreas, con otras medidas legales que se adoptarán además de la recuperación, como la conversión de la medida de reintegración en pérdidas y daños, de conformidad con el artículo 627 de la CPC.
Hay una falencia del programa de Reforma Agraria en este país y durante décadas ha servido como una forma de engañar al pueblo pobre, porque en esencia solo sirvió para mantener relaciones atrasadas en el campo a través del latifundio vigente en nuestro país, aumentando aún más los conflictos en el país en el campo Sin embargo, este hecho no puede servir como argumento legal para otorgar un mandato de recuperación contra las familias que realmente dan un destino social y económico a los propietarios que anteriormente eran improductivos.
También repudiamos la forma en que el tribunal de Vara Agraria analizó las manifestaciones de los abogados de defensa campesina, la Oficina del Defensor Público y el Ministerio Público, porque ante las manifestaciones importantes contra la recuperación, el tribunal las ha tratado como " más de lo mismo".
ABRAPO entiende que el poder judicial debe actuar de tal manera que promueva políticas públicas para el acceso a la tierra y cumpla con los preceptos constitucionales cuando no se superen las desigualdades sociales y la prevalencia de los derechos de las personas. “La presión popular es propia del Estado de derecho democrático y la acción del movimiento popular que apunta a implementar la reforma agraria no debe concebirse como un delito, ya que configura el derecho colectivo, la expresión de ciudadanía y apunta a realizar el principio constante de la Constitución de la República. Y el poder judicial no puede ver esquemas criminales al participar en movimientos que buscan cumplir con disposiciones constitucionales claras de que el tiempo está relegando al olvido, pero que constituyen la base principal de una reforma agraria que solo se materializará por la presión sometida al poder público cuando, como sucede, se aliena en el cumplimiento de las normas impuestas otorgadas por el Constituyente de 88 que establecieron las reglas de conveniencia de la República de Brasil ”. (Hélio Bicudo, Corte Internacional de Delitos contra el Latifundio - Pará).
Es evidente que para el juez la vida de un colectivo es "más de lo mismo". Al hacerlo, no tiene en cuenta las medidas destinadas a preservar los derechos y garantías fundamentales otorgados a las personas afectadas por una recuperación. Ni siquiera considera la Resolución 10/2018 del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que contiene normas específicas para el cumplimiento de las órdenes de recuperación colectivas, destinadas a agentes e instituciones estatales.
Finalmente, vale la pena señalar que el STJ entiende que el cumplimiento del orden de recuperación en situaciones análogas causaría un conflicto social colectivo y un daño mucho más grave que la pérdida financiera de la persona que perdió la posesión. En opinión del STJ, es ilegítimo la acción del poder judicial en favor de una persona cuando los efectos nocivos son en docenas de otras, sin dejar otra alternativa que respetar la ocupación como corolario de los principios constitucionales de la dignidad humana para construir una sociedad libre, justa y solidaria, a través de la implementación de la reforma agraria dirigida a erradicar la pobreza, la marginación y las desigualdades sociales.
Para ABRAPO, el problema agrario brasileño no se resolverá con la recuperación sino con la distribución de la tierra (democratización del acceso a la tierra prevista en la Constitución), así como la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas.
Belo Horizonte / 2019.
Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo Gabriel Pimenta - ABRAPO
Asociación Internacional de Abogados del Pueblo - IAPL
A nota pode ser lida na íntegra no site da ABRAPO: http://abrapo-org.umbler.net/2019/12/16/mg-nota-de-repudio-as-praticas-nas-acoes-possessorias/?fbclid=IwAR3q5CKeADzpm5uVpGqze7f8P70_K6cHWtWA9M3O6c1cEL0mZi2zZrg3C5o
Postado por CEBRASPO às 13:40:00