13. September 2022
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INDIA:
Llamamiento del Partido Comunista de la India (maoísta)
Hagamos que la semana de acción mundial del 13 al 19 de septiembre sea un
éxito por la liberación de los presos políticos y exigen el fin de los ataques
con drones, como pide el ICSPWI
El ICSPWI ha lanzado un llamamiento para celebrar una Semana de Acción del 13
al 19 de septiembre por la liberación de los presos políticos y el fin de los
ataques con drones contra el pueblo y las masas en las zonas del movimiento
revolucionario en la India, en el 93º aniversario de la muerte del camarada
Jatin Das, compañero de eminentes revolucionarios como los camaradas Bhagat
Singh, Rajguru y Sukhdev. El Comité Central de nuestro Partido, el PCI
(Maoísta), hace un llamamiento a todas las unidades del Partido, al Ejercito
Guerrillero de Liberación Popular (PLGA), a los organismos populares
revolucionarios, a los revolucionarios, a los obreros, a los campesinos, a los
estudiantes, a los intelectuales, a las mujeres, a las minorías religiosas,
dalit y tribales, a los partidos y organizaciones marxista -leninistas
-maoístas, a las organizaciones e individuos anti-imperialistas, a las
nacionalidades y a las clases oprimidas de los distintos países del mundo, para
que participen en la Semana de Acción con firme determinación y la conviertan
en un éxito.
Con el telón de fondo de la intensificación de la crisis financiera y económica
del imperialismo, para superarla los imperialistas están aplicando políticas de
globalización de los mercados al servicio de sus multinacionales y de robo de
los recursos naturales. Para acelerar la privatización en los países atrasados
semi-coloniales y semi-feudales, están llevando al poder a partidos fascistas.
En este contexto, en la India semicolonial y semifeudal, llevaron al poder al
gobierno de Modi, jefe del partido fascista brahmánico Hindutva RSS-BJP. Desde
que el gobierno de Modi está en funciones, los ataques fascistas se han
intensificado aún más en todo el país. Los órganos constitucionales están
azafranados/fascistizados.
En el presupuesto de defensa nacional, las asignaciones del gobierno a las
fuerzas policiales, paramilitares y del ejército han aumentado constantemente y
el país está cada vez más militarizado. Se han aprobado varias leyes
anti-populares, en particular leyes represivas draconianas contra los intereses
de los trabajadores, los campesinos, la clase media, los pequeños y medianos
comerciantes callejeros y los tenderos. Los gobiernos fascistas no se ocupan de
los problemas cotidianos, fundamentales y vitales del pueblo. Hacen una gran
propaganda contra el terrorismo y el extremismo de izquierdas que ponen en
peligro la seguridad del país. Los medios de comunicación burgueses amplifican
esta propaganda. Esto incluye la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA)-2019,
la Ley de Enmienda de la Comisión de Derechos Humanos-2019, la Ley de Enmienda
de la NIA-2019, la Ley de Enmienda del Derecho a la Información-2019, y otras
similares que pisotean cada pedazo de libertad y autonomía de la gente. El
resultado son los ataques fascistas contra los activistas de derechos humanos,
los activistas sociales, los abogados, los líderes sindicales y campesinos, los
activistas pro-democráticos, las masas tribales que luchan por su
“jal-jungle-zameen-ijjat-adhikar” (agua,bosque,tierra,respeto y derechos -“para
nosotros el poder en nuestro pueblo”), los musulmanes, las mujeres, los
estudiantes, los profesores, los académicos y los artistas. Están implicados en
acusaciones falsas en virtud de leyes draconianas como la UAPA y la Ley de
Sedición, encarcelados y sometidos a tortura física y mental.
Especialmente en los últimos 50 años, se ha convertido en una práctica habitual
la detención de dirigentes, cuadros, activistas de organizaciones de masas,
presidentes y miembros de los Comités Populares Revolucionarios, activistas de
la Milicia Popular, simpatizantes de nuestro partido, que luchan por liberar al
país de la explotación y la opresión imperialista y de la clase dominante y por
establecer un sistema de Nueva Democracia, la detención de dirigentes,
activistas y simpatizantes de organizaciones que luchan por la liberación de
las nacionalidades como Cachemira, Nagaland, Manipur, Assam y Bodo.
Cientos de ellos languidecen en las cárceles de las zonas de nuestro
movimiento. A las fuerzas policiales y paramilitares no les importan los
reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo que recomiendan el uso mínimo
de la fuerza cuando se trata de movimientos populares, ni los numerosos
informes de organismos gubernamentales como las Comisiones de Derechos Humanos
sobre asesinatos en las cárceles, atrocidades contra las mujeres y torturas por
parte de la policía. Por el contrario, encarcelan a activistas de diversas
organizaciones populares y sociales, amenazan a los abogados que llevan sus
juicios y les niegan la justicia a todos ellos. La policía no perdona a los
activistas que defienden los derechos ni a los abogados que se esfuerzan
profesionalmente por la liberación de los presos políticos.
Las asociaciones que se supone que deben proteger los intereses de los abogados
y los clientes han degenerado en “Khap Panchayats” que ordenan a los abogados
que no lleven ningún caso contra musulmanes, cristianos, dalits y maoístas. Se
ataca a los magistrados que investigan las detenciones ilegales e
indiscriminadas de nativos inocentes. El magistrado del distrito de Sukma,
Prabhakar Gwal fue destituido de su cargo en nombre del “interés popular”. El
subdirector de la Cárcel Central de Raipur, Varsha Dongre, ha sido suspendido.
Las atrocidades sexuales se utilizan como arma para reprimir los movimientos.
Hay una presión constante para que la gente se rinda, para que se convierta en
informantes y se unan a las fuerzas policiales y paramilitares. Intentan
atraerlos de todas las maneras posibles. Miles de personas abandonaron sus
pueblos porque ya no podían soportar el acoso policial.
El líder del Frente Democrático Revolucionario (FDR), el profesor Saibaba, el
escritor revolucionario Varavara Rao, el profesor Anand Teltumbde y todos los
acusados de la trama de Bhima Koregaon llevan años languideciendo en prisión.
Uno de ellos, el padre Stan Swamy, fue asesinado en prisión, privado de la
atención médica más básica. El miembro del CC de nuestro partido, el camarada
Milind Teltumbde, fue asesinado en el atentado de Mardintola-Pareva, llevado a
cabo en colaboración por el gobierno fascista Hindutva de Modi y el gobierno
estatal local. El gobierno de Modi conspira para matar a los demás también, de
una manera u otra. Aunque a Varavara Rao se le concedió la libertad bajo fianza
por la presión de los movimientos populares, sigue en arresto domiciliario. A
Sudha Bharadwaj se le concedió la libertad bajo fianza, pero se mantienen todas
las restricciones. Exigimos el levantamiento de todas las restricciones para
ellos.
Otros acusados en el mismo juicio padecen varias enfermedades prolongadas.
Debemos exigir su liberación inmediata.
La Fiscalía Nacional está obstaculizando todos sus recursos de libertad bajo
fianza. Sabemos que muchos expertos judiciales del país y del mundo se oponen
firmemente a ello.
Los miembros del Buró Político del CC de nuestro Partido y el jefe del
Departamento Oriental, el camarada Kishanda (Prasant Bose) y la camarada Sheela
Marandi del CC fueron detenidos en Saraikela por la Policía de Jharkhand el 12
de noviembre de 2021.
El camarada Kishanda tiene 76 años y sufre desde 2014 una enfermedad coronaria,
angina de pecho, cáncer de próstata, artritis, hipertensión, diabetes y otras
dolencias. La compañera Sheeladi padece hipertensión e hipertrofia ventricular,
cálculos biliares, artrosis, osteoporosis y cataratas.
Estaban en tratamiento. Sus enfermedades necesitaban un tratamiento inmediato y
urgente. Pero el gobierno, en cambio, pretende encarcelar y matar al camarada
Prasant Bose, alegando que es el principal acusado en el caso Bhima Koregaon.
De hecho, el autorizado laboratorio forense Arsenal, con sede en Estados
Unidos, ya ha demostrado que el caso de Bhima Koregaon es una invención del
gobierno. La fiscalía ni siquiera ha presentado la acusación a tiempo. El poder
judicial, que debería anular los procedimientos y ponerlos en libertad, obedece
a los dictados del gobierno. La fiscalía ha recibido plenos poderes para este
juicio.
El camarada Vijay (BG Krishnamurty), miembro del CC y del Comité Zonal Especial
de Ghati Occidental, fue detenido junto con la camarada Savitri en la aldea de
Sultan Batheri, en el distrito de Wayanad de Kerala, el 9 de noviembre de 2021.
El camarada Kanchanda (Arun Kumar Bhattacharya), miembro del CC, fue detenido
junto con Aakash Urang (Rahul/Kajallon) el 5 de marzo de 2022 en una plantación
de té en la zona de Udarband de Assam. Tiene 72 años y dirigió el movimiento
revolucionario en la clandestinidad a pesar de padecer varias enfermedades
durante algún tiempo.
El camarada Jaspalji (Vijay Kumar Arya), miembro del CC, fue detenido en la
aldea de Samhata, en la jurisdicción de la comisaría de policía de Rohtas, en
el distrito de Bihar, el 13 de abril de 2022.
El periodista Rupesh Kumar Singh (Bhagalpur), Anil Yadav (Rafiganj, Aurangabad)
, Rajesh Gupta, Umesh Chowdary (Samhata, Rohtas) fueron procesados por la
Fiscalía Nacional bajo leyes draconianas.
Los gobernantes burgueses y compradores planean asesinar a todos ellos y, en
particular, a la dirección de nuestro partido, persiguiéndolos con diversas leyes
draconianas y matándolos en la cárcel. Pisotean principios democráticos como
“la fianza sigue siendo la norma y la cárcel la excepción” . El Tribunal
Supremo ha ordenado que se dé prioridad a los recursos de fianza, pero a nadie
le importa. Esto es inconstitucional.
El gobierno del Hindutva Modi no detuvo a los verdaderos conspiradores, un
profesor del Hindutva, Milind Ekbote, y Anil Bhide violó la democracia formal.
No se ha castigado a ningún agente de policía, a pesar de que los informes
sobre las masacres de Sarkinguda y Edsametta en Chhattisgarh indicaban que se
trataba de crímenes policiales. Nadie habla de los asesinos del padre Stan
Swamy. Los linchamientos masivos desatados por decenas de organizaciones
extremistas del Hindutva al grito de “Gayi, Ganga, Geeta” continúan en todo el
país. Aunque las organizaciones participaron en los asesinatos de Narendra
Dabholkar, Govind Pansare, Kalburgi y Gowri Lankesh, siguen operando
“legalmente”.
La minoría religiosa del país, los musulmanes, son mayoría en las cárceles. Los
dalits y los nativos oprimidos son encarcelados por miles sin culpa alguna.
Todos los acusados en virtud de la TADA, la POTA y la actual UAPA (leyes
represivas draconianas, ed.) proceden principalmente de las clases pobres y
pertenecen a las comunidades musulmana, dalit y tribal. El padre Stan Swamy
había escrito en su informe de investigación que el 97% de los tres mil
indígenas encerrados durante años en las cárceles de Jharkhand lo estaban por
cargos falsos. Sobre todo, la mayoría de los presos políticos permanecen en
prisión sin juicio. Se ataca a los activistas de los derechos humanos, a los
activistas sociales, a los abogados, a los demócratas, a los laicos, a los
progresistas, a los patriotas, a los poetas, a los escritores y a los artistas
que luchan por los derechos de las mujeres y de los dalits, de las minorías
tribales y religiosas. Se les tacha de “maoístas urbanos” y se les encarcela.
Son condenados a cadena perpetua o a largos años de prisión dura. Miles de
personas permanecen entre rejas durante años por cargos falsos y finalmente son
declaradas inocentes.
El Tribunal del Distrito de Jehanabad, en Bihar, condenó a 10 compañeros a la
horca y a otros tres a cadena perpetua en el juicio de Sinari. La solicitud de
indulto contra la horca para cuatro presos maoístas en el juicio de Bara estuvo
pendiente en la oficina del Presidente durante 24 años. Finalmente, el
presidente decidió que “deben permanecer en prisión mientras vivan”. El
tribunal de distrito de Munger condenó a muerte a cinco activistas tribales y
agricultores. El Tribunal de Distrito de Dumka, en Jharkhand, ha condenado a
muerte al camarada Praveer, miembro del Comité de Área Especial de Bihar
Oriental y Jharkhand Nororiental de nuestro partido.
Entre 1985 y 1990, el Ranaveer Sena, un ejército privado de la casta
terrateniente opresora de Bihar, masacró a 256 dalits pobres en 23 incidentes.
Ningún tribunal ha condenado a la horca ni ha encarcelado a ninguno de los
policías que han masacrado a miles de dirigentes y cuadros del partido
revolucionario en los últimos 50 años. Ninguno de los líderes del Congreso o
del BJP responsables de la masacre de los sijs en 1984 y de la masacre de
Gujarat en 2002 ha sido ahorcado. Esta es la justicia de clase de los
tribunales gubernamentales.
Los revolucionarios y los luchadores por la liberación nacional son perseguidos
y torturados de todas las maneras posibles. A pesar de las décadas de
sentencias del Tribunal Supremo que ordenan que no se les coloquen grilletes,
estos presos, especialmente los políticos, llevan grilletes por todo el cuerpo
y se les mantiene en régimen de aislamiento. Revolucionarios como Bhupeshda,
Sadhanala Ramakrishna, Amit Bagchi, Asutosh, Madkam Gopanna cumplen cadena
perpetua.
Estos camaradas mantienen en alto la bandera de la revolución. Están
convirtiendo las cárceles en escuelas revolucionarias y centros de lucha
popular. Los dirigentes de nuestro partido están llevando a cabo luchas en las
cárceles de todo el país en torno a las principales reivindicaciones de
reconocimiento como presos políticos, de derechos e instalaciones mínimas para
los presos y otras reivindicaciones justas, convirtiendo así la cárcel en otro
escenario de guerra. Debemos luchar por la liberación incondicional de todos
ellos.
El principal problema es que no se les concede la fianza. No son presentados
ante el tribunal, el juicio se prolonga y cada vez que son liberados vuelven a
ser detenidos inmediatamente a la puerta de la prisión. Los tribunales deben
exigir a la policía que registre todos los procedimientos contra las personas
detenidas en un plazo de cuatro meses desde la detención. Deben tomarse medidas
para ejecutar todas las sentencias impuestas por los tribunales en varios a la
vez, es decir, de forma concurrente. Pero esto no está ocurriendo. Esto va en
contra de la Constitución india. Debemos lanzar una campaña política en el país
y a nivel internacional para que los presos dispongan de instalaciones básicas,
se cubran sus necesidades materiales y se celebren los juicios.
La Constitución india especifica que las prisiones deben servir como centros de
rehabilitación de los presos. Sin embargo, la Ley de Prisiones de la India y
los reglamentos adoptados por los distintos gobiernos estatales no son más que
copias de los reglamentos penitenciarios adoptados por el gobierno británico en
1894. Otro gran obstáculo para las reformas penitenciarias es que los
funcionarios del SIP son funcionarios de prisiones. Así, las normas
penitenciarias se aplican en función de los intereses de los policías. Como
resultado, miles de reclusos comunes de las 1.382 prisiones del país que
esperan juicio o castigo se encuentran en condiciones lamentables.
Las cárceles indias están consideradas las peores del mundo. La corrupción y
las atrocidades de los funcionarios de prisiones no tienen límites. Los
funcionarios practican habitualmente torturas de tercer grado a los presos que
impugnan la violación de los reglamentos y derechos penitenciarios. Cabe
señalar que el Tribunal Supremo ha comentado que los presos se hacinan en las
cárceles mucho más allá de su capacidad. Por poner un ejemplo, la capacidad de
las cárceles de Chhattisgarh es de 6.070, en 2017 había más de 16.000 presos.
El 43% de los presos en espera de juicio están encarcelados de 6 meses a 5
años. Las penas por los delitos imputados no los mantendrían en prisión durante
tanto tiempo. Debido a la pobreza y a la represión policial, los familiares de
los presos tienen muchas dificultades para acudir a las entrevistas.
El agua, la higiene y la alimentación de los presos son horribles, incluso en
comparación con las explotaciones ganaderas. Hay una falta de instalaciones
sanitarias mínimas. Si se rompe una tubería de agua, se tarda de tres a cuatro
meses en repararla. Las muertes no naturales (asesinatos) se han convertido en
una realidad cotidiana en todas las prisiones del país. Muchos de nuestros
activistas y defensores de los derechos humanos han perdido la vida de esta
manera. Según una encuesta, entre 1900 y 2100 presos mueren cada año en el
país. Los miembros del Polit Bureau, camarada Barunda (Susheel Roy) y camarada
Vijayda (Narayan Sanyal), y los miembros del CC, camarada Tapasda (Patit Pavan
Haldar) y camarada Chintanda (Narendra Singh), murieron poco después de ser
liberados debido a los problemas físicos y mentales causados por la tortura de
la policía y las autoridades penitenciarias mientras estaban en prisión. La
camarada Narmada, líder del movimiento Dandakaranya, que estaba recibiendo
tratamiento contra el cáncer, y su compañera Kiran fueron detenidas y murieron
en el hospital el 9 de abril de 2022, privadas de los cuidados adecuados. Todos
estos son asesinatos de estado.
Las mujeres suelen sufrir problemas de salud en las cárceles. Los presos
políticos tienen aún más problemas. El patriarcado feudal brahmánico las
oprime. Las presas deben quitarse las sandalias e inclinarse ante las
autoridades penitenciarias. Tienen que cubrirse la cabeza con saris, si no lo
hacen sufren graves abusos. Necesitan alimentos nutritivos, pero no se los dan.
Algunas instalaciones especiales no están disponibles para las mujeres. Las
atrocidades sexuales contra las mujeres en las cárceles son habituales. Nadie
denuncia estos hechos. El régimen burgués esclavizado y aliado al imperialismo
desata el estado policial.
Las redes de espionaje humano (informantes, espías y traidores), y de espionaje
técnico (diversos tipos de software y tecnologías de vigilancia como Pegasus,
escuchas telefónicas móviles, cámaras CC y vigilancia mediante satélites y
drones) se extienden por todo el país y lo han convertido en una gran prisión.
Todo esto forma parte de la Guerra de Cuarta Generación para reprimir a la
sociedad civil, a las comunidades no estatales, a las organizaciones y a los
partidos que llevan a cabo diversos tipos de protestas y luchas populares
contra los imperialistas y el régimen burgués y comprador.
Sin embargo, gracias a los movimientos democráticos militantes en todo el país,
el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el artículo 124A (ley de sedición) y
la AFSPA-1958. Ha revocado la AFSPA en muchas zonas de los estados del noreste.
Además, hay varios movimientos democráticos nacionales e internacionales para
la anulación de leyes draconianas como la UAPA. Debemos intensificar estas
luchas. Los demócratas, las organizaciones de derechos humanos, las
organizaciones de dalits y tribales, las organizaciones de mujeres, los
estudiantes y profesores, los individuos y partidos marxistas, leninistas,
maoístas y antiimperialistas, las organizaciones, los grupos y los individuos
están luchando en el país para “salvar la democracia” del gobierno fascista de
Modi Indo-va
Existe un peligro creciente de ataques aéreos con drones en zonas de
movimiento, principalmente en Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana,
Andhra Pradesh y Odisha. En la madrugada del 19 de abril de 2021 se lanzaron 12 bombas con drones en
el distrito de Sukma, en Chhattisgarh. En 2022, se lanzaron más de 50 bombas de
alto explosivo en cuatro lugares entre la 1:09 y la 1:35 del 14 al 15 de abril.
Estos ataques con drones representan claramente el
peligro para las masas indígenas. Gracias a las fuerzas de nuestro Ejército
Popular PLGA, que tomaron las precauciones necesarias contra los bombardeos, no
se perdió ninguna vida en las aldeas tribales. Sin embargo, los bombardeos
pusieron en peligro la vida de los habitantes de las tribus que se dedican a
las labores agrícolas diarias. Durante ambos bombardeos con drones, las masas
tribales se movilizaron a gran escala y celebraron manifestaciones y reuniones
de protesta. Los medios de comunicación lo cubrieron ampliamente. También
cubrieron los cráteres causados por los dos ataques y replantaron los árboles
afectados. La policía negó haber realizado ataques con drones. En cambio,
acusaron a los maoístas de difundir mentiras para incitar al pueblo. En ambos
casos, hay testimonios de personas y medios de comunicación. El CC, el DKSZC y
la Oficina Subzonal Sur emitieron declaraciones de prensa condenando estos
atentados. Adjuntaron pruebas de los ataques. Además de la policía local, en el
segundo ataque participaron el COBRA, el DRG, el STF, las unidades de comando
Greyhound y las fuerzas del ejército indio, principalmente oficiales, soldados,
técnicos, drones y helicópteros ultramodernos de la Fuerza Aérea. El ataque se
coordinó entre el campamento policial de Pamed (distrito de Bijapur), el de
Vimpa (distrito de Sukma) y el de Chennapuram (distrito de Bhadradri Kottagudem
de Telangana). Los preparativos duraron 50 días.
En el campamento policial de Pamed se están llevando a cabo intensos
preparativos para nuevos ataques con drones. Los preparativos están siendo
supervisados por oficiales superiores camuflados con trajes verdes dentro del
campamento. El ejército indio está haciendo la guerra contra el pueblo.
Actualmente, en todos los campamentos de las zonas de movimiento, las fuerzas
del ejército indio están desplegadas en gran número bajo la cobertura de las
fuerzas locales.
Los ataques con drones se llevaron a cabo bajo la supervisión directa de la
policía, los paramilitares, las fuerzas armadas y los funcionarios, con la
aprobación del ministro jefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, y bajo el mando
de los ministros centrales del Interior, Amit Shah, Ajit Dobhal y Vijay Kumar,
según las indicaciones del primer ministro Modi. Se desplegaron entre cinco y
seis mil efectivos para estos ataques. Las tropas se desplegaron en Cherla,
Pamed, Basaguda, incluyendo Kollai, Kadiyum, Pottong, Vimpa, Elmagunda, Sonad
Ervu, Burkapal, Chintalnar, Chintagupha, Basaguda y Chennapuram. El 29 de abril
se instaló un nuevo campamento policial en la aldea de Poosuguppa, en la
frontera entre Chhattisgarh y Telangana. La población indígena local se
manifestó durante meses para protestar contra este campamento. Pero las autoridades
no escucharon las protestas del pueblo. Ese mismo día, hubo otro campamento
policial en el pueblo de Uddipenta.
En Bastar se está aplicando el Quinto Programa. Desde noviembre de 2019, los
indígenas de Bastar se han agitado en muchas zonas para protestar contra los
campamentos instalados sin el permiso del Gram Sabha y contra las masacres
perpetradas por la policía. A pesar de estas movilizaciones, se están
instalando nuevos campamentos policiales. Hay más asesinatos en falsos
enfrentamientos. Muchas son detenidas por cargos falsos y golpeadas, y las
atrocidades contra las mujeres no cesan.
Esta guerra contra el partido y las masas populares está siendo librada por el
gobierno indio para saquear el jal-jungle-zameen y los recursos naturales y entregarlos
a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. No es posible saquear esos
recursos sin deportar a los tribales y eliminar nuestro partido. Esta guerra se
libra para eliminar a los Krantikari Janatana Sarkars, que representaban un
rayo de esperanza para los pobres y oprimidos. Se trata de una grave violación
de la Constitución india. Por ello, la guerra se libra en las zonas del Quinto
Programa. Esto viola los derechos del Gram Sabha consagrados en la ley PESA. Es
una violación del derecho internacional y de las normas de la ONU sobre los
pueblos indígenas.
Nuestra guerra de resistencia, una guerra popular, es justa. Es en interés de la
mayoría. Nuestro partido trabaja en interés del proletariado y
de todos los oprimidos. Estamos luchando contra la guerra injusta del gobierno.
Nos resistimos a esta guerra en interés de las amplias masas, para detener la
destrucción del medio ambiente y proteger los recursos para las generaciones
futuras, así como para proteger al pueblo tribal. El pueblo, las organizaciones
de masas, el partido, el PLGA, los EPRs están resistiendo a esta guerra para
proteger y fortalecer los EPRs y el jal-jungle-zameen- ijjat – adhikar. No nos
rendiremos, estamos dispuestos a cualquier sacrificio para hacer la revolución.
Por el contrario, la policía, los paramilitares y las fuerzas armadas están
librando una guerra contra su propio pueblo en interés de explotadores como
Ambani y Adani. En la historia, ninguna guerra injusta ha ganado. Sus victorias
son temporales. El pueblo obtendrá la victoria final.
El CC de nuestro Partido hace un llamamiento a los demócratas, a los expertos
legales, a las organizaciones de derechos humanos, en el país y en todo el
mundo, a las organizaciones solidarias con la Guerra Popular en la India, a la
ILPS, para que intensifiquen el movimiento de protesta contra los crecientes
ataques del gobierno fascista hindú brahmánico de Modi contra el movimiento
revolucionario dirigido por nuestro Partido y los movimientos de las clases,
sectores y nacionalidades oprimidas por los derechos democráticos y,
especialmente, contra los fuertes ataques con drones en curso y planificados.
Llama a realizar acciones de protesta durante la Semana Internacional, del 13
al 19 de septiembre, con acciones frente a las embajadas indias en los
respectivos países, junto con los trabajadores y otras masas trabajadoras,
empleados, intelectuales y periodistas de origen indio.
Demandas
1. Liberación incondicional de los presos políticos.
2. El fin de los fuertes ataques con drones en curso y
planificados por los gobiernos de Modi y Chhattisgarh en las zonas de
movimiento.
3. Reconocimiento de la condición de presos políticos
a todos los encarcelados por actos relacionados con las luchas sociales y
políticas.
4. Derogación de la UAPA, la AFSPA y las leyes de
seguridad estatales. La Ley de Sedición debe ser eliminada del Código Penal
indio. Todas las personas detenidas en virtud de estas leyes deben ser puestas
en libertad sin condiciones.
5. Poner fin a la violación de los derechos de los
presos, especialmente de los presos políticos y de las mujeres, y a la
represión y las atrocidades cometidas contra ellos.
6. Hay que reformar la normativa penitenciaria. Hay
que mejorar las condiciones de las cárceles.
7. Poner fin a la ofensiva fascista ‘SAMADHAN’-Prahar.
8. Acabar con la represión de las voces que denuncian
la injusticia.
9. Poner fin a la represión de las luchas de los
pueblos indígenas para proteger los recursos naturales del país.
10. Poner fin a la feroz represión a manos de las
fuerzas mercenarias del gobierno contra los movimientos de liberación nacional
de las nacionalidades oprimidas, como Cachemira, Nagaland, Assam y Manipur.
11. Detener la ofensiva fascista del Hindutva
brahmánico contra los trabajadores, los campesinos y otras clases oprimidas,
los estudiantes, los jóvenes, los profesores, las minorías religiosas, los
dalits, las mujeres y otros sectores oprimidos.
Abhay
Portavoz
Comité Central del PCI (maoísta)
Publicado y traduccion por “dazibaorojo”
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