El imperialismo yanqui como superpotencia hegemónica única – colusión y pugna con otros países imperialistas - desata sus guerras genocidas contra los países oprimidos. Pero la agresión imperialista está alimentando la lucha de liberación nacional de los pueblos de los países oprimidos contra el imperialismo, siendo las guerras populares y las luchas armadas la fuerza impulsora del creciente desarrollo de la nueva gran ola de revolución mundial.
En América
Latina y Perú, el imperialismo yanqui lleva su plan hegemónico y
contrarrevolucionario imponiendo toda otra clase tratados desiguales,esto es en
beneficio de los imperialistas y lesivos a los interes nacionales y populares
como el „acuerdo entre el FMI y Argentina“, asegurando así el pleno éxito de sus
monopolios generados por el capital financiero, frente a todas las
eventualidades de la contienda con los monopolios de otras potencias
imperialistas e impulsando su guerra contrarrevolucionaria de “baja intensidad”
para aplastar la lucha y la resistencia de los pueblos contra su dominio,
mediante la aplicación del genocidio más abyecto y perverso contra nuestros
pueblos, tal como se desarrolla contra la guerra popular en el Perú desde su
inicio en 1980 y, especialmente desde el llamado autogolpe de Fujimori de abril
de 1992, donde paso a dirigir directamente esta guerra de naja intensidad (GBI).
La misma que la plica contra los pueblos de México hasta la Patagonia y contra
el propio pueblo norteamericano.
Es dentro del
marco, de lo escrito en el párrafo anterior,que tenemos que interpretar y
condenar el genocido cometido por el imperialismo yanqui y la reacción peruana,
a lo largo de todos estoa tiempos desde 1980 a la fecha, como los que da cuenta
la información, aparecida hace dos días en diferentes medios nacionales e
internacionales, bajo el titular:
„EE.UU publica
documentos secretos sobre violaciones de derechos humanos en Perú“ . Y que dice:
„Desclasificados. Informes norteamericanos
reportan que en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori se encubrió a militares que cometieron
ejecuciones extrajudiciales, como en el caso Cayara. También
menciona la crueldad de los senderistas que asesinaban a los campesinos que se
oponían a sus actividades.
En el vigésimo aniversario del informe final de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Archivo
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó
documentos desclasificados sobre el conflicto armado interno en el Perú, los
mismos que detallan graves violaciones de derechos humanos de los gobiernos de
Alan García y Alberto Fujimori,
y de las huestes de Sendero Luminoso. Los
cables e informes de inteligencia detallan la brutal estrategia
contrainsurgente del Gobierno peruano de “no tomar prisioneros” y los esfuerzos
que desplegó para proteger de la justicia a los miembros de las fuerzas de
seguridad responsables de atentar contra derechos fundamentales.
Entre los registros difundidos se encuentra un informe de
inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, de mayo de 1988, donde se anota que el primer ministro peruano
Armando Villanueva había dicho a altos oficiales militares “que no le importaba
si los militares ejecutaban a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso (SL)
que capturaban” siempre y cuando lo hicieran “discretamente”. También les
aseguró que cualquier intento de investigar una reciente masacre de campesinos
en Ayacucho “sería inmediatamente derrotado”.
Esto, a pesar de las iniciales promesas de Alan García de
garantizar un mayor respeto por los derechos humanos, así como de entablar un
diálogo con los insurgentes para poner fin al conflicto. Ofrecimientos que
nunca se cumplieron.
Cuatro documentos, que llevan los números 4, 6, 9 y 10,
describen el empeoramiento de las condiciones del conflicto bajo García. La
decisión del gobierno aprista de permitir impunidad militar impulsó mayores
abusos como se reflejó en la masacre de Cayara (Ayacucho) en
1988, en la que los militares ejecutaron a más de treinta campesinos.
Como se recuerda, el 14 de mayo de 1988, patrullas del Ejército llegaron
a la localidad de Cayara tras sufrir un ataque terrorista de Sendero Luminoso
el día anterior que acabó con la vida de cuatro militares. En su objetivo de
buscar información sobre los senderistas, torturaron y asesinaron a más de 20
personas, hombres y mujeres, además de realizar actos de vandalismo y robo.
Entre el 14 de mayo de 1988 y diciembre de ese año, fueron
ejecutados cerca de 40 personas en total, contando el asesinato sistemático de
los testigos de la masacre de Cayara.
Al año siguiente, una comisión
investigadora del Congreso, presidida por el aprista Carlos Enrique Melgar, concluyó
que no hubo abuso por parte del personal militar en Cayara.
Encubrimiento oficial
El documento 4 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU, del 25
de mayo de 1988, titulado “Violaciones de los derechos humanos del ejército”
indica que el recién instalado primer ministro del APRA, Armando Villanueva, podría estar adoptando una nueva
política para desalentar un golpe militar y “satisfacer las demandas de
esfuerzos contrainsurgencia más fuertes”.
Refiere que después de reunirse con oficiales militares de
alto nivel, incluido el ministro de Defensa, Enrique López Albújar, Villanueva
redactó un comunicado respaldando la versión del Ejército de que no había
ocurrido una masacre en Cayara, Ayacucho.
En este documento se menciona que Villanueva “al parecer
comentó que no le importaba si el
Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso (SL) que capturaba, siempre y
cuando dichas ejecuciones se llevaran a cabo discretamente”, al tiempo que
prometió a los militares que cualquier investigación de la oposición sobre
Cayara “sería inmediatamente derrotada”.
(…)
Con
Fujimori se dieron los peores casos
Documentos desclasificados también señalan que los peores
casos de violación de derechos humanos ocurrieron al comienzo del régimen de
Alberto Fujimori.
Una
evaluación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) de 1994 describió la “Operación
Aries” en la selva de Perú, citando relatos de testigos
sobre helicópteros del Ejército ametrallando aldeas. Menciona, además, que los
militares que intentaron exponer las masacres de La Cantuta y Barrios Altos
enfrentaron peligrosas repercusiones2.
Como se puede leer, en todo el texto de la
documentación oficial, los imperialistas yanquis: su presidente, ministros sus
fuerzas armadas, organismos de inteligencia , Southcom, embajador, Congreso,
etc. no solo dirigian, preparaban, entrenaban, daban las armas, el
avituallamiento, la doctrina genocida sino que también participaban y
participan activa y pasivamente en el encubrimiento del el genocidio contra el
PCP y el pueblo peruano.
Confesión de parte: dicen, ellos mismos, que con Fujimori se dieron los peores casos de esta violaciones ( esto es del genocidio), eso es, precisamente, cuando los imperialistas yanquis a través de la CIA y su Comando Sur pasaron a dirigir directamente su guerra cotrarevoilucionaria de „baja intensidad“.Llamamos a todos a denunciar y condenar a este genocidio contra el PCP y el pueblo peruano cuya más negra y alevosa acción ha sido el magnicidio contra el Presidente Gonzalo, ejecutado el 11 de septiembre de 2021 por el imperialismo yanqui y la reacción peruana a través de su lacayo contrarrevolucionario el rondero reaccionario Pedro Cstillo Terrones, sus ministros, principalmente el ministro de trabajo de la LOD, Maraví, etc.
¡Yankee go Home! ¡el pueblo y solo el pueblo hará justicia!