El gobierno fascista,
genocida y vendepatria de Dina Boluarte dispuso el día de ayer la declaración de estado de emergencia en
tres regiones del país y dispuso la intervención del Ejército en "apoyo“ de la
policia para combatir disque „el crimen organizado“
Recordar que este es el nuevo rol que el Comando Sur del Ejército de los EEUU ha asignado según su doctrina a los ejércitos latinoamericanos para subordinarlos mejor y que respondan a sus intereses de seguridad de lo que consideran su patrio trasero.
Con la disposición adoptada por el gobierno lacayo de la Boluarte cumple su papel de aplicada lacaya del imperialismo yanqui y se expresa su plena coincidencia con su antecesor el también fascista, genocida y vendepatria rondero reaccionario Pedro Castillo, que como recoraran autorizó la intervención de las fuerzas armadas en el control y mantenimiento del orden interno en el país el 29 de octubre de 2021, como se dio a conocer en el diario oficial El Peruano. Se trata de la resolución suprema n.° 191-2021-in, que en su artículo 1 dispone “(a)utorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones Policiales de Lima y Callao, por el término de treinta (30) días calendario”.
Ahora, la continuadora del gobierno de Castillo siguiendo su línea entrega más poder a los militares, demostrando ser verdad que es una „chumbeque“ ensartada en las ballonetas de las Fuerzas Armadas.
A Continuación la nota actual de un diario colombiano y despues de la misma, la nota de una académica de la PUCP referente a la disposición de su antecesor en el cargo de lacayo yanqui, el verdugo Castillo:
El Gobierno peruano
declara el estado de emergencia en tres regiones del país
La presidente del Perú, Dina Boluarte, afirmó que actuarán
con más determinación para prevenir la delincuencia y señaló que la Policía
estará presente en esas regiones para proteger a los ciudadanos y que el
Ejército les apoyará.
Sinan Doğan |19.09.2023
La
presidente del Perú, Dina Boluarte, anunció que decidieron declarar el estado
de emergencia en tres regiones para luchar más eficaz y agresivamente contra
las organizaciones criminales.
En
declaraciones a la televisión peruana, Boluarte enfatizó que la ola de
violencia se ha incrementado en algunas zonas del país e informó que el estado
de emergencia incluye las regiones de San Juan de Lurigancho, San Martín de
Porres y Sullana.
Boluarte
afirmó que actuarán con más determinación para prevenir la delincuencia y
señaló que la Policía estará presente en esas regiones para proteger a los
ciudadanos y que el Ejército les apoyará.
En
este sentido, la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas fueron
otorgadas amplias facultades y autoridad.
Los
recientes incidentes de violencia en San Juan de Lurigancho influyeron en la
decisión del Gobierno de declarar el estado de emergencia.
15
personas resultaron heridas en el ataque perpetrado por desconocidos en una
discoteca de San Juan de Lurigancho el pasado 15 de septiembre.
Ayer,
una granada de mano fue lanzada contra otra discoteca de la misma zona y cinco
personas resultaron heridas en el incidente.
09/11/2021
Militarización y seguridad ciudadana: ¿alianza o
tensión?
Las fuerzas armadas no están capacitadas para atender
asuntos de seguridad pública por lo que, desde un enfoque de derechos humanos,
esta autorización resulta cuestionable.
Foto: Shutterstock / Joel Salvador
Escribe: Elizabeth Salmón (*)
El gobierno ha autorizado la intervención de las fuerzas armadas en el
control y mantenimiento del orden interno en el país. Esa disposición apareció
el 29 de octubre pasado en el diario oficial El Peruano. Se trata de la
resolución suprema n.° 191-2021-in, que en su artículo 1 dispone “(a)utorizar
la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú,
con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así
como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las
Regiones Policiales de Lima y Callao, por el término de treinta (30) días
calendario”.
Se trata de una decisión preocupante que debe ser examinada críticamente y
con detenimiento. Esta decisión no carece de antecedentes en el Perú y en otros
países de la región. En los últimos años el Perú ha recurrido a la
implementación de estrategias de control militar en las fronteras con Ecuador,
a pesar de que el control migratorio es competencia exclusiva de la policía. La
militarización de la zona ha generado enfrentamientos y ha llevado a que las
personas que querían ingresar a Perú ahora tengan que optar por vías más
peligrosas. Cabe precisar que la mayoría de estas personas son grupos en
situación de vulnerabilidad[1].
Por lo demás, en los últimos años varios países de América Latina han
adoptado medidas similares. Esto ha sucedido en México, Ecuador, Chile y
Colombia. En los casos de México y Colombia las medidas recibieron
observaciones de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). En el caso de Ecuador la medida fue declarada inconstitucional (en mayo
de este año) por contravenir disposiciones internas y generar consecuencias
directas en el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal. Y en
el caso de Chile la CIDH tuvo conocimiento de la deportación de personas sin
consideraciones sobre posibles necesidades de protección internacional o reunificación
familiar, y la muerte de al menos tres personas que habrían ingresado en forma
irregular al país[2].
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
identificó en el contexto marcado por la pandemia originada por el virus
COVID-19 un incremento de la militarización en la región, así como el uso
excesivo de fuerza policial y militar en manifestaciones y protestas sociales[3]. Adicionalmente, este año la CIDH señaló
que el aumento de movimientos migratorios mixtos ha generado un endurecimiento
de las políticas migratorias en la región, mediante las cuales se incrementó la
militarización en las fronteras[4].
Sobre la resolución suprema que autoriza
la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a la PNP, es preciso señalar
que ella no toma en cuenta los estándares interamericanos ya expuestos e
incurre en las mismas deficiencias observadas en los demás países de América Latina.
Pronunciamientos en el SIDH
Puede ser útil, para enriquecer la necesaria discusión sobre este tema,
conocer con más detalle los pronunciamientos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos al respecto.
En cuanto a la CIDH, esta se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a
la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública. En estos
pronunciamientos, la CIDH hace referencia al informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos,[5] en el cual señaló que las fuerzas
armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad
ciudadana, la cual le corresponde a la fuerza policial civil. En el mismo
informe, se señaló a las fuerzas armadas les compete la defensa de la soberanía
nacional, mientras que la seguridad ciudadana es un asunto exclusivo de las
fuerzas policiales. Por otro lado, la CIDH también ha observado que las fuerzas
armadas continúan actuando en campos que corresponden estrictamente a la
policía, como el combate al narcotráfico y el crimen organizado, el control
migratorio y las tareas de inteligencia civil.
La Corte IDH, por su parte, se ha pronunciado sobre este tema en más de una
sentencia respecto al uso de las FF.AA. en asuntos de seguridad ciudadana. En
la sentencia del Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, estableció que los
Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control
de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a
derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento
que es propio de los entes policiales (párr. 51). Así mismo, en la sentencia
del Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, estableció que la intervención
de las fuerzas armadas puede darse de manera excepcional, pero debe cumplir con
los siguientes criterios (párr. 182):
a) Ser extraordinaria, de manera que toda intervención se
encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo
estrictamente necesario en las circunstancias del caso;
b) Estar subordinada y ser complementaria a las labores de
las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades
propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o
ministerial;
c) Hallarse regulada mediante mecanismos legales y
protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad,
proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva
capacitación en la materia, y
d) Ser fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes
y técnicamente capaces.
El caso peruano actual
Sobre la resolución suprema que autoriza la intervención de las fuerzas
armadas en apoyo a la PNP, es preciso señalar que ella no toma en cuenta los
estándares interamericanos ya expuestos e incurre en las mismas deficiencias
observadas en los demás países de América Latina.
En principio, esta autorización no señala en ninguna parte que su
intervención será de manera extraordinaria, subordinada y complementaria,
regulada, y fiscalizada, mucho menos la desarrolla. Por otro lado, si bien se
fundamenta la autorización alegando el incremento significativo de la
delincuencia común y organizada en Lima y Callao, se puede decir, siguiendo a
los estándares interamericanos, que estos argumentos son comunes en los
gobiernos de la región para legitimar la intervención de las fuerzas armadas y
no resultan suficientes para justificarla, pues no atienden a situaciones
excepcionales ni de necesidad. Cabe reiterar que las fuerzas armadas no están
capacitadas para atender asuntos de seguridad pública por lo que, desde un
enfoque de derechos humanos, esta autorización resulta cuestionable.
Desde el punto de vista institucional, por último, se debe tener en cuenta
que, cuando se recurre a las fuerzas armadas porque las fuerzas policiales son
débiles e ineficientes, se evita adoptar oportunamente las medidas para mejorar
el funcionamiento de la policía en el control del orden público interno. De
este modo, una medida como la comentada termina por reproducir esa debilidad,
lo que, a su vez, conduce a que se prolongue la participación militar. Ese
círculo vicioso debe ser cancelado.
(*) Directora ejecutiva de IDEHPUCP
[1] BBC. ¿Por qué
está militarizada la frontera entre Ecuador y Perú? 1 de febrero de 2021.
[2] CIDH. Comunicado
de Prensa 082/2021. La CIDH llama a los Estados de la región a adoptar
políticas migratorias y de gestión de fronteras que incorporen un enfoque de
derechos humanos. 1 de abril de 2021.
[3] CIDH. Comunicado
de Prensa 231/2020. La CIDH llama a los Estados de la región a implementar
políticas de seguridad ciudadana democráticas y participativas centradas en la
protección de la persona. 25 de setiembre de 2020.
[4] CIDH. Comunicado
de Prensa 082/2021. La CIDH llama a los Estados de la región a adoptar
políticas migratorias y de gestión de fronteras que incorporen un enfoque de
derechos humanos. 1 de abril de 2021.
[5] CIDH. Informe
sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 31 de diciembre de 2009.