Movilización de las mujeres de Achacachi pidiendo la renuncia
del Alcalde, la liberación de sus dirigentes y la investigación del
papel del defensor del pueblo en el conflicto. Foto: ANF
El conflicto de Achacachi, reactivado nuevamente por la orden de
enviar a la cárcel al principal dirigente vecinal Esnor Condori y dos
profesores más, ha generado una solidaridad de diversos sectores
sociales y populares y un mayor descrédito del gobierno de Evo Morales
comprometido en defender a su alcalde corrupto con la complicidad de
otras autoridades.
Las protestas contra el gobierno se reiniciaron hace unas dos semanas[i] y ha generado la solidaridad de otros sectores populares también golpeados por el gobierno, uno de ellos es el TIPNIS[ii]
que firmó una alianza que, según sabemos, ha sido refrendada por las
bases. Recordemos que el conflicto actual del TIPNIS se activó debido a
que el gobierno de Evo Morales retiró, mediante ley y una serie de
falsedades, la cualidad de intangibilidad al territorio indígena con la
pretensión de construir una carretera por medio de la zona, que además
es área protegida y territorio indígena, con la intención clara de
satisfacer las demandas de su clientela cocalera de abrir el territorio a
la plantación de más cocales, satisfacer también los deseos de los
ganaderos del departamento del Beni que quieren sacar sus productos por
una vía que les reportará grandes beneficios, pero principalmente para
satisfacer los compromisos asumidos con la gran burguesía brasileña
dentro del proyecto del Banco Mundial (IIRSA) que financió estas
construcciones a través del BNDES y tienen el objetivo de conectarse al
mercado chino e indio por los puertos chilenos atravesando el territorio
boliviano.
Esta alianza de campesinos/indígenas también contó con el respaldo de
los campesinos cocaleros de los Yungas que están agremiados en la
asociación ADEPCOCA quienes han tenido problemas con el gobierno debido a
que la recientemente aprobada Ley de la Coca beneficia fundamentalmente
a los cocaleros del Chapare, de donde salió Evo Morales, y perjudica a
los yungueños.
A esta articulación se unieron los obreros fabriles de La Paz que
también firmaron un compromiso con los dirigentes de Achacachi. Los
fabriles agrupados en la Federación de Fabriles están sufriendo una
arremetida del gobierno para dividirlos y controlarlos, usaron a un
candidato afín al gobierno que se hizo del cargo con maniobras y sin
elecciones, el Ministerio de Trabajo aprobó sus “credenciales” en tiempo
record; pero las bases descontentas y molestas con este manoseo
político del gobierno lo ha rechazado y ha elegido en una gran asamblea a
sus representantes. Esta dirigencia aprobada por las bases enfrenta
ahora el reto de realizar su gestión porque el candidato del gobierno,
como un auténtico esquirol en el movimiento fabril, usa a la policía del
régimen con todo su aparato represivo y su “credencial” del gobierno,
para atacar y tomar las instalaciones del sindicato fabril en contra de
la voluntad de las bases.
A estos grupos que ahora apoyan la lucha de los pobladores de
Achacachi se sumaron también otras agrupaciones como la Federación de
Juntas de Vecinos de El Alto (sector contestatario), la CSUTCB campesina
también disidente de la oficial, las Bartolinas Sisa (disidentes), la
Federación de maestros urbanos de La Paz y recientemente los residentes
de Achacachi que han llamado a unirse a la movilización en contra del
corrupto acalde, por la liberación de sus dirigentes y por la
investigación del papel delincuencial del defensor del pueblo en esa
localidad.
Un elemento a destacar en esta movilización es la denuncia al
gobierno como un perseguidor político contra sus dirigentes, una
acusación que ya no solo lo plantean algunos sectores disidentes o la
oposición conservadora, sino de las bases campesinas y obreras que en
algún momento apoyaron a Evo Morales pero que ahora viven en carne
propia la política fascista corporativa que aplica el gobierno contra
sectores del movimiento popular. Como hemos explicado en nuestro
artículo anterior sobre Achacachi, el gobierno descarga toda una batería
contra los dirigentes vecinales mientras protege con todo a sus
autoridades corruptas como el alcalde de Achacachi. Esto es claramente
una política de persecución y criminalización de la protesta.
Lo que causa más indignación a la población movilizada, que tiene a
las mujeres con sus hijos protestando en la ciudad de La Paz, es la
forma en que el gobierno de Evo desacredita su lucha apuntando a que es
un movimiento financiado por la “derecha” y cuenta con el aval de la
Embajada yanqui. Esta acusación resulta ridícula y estrafalaria, además
es un insulto a la inteligencia de los manifestantes y de la población
en general, cualquier persona con un sobrante de materia gris en la
cabeza se da cuenta de lo artificial de esta acusación, lo que sucede en
realidad es que el gobierno ha perdido totalmente el control de sus
bases y se encuentra desesperado porque no puede controlar los
conflictos que lo deslegitiman más y más.
El vicepresidente García Linera ha dicho incluso que hay un tinte
fascista en la movilización de Achacachi que quiere desacreditar al
gobierno. Sus acólitos, entre ellos el defensor del pueblo (léase
defensor del gobierno) dicen que la movilización es política
pretendiendo decir que hay intereses distintos al reclamo local.
En realidad toda manifestación popular es un acto político ya que se
trata de una acción organizada en defensa de sus derechos por lo tanto
usa medios y mecanismos políticos para conseguir sus fines, generalmente
luego de muchas tentativas de ser escuchados y obtener fracasos en ese
intento. Los gobiernos reaccionarios (y el gobierno de Evo Morales
cumple ese papel) tildan de “política” toda manifestación del movimiento
popular con el fin de desprestigiarla y desacreditar sus objetivos y
métodos.
Los funcionarios del MAS conocen muy bien esto, antes defensores de
las luchas populares criticaban duramente a los viejos gobiernos
conservadores el uso del desprestigio contra la movilización popular,
hoy, como buenos reaccionarios, Evo Morales, García Linera y sus
ministros usan la misma estrategia para descalificar cualquier protesta
en contra de su gobierno.
Mujeres y niños frente al penal de San Pedro para pedir la liberación de su dirigente Esnor Condori. Foto: Correo del Sur
Más aún, el gobierno suele decir que la estrategia de alianzas revela
el “carácter político” de la movilización y los intereses ocultos
contra el gobierno; el objetivo que persiguen con esta acusación es
aislar la movilización para que luche sola. Esta es otra vieja táctica
reaccionaria que siempre usaron los administradores del viejo Estado
para impedir que la lucha se generalice y obtenga la solidaridad de los
demás sectores y de la población. Una frase muy recurrente entre los
tirasacos del gobierno es “nada tienen que ver esos otros sectores en la
movilización de Achacachi” sin embargo, se trata de todo lo contrario,
la movilización popular de Achacachi tiene que ver totalmente con todos
nosotros, no solo porque es una movilización popular legítima, ese solo
hecho merece el apoyo de la población, sino porque además se trata
además de la lucha contra las autoridades corruptas del gobierno, un
problema que aqueja a todo el país, de norte a sur y de oriente a
occidente, del que las personas se andan quejando todos los días, que ya
no aguantan más, incluso Evo Morales en su momento llamó a denunciar la
corrupción porque su gobierno iba a luchar contra ella, hoy ese llamado
ha quedado como una promesa mentirosa porque hace todo lo contrario y
aplica persecución política contra los dirigentes de esta lucha.
La protesta de Achacachi requiere no solo de las alianzas de los
demás sectores perseguidos y golpeados por el gobierno de Evo Morales,
requiere el apoyo de toda la población y los sectores populares,
requiere de una solidaridad política para acabar con las medidas
reaccionarias que implementa contra el pueblo, porque el gobierno actúa
políticamente contra él, usa su poder institucional y a sus elementos
rastreros como por ejemplo el defensor del pueblo.
Otro elemento que ha mostrado la movilización es que el gasto
millonario que hizo el gobierno en propaganda para limpiarse la cara
como corrupto no ha servido para nada. La población en general y
particularmente la población rural como la de Achacachi no se tragó el
cuento de que las más altas autoridades del gobierno como Evo Morales no
tienen sucias las manos con la corrupción.
Los líderes de la movilización señalaron que sus planes de lucha se
llamaban Evo Morales, García Linera y Gabriela Zapata, en realidad no se
trata de una planeación operativa para la movilización sino más bien de
un elemento simbólico para restregarle en la cara al gobierno el
relacionamiento delictivo y corrupto que ha tenido en estos tiempos[iii], las mujeres movilizadas incluso dijeron que querían conversar con la esposa del vicepresidente y luego con Gabriela Zapata.
Los dirigentes saben que en realidad esta no es una gestión planeada
para conseguir mediación alguna, se trata del uso sarcástico e irónico
del tema, de decirle a Evo Morales que no le creen, que no les ha
engañado cuando dice que lucha contra la corrupción, se trata de retarlo
como a un corrupto porque es lo que hace cuando defiende al acalde
corrupto de su partido, es la evidencia clara de que el dinero no ha
podido comprar la conciencia de las personas del pueblo y que tarde o
temprano se lo enrostran para decirle “no te creo Evo”, como cuando las
movilizaciones en la ciudad protagonizadas por varios sectores cantan el
“lero, lero Evo bandolero” “zas Zapata, donde está la plata”.
Las luchas de los sectores populares están presentando diversas
estrategias y tácticas, pero necesitan tener un centro, precisan de una
gestión organizada, de una estructura; la creatividad es importante y
debe contribuir a la construcción de una dirección política, la
movilización de Achacachi se muestra como algo más organizado por su
tradición de lucha a diferencia de otros frentes de lucha donde el
“horizontalismo” y la aversión a la construcción de una dirección
marcan hasta cierto punto el fracaso. El enemigo que enfrenta el
movimiento popular está organizado, tiene un inmenso poder, hace planes a
pesar de su mediocridad; por ello es necesario enfrentarlo organizada y
concentradamente, sino las posibilidades de éxito real y concretas
serán postergadas o se extinguirán, o nos llevarán a reemplazar un
explotador con otro, como ha sucedido con el gobierno de Evo Morales.
[ii] Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
[iii]
Gabriela Zapata, ex novia de Evo Morales, desató un escándalo de
corrupción cuando era funcionaria de una empresa transnacional China que
hacía negocios millonarios con el Estado y ella no contaba con título
profesional, usaba además las instalaciones ministeriales para estos
negocios. El gobierno no ha podido demostrar que no esté involucrado en
estos actos ilegales, la comisión investigadora formada en el parlamento
se encargó de ocultar el tráfico de influencias en las relaciones
dolosas entre el Estado y las empresas que ganaban contratos, en tanto
que en el poder judicial solo se limitó a investigar la fortuna de esta
ex funcionaria que fungía de abogada descartando de antemano alguna
relación con el gobierno. El cómo una estudiante, que no sólo no
consiguió el título profesional sino que abandonó la carrera a los dos
años, consiguió importantes puestos en empresas transnacionales solo se
puede explicar por la militancia de esta señora en el partido de Evo
Morales y el que más adelante fuera su novia y parte de un culebrón en
el que se decía que habían tenido un hijo, algo aceptado y luego negado
por Evo Morales.
