La explotación minera en lo que hoy corresponde a los territorios del Ecuador no es nueva; por el contrario, es de viaja data. Se estima que en nuestros territorios se explota la minería desde hace 3.500 años, en el período de Valdivia Tardío.

A lo largo de la historia, la explotación minera ha estado vinculada a un hecho en concreto; el desarrollo de las fuerzas productivas.

En el Reino de Quito, en la etapa pre incásica ya se explotaban el oro y la plata. Más allá de la valoración religiosa/cultural, ciertos metales como el platino y el cobre fueron incorporados a la producción, como herramientas, más adelante, como armas. Con los Incas, no fue diferente el uso de la minería, aunque ellos desarrollaron más el uso de los metales y en alguna medida explica por qué de su superioridad el momento de someternos e implementar un régimen esclavista.

Con la colonia española, la explotación minera toma otro ritmo y otro significado; no responde a las necesidades de nuestros pueblos, sino a sostener el poder feudal e la corona.

A fines del siglo XIX, la explotación minera en el país es monopolizada por los ingleses, quienes se posicionaron sobre esa producción por mucho tiempo, explotación que eventualmente ha tenido ciertos relevos o frentes con la presencia depredadora de los EEUU, Canadá, Australia, hasta llegar a nuestros días, donde la explotación minera ha puesto en tensión a varias potencias capitalistas e imperialistas que pugnan por hegemonizar la explotación y comercialización de hidrocarburos y minería metálica, llevándose en sacos la riqueza nacional.

¿Es mala la minería?; ¡No!, definitivamente, lo malo es que su explotación no responde a la necesidad de nuestro país, a un correcto y necesario proceso e industrialización y desarrollo de sus fuerzas productivas. Todo lo que se explota se va del país, a cambio, nos dejan tierras infértiles, devastadas; además, profundos conflictos sociales. La explotación minera por sí sola no es nociva; es más, el imperialismo racionaliza la explotación minera dentro de sus fronteras, pero, en los países del tercer mundo lo hacen con ínfulas depredadoras, porque reducen costos y les importa un carajo el daño que hacen.

En lo que va del siglo XXI, se ha incrementado la explotación minera en el país. Con el régimen de Correa entramos en un proceso de reprimarización de la economía, es decir, regresar al sector primario, a la explotación minera, pesquera, forestal, agrícola; atizando las contradicciones entre el Estado y los territorios indígenas; mayor especulación y acaparamiento de la tierra, concesión de millones de hectáreas a grandes empresas mineras; incremento desmedido de la frontera agrícola, etc., pero, sobre todo, profundizando y evolucionando la semifeudalidad.

En el Ecuador el imperialismo, en el último tercio del siglo XIX, desarrolló capitalismo en una sociedad feudal, sin que esto haya implicado la democratización de las fueras y medios de producción; no hubo ni hay desarrollo de la industria, consiguientemente de la minería. Este capitalismo entremezclado con relaciones feudales se llama capitalismo burocrático. Producimos materia prima, de ahí que la explotación minera no sea beneficiosa para el país en su conjunto. Esta, como una posición objetiva que contrasta antagónicamente con la verborrea revisionista que señala que el país es capitalista.

La mita ha evolucionado, se presenta adquiriendo nuevas formas. Comunidades enteras Familias son incorporadas a la explotación minera bajo la premisa de generación de trabajo y ayuda comunitaria (los operadores sociales de las mineras implementan enganches o engaños con la comunidad, desarrollando proyectos de crianza de animales menores, reciclaje, etc.), no solo en el sector informal, sino también en el formal. El trabajo infantil forzado en la minería informal es evidente. Hoy, en el Ecuador, los mitayos se han reproducido bajo la egida de las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras.

El régimen del burgués comprador de Lasso, aprovechando las elecciones presidenciales ha convocado a una consulta popular para «decidir» si se explota petróleo en la reserva del Yasuní y minerales en el Chocó Andino.

Más allá de la consulta, es por demás evidente que si el viejo estado, azuzado por las transnacionales, quiere explotar el ITT en el Yasuní y arrasar el Chocó Andino lo hará con o sin consulta; lo hará con o sin consulta previa, libre e informada, como ya lo han hecho en la provincia de Cotopaxi, Bolívar, Azuay e Imbabura, donde a pesar de la negativa de la población a la explotación minera, la penetración de las empresas es un hecho y ya han causado un daño ecológico y social irreparable.

Los ambientalistas se oponen decididamente a la explotación minera; sin embargo, en el seno de las comunidades indígenas en la Amazonia, de varias provincias del país se explota la tierra y los aluviales en búsqueda del oro, A la final, renta más extraer algunos gramos de oro que aquello que produce una hectárea de yuca o de cualquier otro producto. ¿Se le puede acusar de ilegal a un indígena/campesino que explota oro que le renta más ingresos con relación a la anémica producción agrícola?, por supuesto que no.

Los comunistas nos oponemos a la explotación de petróleo y metales en el país; y nuestra oposición no pasa por un argumento ambientalista, y esto no quiere decir que no sea importante, sino que hay otros elementos de mayor peso a confrontar; lo fundamental es que de dicha explotación va a parar a manos de las transnacionales y del imperialismo; no beneficia en nada a las grandes mayorías, salvo a ciertos gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos.

Para nosotros, los comunistas, oponernos a la gran minería, es oponernos al imperialismo, es lo fundamental. Es asumir una posición de lucha directa y en el terreno en contra del imperialismo. La lucha contra la gran empresa minera se inscribe en la lucha de liberación nacional, porque propicia la derrota y expulsión del imperialismo, en todas sus facetas, del país.

No estamos de acuerdo con la explotación del ITT, el Chocó Andino, ni ningún otro yacimiento en el país, porque beneficia directamente al imperialismo. Y, por el contrario, estamos de acuerdo en que se debe respetar y respaldar la producción minera artesanal, porque esa beneficia a campesinos pobres, sin tierra, a mineros artesanales que tienen que trabajar duramente para poder llevar el mendrugo de pan a sus hogares. Oponernos a esta minería es favorecer a la gran empresa minera vinculada al imperialismo o seguir relegando el problema de la tierra y su uso. El problema agrario debe ser atendido y resuelto ya, ahora.

¿Qué la empresa artesanal, a la que estigmatizan como ilegal, está infiltrada de narcos, bandas, etc.?, desde luego; tanto como la gran empresa minera que hace alianzas innombrables para sostener su producción y arrebatar las tierras a los comuneros y campesinos pobres. Basta ver los «cordones de seguridad» que tienen las grandes empresas mineras que sustentan el nervio económico de los grupos violentos en el país para que “despejen” las tierras concesionadas o la presencia de mineros artesanales.

Reivindicamos el derecho a luchar por la expulsión de las grandes empresas mineras, porque se llevan los recursos naturales, porque destrozan las selvas, páramos y demás; también porque disocian las comunidades, corrompen a los funcionarios públicos y porque no aporta en nada al desarrollo nacional. Pero también reivindicamos el derecho de los mineros pobres, artesanales, al trabajo, a explotar la tierra con el mismo derecho que el viejo estado les entrega o concesiona territorios a las transnacionales.

NO A LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL YASUINÍ Y EL CHOCÓ ANDINO, es la consigna, la misma que no necesariamente debe ser expuesta y “defendida” en la consulta popular planteada por el régimen, sino como una acción combativa consciente de lucha en contra del imperialismo en territorio, en las minas, en las tierras concesionadas; es más, que dichas tierras que están por encima de los 3 millones de hectáreas, sean expropiadas y pasen a manos de los campesinos sin tierra, para que puedan argumentar su subsistencia.

Los comunistas nos oponemos a la consulta popular, porque al igual que las elecciones, pretenden hacernos creer que desde ese acto “democrático” nosotros estamos decidiendo sobre los designios del país, en este caso, del qué hacer con los minerales, los territorios y las relaciones sociales en su seno. ¡NO!, esa es una patraña más. Debemos oponernos a la consulta y a quienes la fomentan, ya seas desde los intereses del viejo estado, como desde la perorata cansina de los ambientalistas cuyo discurso está aherrojado a la defensa del medio ambiente por encima de la defensa de los intereses que tienen los campesinos sobre la tierra y el trabajo.

Si no queremos minería a gran escala; pues combatamos por expulsarla, y aun así es insuficiente, porque saldrá en su relevo la gran burguesía ecuatoriana.

Hay que precipitar la revolución de Nueva Democracia, solo de esa manera podremos propiciar una explotación minera responsable, que esté en sintonía con las necesidades de la nueva sociedad, de su industrialización, de su defensa.

No pequemos de ingenuos pensando que la explotación minera en el país aportará al beneficio de las grandes mayorías, en absoluto. Es una trampa, no diferente a cómo se ha presentado con la explotación de hidrocarburos. Tampoco caigamos en el discurso de los ecologistas y demás reformistas, convertidos en los guardabosques del viejo estado, no entienden la dinámica de la supervivencia de las masas campesinas, del subproletariado y proletariado minero que trata de argumentar su existencia en la explotación minera a baja escala; pero, sobre todo, no caigamos en la emboscada de la consulta popular, porque el estado, le pertenece a una clase en concreto  y lejos estamos de tomar o incidir en este tipo de decisiones transcendentales.

 

¡NO A LA CONSULTA POPULAR, SI A LA EXPULSIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS MINERAS!

¡POR LA DEFENSA DE LOS MINEROS ARTESANALES Y SU DERECHO AL TRABAJO!

¡ORGANIZAR, COMBATIR Y RESISTIR!

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