Wednesday, November 24, 2021

A NOVA DEMOCRACIA BRASIL: Editorial semanal - Política de sangre

 

 Editorial semanal - Política de sangre

 


Los vecinos del Complexo do Salgueiro se movilizan para retirar los cuerpos el 21 de noviembre. Foto: Agência O Globo

 

Hemos dicho en nuestros editoriales recientes que la anticipación de la carrera electoral de 2022 solo señala la división de las clases dominantes, por un lado, y el intento de producir alguna adhesión social a un proceso farsante y en gran parte desacreditado, por el otro. En cualquier caso, para comprender el carácter de una sociedad determinada, no basta con observar el movimiento de personajes ilustres en lo alto de los andenes o frente a los focos. Es necesario mirar los engranajes que se mueven en la parte más profunda del tejido social, donde se encontrará el secreto oculto sobre el que se asienta todo el edificio.

 

Mientras se redactan estas líneas, vecinos del Complexo do Salgueiro, en São Gonçalo, región metropolitana de Río de Janeiro, se movilizan para sacar de una zona boscosa los cuerpos de los jóvenes masacrados por la Policía Militar. Según los informes, al menos 20 personas fueron ejecutadas en un operativo llevado a cabo el domingo 21 de noviembre. Los familiares de las víctimas denuncian torturas y mutilaciones, mientras que el portavoz del primer ministro habla cínicamente de un tiroteo a larga distancia. São Gonçalo, la segunda ciudad más grande del estado, con 1 millón de habitantes, ya es responsable del mayor número de muertes por intervención policial en Rio. Antiguo centro industrial, se ha convertido, como tantos otros lugares similares, en el mismo tiempo un refugio y campo de concentración para miles de desempleados, que viven de trabajos precarios y ayudas gubernamentales, bajo el implacable hostigamiento y violencia de las fuerzas policiales y otros grupos paramilitares - “milicias” o facciones - que sirven como fuerza auxiliar. El mismo Complexo do Salgueiro fue escenario de una masacre llevada a cabo conjuntamente por la Policía Civil y el Ejército, en noviembre de 2017, que resultó en ocho ejecuciones, y también en el brutal asesinato de João Pedro, de 14 años, en interiores, en mayo. .el año pasado, en medio de la pandemia. En el primer caso, la investigación, que se llevó a cabo en el Juzgado Militar, fue archivada, y en el segundo, la investigación aún no ha concluido.

 

Por cierto, hace un mes, ocho soldados del ejército reaccionario fueron condenados por las muertes del músico Evaldo dos Santos Rosa y del recolector de materiales reciclables Luciano Macedo. En el infame “operativo”, que se llevó a cabo en abril de 2019, los militares dispararon 257 tiros al auto en el que se encontraba Evaldo. Pero incluso esta condena por delito flagrante fue dada por 3 votos contra 2 en el ámbito de la Justicia Militar (fue Michel Temer quien sancionó, en octubre de 2016, la ley espuria que traslada al ámbito de la Justicia Militar la investigación y el juicio de homicidios cometidos por militares en el marco de acciones de “seguridad pública”. El voto de Minerva a favor de la condena lo dio el único juez civil que integraba el consejo de sentencia. Todavía hay atractivo.

 

En un país lacerado por el hambre, el desempleo y la absoluta falta de perspectivas para la gran mayoría de su población, especialmente la más joven, esta política genocida es quizás la única política de Estado aplicada de manera racional y continua por todos los gobiernos. Pues sí, durante los años de los gobiernos del PT, no solo se duplicó la población carcelaria --de 300.000 reclusos en 2005 a 600.000 en 2015, y hoy ha llegado a 800.000 reclusos--, no solo se trivializó el uso de las Fuerzas Armadas en las favelas y en el campo bajo el auspicio de la “Garantía de la Ley y el Orden”, ya que durante una década se aplicó el mismo patrón de exterminio y violaciones en la represión del pueblo haitiano. Bajo Michel Temer y Bolsonaro, el patrón se mantuvo, una especie de inercia asesina. Y esto no sucede sin la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, oligárquicos, reaccionarios y antipopulares hasta la médula, prontos en condenar a los pobres por delitos contra la propiedad o el "orden público", pero deliberadamente ciegos para investigar y juzgar al pueblo. agentes de represión por los cobardes crímenes de sangre que cometen. Para las masas más pobres, las que se amontonan en gigantescos focos de miseria urbana o viven en la miseria bajo el talón de latifundios en el inmenso interior de este país, nunca ha habido una amnistía.

 

Buscar cambiar esta situación movilizando las propias instituciones que la instalaron y la mantienen es más que un disparate lógico: es una imposibilidad histórica y una traición descarada a las masas populares. En el futuro, los reformistas pequeñoburgueses serán tan ridiculizados como los que pretendían, hace siglo y medio, solo suavizar el instituto de la esclavitud o la monarquía. Es necesario destruir todo el viejo aparato estatal, reducirlo a ruinas, sin lo cual no se producirá ninguna transformación seria, por muy radicalizados, grandilocuentes o performativos que sean los discursos. Porque es claro que la máquina genocida, que hoy se enfoca sobre todo en el control social de la pobreza, se prestará a la acción policial política cuando la lucha de clases se profundice y acelere la marcha del poderoso movimiento revolucionario. No ver las cosas así, no prepararse para ello, no señalar la conciencia de los trabajadores en este sentido, es no ver y no prepararse para nada. Fuerza contra fuerza: esta es la única moneda justa.