Fracasada negociación y continuación del bloqueo. Foto: La Razón e Infobae
Ante esta situación, de un lado, los sectores movilizados dirigidos por el MAS continúan en sus acciones esperando ejercer presión al gobierno, actualizando su demanda para que renuncie Añez, mientras por otro lado, el gobierno espera un mayor rechazo de la población a los bloqueos, para intervenir estos con la policía y el ejército. En realidad, a ninguna de las facciones les interesa ni la salud, ni la educación, ni la vida de la gente, solo les interesa ganar rédito electoral en estas próximas semanas en un miserable cálculo político.
Por Pedro Jankaquipa
10/08/2020
La lucha de facciones al interior de los grupos de poder en el país llegó al clímax la semana de celebración del 6 de agosto, fecha de la independencia de Bolivia. De un lado se encuentra la facción burocrática que busca retomar el gobierno encabezada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y por el otro lado la facción compradora actualmente en la administración estatal, que representa a los viejos partidos tradicionales (hoy reunidos en Demócratas). Ambas facciones, de una u otra forma, defienden intereses de la banca, grandes empresarios ganaderos, agroindustriales, y del capital transnacional extractivista. Lo muestran los 14 años de gobierno del MAS y los últimos 9 meses del llamado gobierno transitorio, en las que la banca ganó como nunca antes y las transnacionales del petróleo, la minería y empresarios industriales agro exportadores, obtuvieron millonarias utilidades vía normas legales que facilitaron su crecimiento financiero, leyes que no han sido eliminadas por el actual gobierno de Añez y compañía, con el aval de los 2/3 de la mayoría parlamentaria del MAS que continúa en la Asamblea Legislativa.
Ante la cada vez creciente cantidad de contagiados (casi 90.000) y de muertos en La Paz, capital política del país, por Covid-19 y otras enfermedades, un sistema de salud colapsado históricamente -el covid-19 solo develó su real situación-, aumento del desempleo por despidos durante la pandemia, aumento de la pobreza, el MAS decidió jugar sus cartas políticamente ante la cercanía de las elecciones iniciando un bloqueo nacional de carreteras el pasado 3 de agosto. La demanda del MAS y de sus organizaciones sociales afines (cocaleros, interculturales, COB cada vez más huérfana de sus bases) se concentra en el respeto a la fecha de elecciones del 6 de septiembre, fecha que fue modificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergándolas hasta el 18 de octubre debido a que “el pico de la enfermedad estará entre fines de julio y primeros días de septiembre” y señalando que es “la fecha idónea”.
Eva Copa, senadora del MAS y presidenta del Senado, declaró el 7 de agosto que “es imposible que lleguemos a las elecciones el 6 de septiembre porque no cumplimos con los plazos de los 45 días como dice la ley”, lo que evidencia que la bandera de “elecciones para el 6 de septiembre” levantada por los bloqueadores no tiene ningún asidero, sino que forma parte de una estrategia diseñada para mostrarse como una fuerza política vigente. Así, el bloqueo de carreteras en más de 60 puntos busca reposicionar a su partido político en el ámbito electoral y poner en jaque al gobierno de Añez, cortando el paso de alimentos, de insumos médicos y de oxígeno para los hospitales, entre otras mercaderías.
Este hecho ocasionó que hasta el viernes 7 se hayan producido 36 muertos por falta de oxígeno medicinal para mantener con vida a pacientes con Covid-19 y otras enfermedades. Esa acción, junto a otras como agredir o expulsar a médicos, retener personas en calidad de rehenes, ha generado repudio en la mayor parte de la población que condena esos actos que desdicen lo que es un movimiento popular. En las últimas horas del fin de semana se conoció que algunos puntos de bloqueo estaban dejando pasar tanques de oxígenos mientras otros retienen camiones con oxígeno líquido para los hospitales. De otro lado, personal médico de los hospitales de La Paz informaron que solo tendrían oxígeno por 72 horas, o sea hasta este lunes 10, quedando en riesgo de fallecer más de 300 pacientes por Covid-19 y otras enfermedades.
Ambas facciones afirman estar por la “defensa de la vida y salud”, ser de la “cultura del diálogo” mientras realizan acciones de cálculo político electoral no importándoles realmente la salud de la población y mucho menos los muertos que se produzcan como producto de la confrontación a la que se encaminan. El MAS cree que llegó su hora de presionar al gobierno de Añez y de pasar de demandar ¡elecciones ya! a hablar de educación y salud, hasta pasar a demandar su renuncia. El trasfondo de toda esta película es la de un lado generar miedo, zozobra y terror en la población y por otro evitar a toda costa la eliminación de su personería jurídica. La primera lo está logrando en esta semana y la segunda ya la habría conseguido al lograr que el TSE no se pronuncie, sino que envíe en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la inconstitucionalidad de un artículo del régimen electoral por el cual han sido denunciadas por la difusión de encuestas cuatro organizaciones políticas: el MAS de Luis Arce, JUNTOS de Añez, CREEMOS de Camacho y Comunidad Ciudadana de Mesa. Se estima que el TCP no se pronuncie en los plazos señalados por ley o sí lo hace dará pase libre a las susodichas organizaciones políticas para que continúen en la carrera electoral.
La demanda del MAS, vía bloqueos, de mantener como fecha de elecciones el 6 de septiembre, no tiene legitimidad alguna como señala su senadora Eva Copa. Por el contrario, el no dejar pasar oxígeno, insumos médicos u otros (alimentos) le hace el juego al gobierno pues este los presenta como no personas, no humanos, criminales, como empezaron a llamarlos las autoridades de gobierno. El que el gobierno no actúe de inmediato vía represión, aunque ya lo hace con grupos paramilitares como la llamada “resistencia juvenil” en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, no les conviene políticamente pues sacaron lección del pasado noviembre 2019 con la masacre de Senkata y Sacaba, dejando pasar los días para que se agudice la situación y luego justificar la represión en “defensa de la vida y la democracia”.
El viernes 7, Fernando López, Ministro de Defensa, anunciaba que “las próximas 24 horas eran cruciales”, en la OEA el gobierno había logrado obtener apoyo de varios países al informe de la canciller Karen Longaric (lo que significaba condena a bloqueos), por otro lado, desde ese día hospitales de La Paz, no solo se declararon en emergencia como la Caja Petrolera de Salud, sino la Caja Nacional de Salud expresó que se encontraba en “catástrofe por falta de oxígeno”.
El sábado 8, se anunciaron diálogos por separado, tanto del órgano ejecutivo que hacía una convocatoria para el domingo 9, mientras que el órgano legislativo controlado por el MAS hacía un llamado a reunión para el mismo día en horas de la tarde. Ambas convocatorias tenían como protagonistas a los actores en conflicto, iglesia, organismos internacionales y al TSE, resultando un fracaso ambos llamados al “diálogo”.
Ante esta situación, de un lado, los sectores movilizados dirigidos por el MAS continúan en sus acciones esperando ejercer presión al gobierno, actualizando su demanda para que renuncie Añez, mientras por otro lado, el gobierno espera un mayor rechazo de la población a los bloqueos, para intervenir estos con la policía y el ejército. En realidad, a ninguna de las facciones les interesa ni la salud, ni la educación, ni la vida de la gente, solo les interesa ganar rédito electoral en estas próximas semanas en un miserable cálculo político. Las próximas horas serán decisivas y se prevé un desenlace fatal en la que como siempre será el pueblo quien ponga los muertos, mientras una y otra facción se victimizará y ambos se reclamarán “defensores de la democracia”, de una democracia que no responde ni respondía a los intereses populares.