Luiz Inácio vetó por completo las exenciones para los sectores de las grandes empresas, pero la medida también impulsa el capitalismo burocrático. Foto: Sergio Lima/Poder 360
Presionado para cumplir con las imposiciones de su propio marco fiscal, el gobierno vetó hoy, en su totalidad, el proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional que extendía hasta 2027 la exención del impuesto sobre la nómina para 17 sectores de la economía vinculados a la gran burguesía. ¿Pero a quién sirve realmente el veto?
La decisión provocó un aplauso inmediato de la dirección del gobierno, que vio el veto como un “enfrentamiento” contra las clases dominantes. La presidenta del PT, Gleisi Hoffman, declaró que los grandes empresarios que se opusieron al veto “son liberales sólo con los fondos del ejecutivo, que sirven a la población. En lo que respecta al impuesto que deben pagar, este liberalismo termina”.
Quienes lo ven desde lejos pueden incluso pensar que la medida fue en realidad una afrenta a la gran burguesía y un regalo a las masas populares. Pero no es el caso, el veto al proyecto fue, única y exclusivamente, cumplir con las exigencias del marco fiscal e intentar acercarse a la marca del “déficit cero”, que en última instancia sirve para impulsar el capitalismo burocrático: con el objetivo fiscal cumplido, los préstamos e inversiones imperialistas aumentaran (ambos saqueo de la Nación) y la tan deseada “credibilidad del mercado”, beneficiosa para los propios industriales.
La medida también sirve, por supuesto, para tratar de preservar la cada vez más venida a menos popularidad del gobierno entre el pueblo. Antes de aliviar a las grandes empresas industriales, el gobierno ya había intentado acercarse a una reducción del déficit mediante recortes en áreas esenciales, como la Salud y la Educación, que fueron mutiladas en R$ 1,5 mil millones en julio. Otras áreas destacadas, como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, también fueron víctimas. Para el próximo año, el gobierno ya maniobró con el Congreso y el TCU para que el presupuesto de Salud y Educación esté por debajo del mínimo constitucional, para no “provocar un apagón general en los ministerios”, según justificó el ministro de Planificación y Presupuesto, Simone Tébet. Después de estos ataques denigrantes a las masas populares, se hizo necesario mediar con los grandes industriales y reducir algunos de los beneficios recibidos, en un intento de evitar el crecimiento del descontento popular.
Y, al fin y al cabo, no hay motivo para que estos grandes sectores afectados, como la construcción, la industria del automóvil (o más bien, su imitación, en forma de ensambladoras de automóviles) y la proteína animal, se enfaden. Después de todo, no faltan beneficios y programas de “promoción” que benefician sus cuentas, como el reciente programa “Carro Popular” y el gran escaparate gubernamental “PAC”