El tema de la expropiación ha sido una constante desde que Gustavo Petro está en campaña. Algunos representantes de los grandes burgueses y los latifundistas, agentes del imperialismo en nuestro país, cada cierto tiempo provocan un alboroto ante la posibilidad de ver mínimamente recortados sus bienes y riquezas. El actual gobierno oportunista constantemente procura desvanecer ese temor por medio de declaraciones y compromisos, como lo fue el mediático acuerdo realizado en la Notaría 17, donde los entonces candidatos a presidente y vicepresidenta de Colombia se comprometieron a la no expropiación.
Los más recientes hechos al respecto de esta polémica se han presentado con la aprobación de la modificación del artículo 55 (que en la ponencia fue nombrado como el artículo 61) del Plan Nacional de Desarrollo, siendo el siguiente párrafo el más espinoso del actual conflicto:
“En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la ANT (Agencia Nacional de Tierras) adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF (Unidad Agrícola Familiar). Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos a los que haya lugar”.
Algunos sectores de las clases dominantes, nuevamente han entonado sus alaridos al plantear que con esto se da cabida a la “expropiación exprés” de sus predios.
Tradicionalmente entre las clases dominantes se presentan pugnas. Además, la situación actual caracterizada entre otras cosas por la crisis del capitalismo burocrático que se cierne sobre nuestro país y la fuerte crisis de gobernabilidad que vio su expresión más explícita en el gran levantamiento popular del 2021 somete a estas clases a un panorama más complejo, en donde las tradicionales pugnas se agudizan.
¿Qué camino tomar para recargar la crisis sobre los hombros del pueblo a la vez que se conjura la protesta y organización popular que quiera salir de los límites que este Estado impone? ¿Entregar o no concesiones al pueblo para no perder las posiciones de poder? ¿Qué facciones saldrán menos beneficiadas del camino elegido? Estos son algunas de las disyuntivas a las que las diferentes facciones de las clases dominantes se ven enfrentadas y lo que ha dado en llamarse “expropiación exprés” no es más que otro síntoma de dicha pugna.
A continuación, presentaremos algunos elementos para aportar al análisis de dicha situación desde el punto de vista del pueblo:
En Colombia la estructura de la tenencia de la tierra nos arroja que hay 9500 latifundios que poseen 47 millones de hectáreas contra los 1,8 millones de minifundios que poseen apenas 5.5 millones de hectáreas. Los campesinos que no cuentan ni siquiera con una pequeña porción de tierra para cultivar son cientos de miles. Esto quiere decir que una minoría de terratenientes, entre los cuales se encuentran los grandes ricos y grandes grupos económicos de nuestro país, poseen la gran mayoría de la tierra, mientras que la aplastante mayoría de campesinos poseen apenas un pequeño porcentaje de la tierra.
Podemos buscar los orígenes de esta configuración de la estructura agraria en la conquista y la colonia, proceso histórico, militar y político que de manera violenta y a través del despojo instauró el latifundio en nuestro país. Desde esa época se viene profundizado tal forma de propiedad a través de la apropiación de la tierra por parte de los terratenientes. En los primeros periodos de la república, por ejemplo, desde las estructuras de poder se estimuló que los campesinos colonizaran territorios para dejarlos aptos para su usufructo. Cuando éstos ya habían invertido su trabajo en desmontar el terreno, era usual que terratenientes aledaños se apropiaran de ellos, despojando así al campesino de sus tierras. Indígenas y campesinos ante esta situación se veían sometidos al desplazamiento y/o la servidumbre. Estas prácticas continúan hoy de manera más profunda. La tendencia a la concentración de la tierra y el despojo al que se ven sometidos los campesinos, son unas de las barreras que marcan la imposibilidad del desarrollo del campo en Colombia.
Hay varias formas en las que se ha ejecutado el despojo de la tierra por parte de los grandes poderes económicos en la historia más reciente. Pero la forma principal ha sido a través de la violencia. El ejemplo más relevante a este respecto son las estructuras paramilitares en plena colusión con el Estado y con los poderes políticos y económicos del país.
Los terratenientes, desde las capas inferiores hasta las capas superiores, implementaron este modus operandi en medio de la guerra antisubversiva desarrollada por el imperialismo yanqui y el Estado colombiano para tratar de aniquilar cualquier posibilidad revolucionaria en nuestro país y para aniquilar el espíritu combativo del campesinado que lucha bajo el deseo de tierra para quien la trabaja.
Múltiples son los ejemplos que dan cuenta de estos hechos. Tenemos el caso de la hacienda Bellacruz:
“La constitución de esta hacienda (…) que llegó a ser una de las más grandes del país, se realizó a través de la expulsión de los legítimos propietarios de las tierras: familias campesinas que las habían colonizado muchos años atrás. Posteriormente, tras el inicio de una lucha jurídica para la recuperación de sus tierras y en momentos en que tenían todos los argumentos a su favor ante la justicia, la familia Marulanda, propietaria de la hacienda, contrata un grupo paramilitar que a través de la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos, contando con más de 40 asesinatos, obliga a cerca de 600 familias a desplazarse y abandonar sus tierras en el año de 1996 (…) Carlos Arturo Marulanda era tanto embajador de Colombia ente la Unión Europea como encargado de la hacienda Bellacruz junto a su hermano Francisco Marulanda, de quien se dice era personalmente el comandante del grupo paramilitar de ultraderecha que cometió los homicidios, desapariciones y hostigamientos que obligaron a las familias a desplazarse.
(…) a finales de los años ochenta, la familia Marulanda logra que el Estado en vez de expropiar las tierras que pertenecían a la nación, se las compre para adjudicarlas a los campesinos. Más aún, con el despojo violento y el desplazamiento, la familia Marulanda se quedó tanto con el dinero que le pagó el Estado como con la tierra, un negocio muy rentable”
Este no es un caso aislado, por el contrario, es un caso emblemático que muestra la forma en que operaron los poderes económicos, políticos y militares (tanto estatales como paraestatales), para imponer el despojo de la tierra sobre el campesinado. Las grandes haciendas regionales fueron sedes de reuniones, coordinaciones fiestas y entrenamiento de los grupos paramilitares. Los grandes hacendados, pagaban extrasueldos para que comandos enteros de la policía resguardaran sus tierras, tierras que, en muchos casos, denuncian los campesinos, fueron arrebatabas a las familias que ahí vivían. Es decir, la policía operó como el ejército privado de los despojadores de la tierra.
Por supuesto también han hecho uso de las formas legales que el mismo Estado tiene a su servicio. Los megaproyectos de diferente índole se han amparado en la figura de interés general para desplazar a sectores de la población y ocupar sus tierras. Tal es el caso por ejemplo de Hidroituango, en donde los terrenos necesarios para la ejecución del megaproyecto se declararon de utilidad pública e interés social a través de la resolución 317 del 26 de agosto de 2008. Como consecuencia, cientos de familias de las áreas de influencia, fueron desplazadas de sus territorios.
La fundación Forjando Futuros, que entregó en 2020 un informe a la comisión de la verdad luego de la revisión de más de 5000 sentencias del sistema de información de restitución de tierras, evidenció que además de los terratenientes tradicionales que tienen apenas alcance territorial, grandes empresas como Argos, Uniban, Banacol, Bananeras del Urabá (estas últimas asociadas en Augura), las cuales son socias de la construcción del puerto en Urabá, así como empresas imperialistas entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti, la Continental Gold e incluso Ecopetrol también están involucradas en estos hechos. Por si fuera poco, el Banco Agrario, el BBVA y Davivienda (que absorbieron a la caja agraria, al banco ganadero y al banco cafetero), también tuvieron su parte.
Como vemos, de manera sistemática se utilizaron todos los mecanismos posibles que llevaran al despojo del campesinado. Los paramilitares coludidos con las fuerzas armadas del Estado producían desplazamiento forzado del campesinado, las grandes empresas (nacionales o multinacionales) y los terratenientes con participación directa en los hechos o al menos con pleno conocimiento de la situación compraban a precios irrisorios o invadían los terrenos, por su parte los bancos hipotecaron esas tierras y se volvieron oponentes de los campesinos que hoy las reclaman. De hecho, más de 60 empresas, entre multinacionales, agroindustriales y bancarias, están condenadas a restituir tierras. Pese a eso, hoy los terrenos despojados siguen en manos de dichas empresas y de los terratenientes que de ellos se apropiaron.
Vale la pena en este artículo, además de los hechos mencionados, plantear la posición de José Félix Lafaurie y el papel de FEDEGAN (Federación Nacional de Ganaderos) en el proceso de despojo de tierras. Esto porque tanto Lafaurie como FEDEGAN han sido de las voces que más han resonado mediáticamente denunciando el temor que sienten ante la “expropiación express”.
Hablemos primero de Jorge Visbal Martelo, quien fue presidente de FEDEGAN y además embajador de Canadá, embajador del Perú y senador. Visbal fue condenado a prisión por financiar y promocionar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Las declaraciones de los ex jefes paramilitares plantean que dicho personaje tenía afinidad ideológica con las AUC, prestaba asesoría directa a los líderes del grupo y permanecía por largos periodos de tiempo y de manera constante en sus campamentos. Él participó en la planeación de masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras. Hay un testimonio que llama especialmente la atención y es el de Don Berna (jefe paramilitar), que plantea que Visbal perteneció al “Grupo de los Doce” conformado por militares, empresarios y políticos. Según estos testimonios y los del propio Carlos Castaño, éste último acudía al “Grupo de los Doce” -como si fuera un consejo asesor- antes de cualquier decisión importante.
Por su parte, Lafaurie hoy es acusado por Benito Osorio, que en 1996 era gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, organización involucrada en el despojo de tierras a aproximadamente 200 mil campesinos del Urabá de mano de las Autodefensas Unidas de Colombia y también por Salvatores Mancuso, jefe de las AUC, de tener estrechos nexos con este grupo. Además, tuvo que aceptar en 2006 que miembros de FEDEGAN habían financiado a grupos paramilitares. Por si esto fuera poco, ante la pasada oleada de toma de tierras por parte del campesinado en el país, Lafaurie propuso los “grupos de reacción solidaria”, para proteger las tierras que ellos mismos han despojado al campesinado. Viejas tácticas (muy bien conocidas y ejecutadas por él y su gremio), nuevo nombre.
Se estima que los grupos paramilitares están relacionados con más del 84% de los hechos de despojo. La ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados), muestra que más de cuatro millones de personas fueron desplazadas, por lo menos seis millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas o despojadas y entre 1980 y 2010 los ingresos que dejaron de recibir las personas despojadas fueron de 59,8 billones de pesos.
A través de estos elementos intentamos mostrar cómo las clases de los grandes burgueses y latifundistas, al servicio del imperialismo, actuó de manera sistemática para alcanzar sus propósitos de mantener la estructura latifundista de la tierra, el control del país y de su gente, librando una guerra contra el pueblo para erradicar su espíritu revolucionario. Combinaron para esto todos los medios que juzgaron necesarios, tanto los que se enmarcan dentro de su legalidad (leyes, fuerzas armadas) como los que están fuera de ella (paramilitares). Con esto, dichas clases, despojaron al campesinado de su tierra, profundizando su concentración. Los que hoy dicen temer que sus terrenos sean expropiados, son quienes recogiendo el despreciable legado de las clases dominantes de antaño y perfeccionando sus formas, han expropiado al campesinado que ayer y hoy lucha por un pedazo de tierra para trabajar.
Ante esto ¿cuál es la respuesta del gobierno oportunista de Gustavo Petro? Como ha sido usual en su actuar, pese a conocer la realidad de nuestro país, el carácter de quienes hoy se quejan de una posible expropiación y pese a dar discursos altisonantes en los balcones y en las calles, lo que propone es conciliación con los que han expropiado a sangre y fuego al pueblo.
Las acusaciones que hacen sobre la posibilidad de una expropiación están lejos de la realidad. A lo sumo lo más “grave” que podría pasar es que el actual presidente, con riquezas que están en manos de este Estado pero que son producidas por el pueblo trabajador, compre a aquellos que han expropiado a sangre y fuego al campesinado, unas cuántas hectáreas de tierra. Esa es la misma fórmula que denuncian los reclamantes de tierras de la hacienda Bellacruz. Por si esto fuera poco, Petro además está ofreciéndoles préstamos a los terratenientes para que hagan sus haciendas más productivas, es decir, para que pasen de latifundio improductivo a latifundio productivo: “menos tierras, más vacas, más productivo”. Eso sí, cuando el campesinado toma tierras, como lo demostró en agosto, no le tiembla la mano para enviar a la UNDMO (ESMAD), a desalojarlos, protegiendo la propiedad de los terratenientes.
¿Si este es el panorama, por qué tanta alarma en los medios? Se trata, como hemos dicho, de una pugna entre las clases dominantes y sus visiones que están estrechamente ligadas con quién saca mayor partido económico y político de la situación.
Las soluciones que propone Petro al problema del campo, no modificarían la estructura de tenencia de la tierra de manera significativa ni aunque se cumplieran en su totalidad pues en su matriz contempla el latifundio como algo bueno siempre y cuando sea productivo.
Aquí es clave entender que contra lo que plantea Petro de que “el problema real es el latifundio improductivo”, el problema del atraso en nuestro país y la pobreza que vive el campesinado, que en su gran mayoría no tiene tierra para trabajar, es la existencia del latifundio -tanto productivo como improductivo- y la dominación imperialista que utiliza y evoluciona esta estructura de propiedad de la tierra para imponer sus proyectos económicos, implantar sus empresas y sacar las máximas ganancias de nuestras naciones sometiendo violentamente al campesinado, por medio precisamente de los latifundistas que son felices agentes del imperialismo.
Donde existe latifundio productivo y campesinado con poca o nada de tierra (que es en parte el modelo que el actual presidente propone), no existe libertad para el campesino, sino sometimiento de precios y productos. De uno u otro modo el campesino queda atado a las clases dominantes.
Para poner un ejemplo, tomemos el café: más del 80% del cultivo de café nacional es destinado al comercio exterior. Los caficultores con menos de 5 hectárea producen el 96% del café que la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) exporta. El precio al que venden sus productos por supuesto no los fijan ellos. Los miembros de la federación, tienen que aportar un dinero a la FNC, para préstamos, garantía de compra (muchas veces por debajo del precio de producción) y asistencia técnica. Los pequeños caficultores, apenas con pequeñas parcelas, no tienen otra opción que entrar en los rumbos productivos impuestos por quienes controlan la mayoría de la tierra productiva. En este caso, la FNC, se lucra a costa de los pequeños caficultores, sin correr casi ningún riesgo. Lo mismo es el caso de los cocaleros, los grandes cañeros, los grandes palmicultores, etc.
Realmente, una reforma agraria que en propias palabras de Gustavo Petro, es apoyada por el Fondo Monetario Internacional y el presidente del imperialismo yanqui Joe Biden, no puede ser una reforma que beneficie al pueblo de nuestro país. Los intereses del pueblo y los intereses del imperialismo son antagónicos.
Aquí se hace pertinente el planteamiento de José Carlos Mariátegui para el Perú y que es aplicable a Colombia: “El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad (…) las expresiones de la feudalidad sobrevivientes son dos: latifundio y servidumbre. Expresiones solidarias y consustanciales, cuyo análisis nos conduce a la conclusión de que no se puede liquidar la servidumbre (…) sin liquidar el latifundio”.
Concluyendo, si abordamos el problema desde el punto de vista del pueblo, solo podemos decir que el camino que debe seguir el campesinado y el pueblo colombiano para transformar su realidad no es el de pagar por la tierra que los terratenientes han despojado, ni el de volver productivo el latifundio improductivo para evolucionar la feudalidad, sino que es el ya esbozado por Carlos Marx con su llamado de: “Expropiar a los expropiadores”. El campesino debe seguir tomando las tierras de los terratenientes, como actualmente lo están haciendo cientos de familias en lugares como el Cauca, Cesar, Bolívar, Sucre, Antioquia, entre otras muchas zonas del país. Lo que, es más, es necesario elevar poco a poco y paso por paso la organización popular para desarrollar una Revolución Agraria que destruya de manera definitiva el latifundio.
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