La autoproclamada "presidente" interina, Janine Añez. Foto: Reproducción
La autoproclamada "presidenta" de Bolivia, Jeanine Áñez, junto a la bancada del Movimiento por el Socialismo (MAS) y líderes sindicales oportunistas, firmaron un acuerdo de "pacificación" el 17 de noviembre para detener las protestas populares contra el golpe militar y para la celebración de nuevas elecciones.
Jeanine Áñez promulgó la ley para pedir la farsa electoral, una ley llamada "régimen excepcional y de transición para celebrar elecciones generales". El "gobierno" ha concluido tres mesas de negociación con organizaciones sociales y sindicales, especialmente la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) y otros sindicatos oportunistas importantes.
Entre los acuerdos firmados se encuentran la desmilitarización de ciertos territorios (excepto algunos estratégicos para los militares, como la Planta de Gas Natural y otras empresas estatales) y el regreso de los militares a los cuarteles, y la liberación de todos los detenidos (alrededor de 460 desde mediados de noviembre) y el cumplimiento de las normas y garantías constitucionales y legales para el ejercicio de la representación sindical.
Los parlamentarios y CTB utilizan la lucha popular para negociar
Desde la autoproclamación de Áñez como presidente del llamado "gobierno de transición", se han desarrollado y extendido movilizaciones masivas contra el golpe.
A medida que la lucha y la resistencia popular se fortalecieron, Áñez, de la mano de las Fuerzas Armadas y la Policía, comenzó una brutal represión. La represión que ha costado más de 30 vidas hasta ahora, junto con informes de personas desaparecidas, cientos de represiones heridos y detenidos.
Según el portal La Izquierda Diario, toda la resistencia que se desarrolló después del golpe fue utilizada por el MAS como moneda de cambio para negociar "mejores condiciones" con los golpeistas. "Los miembros de la asamblea del MAS no solo reconocieron al gobierno del golpe de estado como el 'gobierno de transición', sino que también le proporcionaron un manto de legalidad bajo la figura de 'sucesión constitucional', a cambio que el acrónimo (el MAS) pueda participar en las próximas elecciones convocadas dentro de 120 días ”, pone el portal.
Dado esto, a partir del 18, muchas de las barricadas que interrumpieron el transporte urbano fueron levantadas como parte del acuerdo. Los que levantaron las barricadas (dirigidas por los sindicatos oportunistas) dijeron que las reconstruirían si no se cumplían las demandas de los manifestantes, mientras que otros se negaron a levantarlas hasta que el gobierno cumpliera con las demandas, que incluían la liberación de todos los manifestantes arrestados, compensación a las familias de los asesinados y protección de los líderes de los grupos oportunistas.
Sin embargo, un proyecto de ley para otorgar inmunidad a los ex presidentes y evitar la persecución política fue rechazado temprano por Áñez, quien dijo que no aprobaría una ley que llamó la "ley de impunidad". Mientras tanto, la caza y las detenciones de altos funcionarios del gobierno anterior tienen lugar sin pausa, lo que limita la representación del MAS en las próximas elecciones, ya que sus representantes más reconocidos enfrentan clandestinidad o juicios que impedirían su nombramiento.
Esto muestra que, a pesar de las ilusiones de los oportunistas, que vendieron la sangre y el sudor de las masas en la lucha contra el golpe militar, no cumplirán su infame deseo de ocupar el antiguo estado boliviano. Además, al hacer un trato con el nuevo gobierno títere del imperialismo, lo reconocen como legítimo y traicionan, como siempre, a las masas de campesinos, trabajadores y pueblos indígenas de Bolivia.