La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de los Diputados ha aprobado una propuesta que elimina el requerimiento de una autorización judicial antes de usar la fuerza contra las ocupaciones de tierras. Esta legislación, parte del “paquete anti-MST” va dirigida directamente contra movimientos campesinos, indígenas y quilombolas.

La ley permite a la policía y a las fuerzas de seguridad privadas actuar contra la ocupación de tierras, clasificando tales acciones como terrorismo e imponiendo duras penas de entre 1 y 4 años de cárcel a aquellos envueltos. Además, restringe el acceso a ser elegido en puestos públicos en zonas rurales para aquellos que participen en la lucha por la tierra.

Bajo las nuevas leyes, la policía puede usar la fuerza sin petición judicial durante un año y un día, creando un ambiente tenso para aquellos que luchan por la tierra y abogan por los derechos de los campesinos. La policía también deberá responder a las peticiones de los terratenientes en 48 horas, aumentando aún más el poder de los terratenientes.

Desde el 10 de diciembre se permite al Estado atacar legalmente a las organizaciones de campesinos bajo el pretexto de “autodefensa”. Recientes ataques en las zonas como Messias y Barro Branco han destacando las consecuencias potenciales de esta legislación, con reportes de que la policía militar da apoyo a los grupos paramilitares aliados con los terratenientes. Estos desarrollos muestran un esfuerzo concertado para socavar la lucha campesina, la Revolución Agraria, que es “el rpimer paso de la Revolución de Nueva Democracia”. Lo que principalmente expresa el miedo del viejo Estado a la organización de los campesinos.

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