Editorial semanal - Política de sangre
Los vecinos del Complexo do Salgueiro se movilizan para retirar los cuerpos
el 21 de noviembre. Foto: Agência O Globo
Hemos dicho en nuestros editoriales recientes que la anticipación de la
carrera electoral de 2022 solo señala la división de las clases dominantes, por
un lado, y el intento de producir alguna adhesión social a un proceso farsante
y en gran parte desacreditado, por el otro. En cualquier caso, para comprender
el carácter de una sociedad determinada, no basta con observar el movimiento de
personajes ilustres en lo alto de los andenes o frente a los focos. Es
necesario mirar los engranajes que se mueven en la parte más profunda del
tejido social, donde se encontrará el secreto oculto sobre el que se asienta
todo el edificio.
Mientras se redactan estas líneas, vecinos del Complexo do Salgueiro, en
São Gonçalo, región metropolitana de Río de Janeiro, se movilizan para sacar de
una zona boscosa los cuerpos de los jóvenes masacrados por la Policía Militar.
Según los informes, al menos 20 personas fueron ejecutadas en un operativo
llevado a cabo el domingo 21 de noviembre. Los familiares de las víctimas
denuncian torturas y mutilaciones, mientras que el portavoz del primer ministro
habla cínicamente de un tiroteo a larga distancia. São Gonçalo, la segunda
ciudad más grande del estado, con 1 millón de habitantes, ya es responsable del
mayor número de muertes por intervención policial en Rio. Antiguo centro
industrial, se ha convertido, como tantos otros lugares similares, en el mismo
tiempo un refugio y campo de concentración para miles de desempleados, que
viven de trabajos precarios y ayudas gubernamentales, bajo el implacable
hostigamiento y violencia de las fuerzas policiales y otros grupos
paramilitares - “milicias” o facciones - que sirven como fuerza auxiliar. El
mismo Complexo do Salgueiro fue escenario de una masacre llevada a cabo
conjuntamente por la Policía Civil y el Ejército, en noviembre de 2017, que
resultó en ocho ejecuciones, y también en el brutal asesinato de João Pedro, de
14 años, en interiores, en mayo. .el año pasado, en medio de la pandemia. En el
primer caso, la investigación, que se llevó a cabo en el Juzgado Militar, fue
archivada, y en el segundo, la investigación aún no ha concluido.
Por cierto, hace un mes, ocho soldados del ejército reaccionario fueron
condenados por las muertes del músico Evaldo dos Santos Rosa y del recolector
de materiales reciclables Luciano Macedo. En el infame “operativo”, que se
llevó a cabo en abril de 2019, los militares dispararon 257 tiros al auto en el
que se encontraba Evaldo. Pero incluso esta condena por delito flagrante fue
dada por 3 votos contra 2 en el ámbito de la Justicia Militar (fue Michel Temer
quien sancionó, en octubre de 2016, la ley espuria que traslada al ámbito de la
Justicia Militar la investigación y el juicio de homicidios cometidos por
militares en el marco de acciones de “seguridad pública”. El voto de Minerva a
favor de la condena lo dio el único juez civil que integraba el consejo de
sentencia. Todavía hay atractivo.
En un país lacerado por el hambre, el desempleo y la absoluta falta de
perspectivas para la gran mayoría de su población, especialmente la más joven,
esta política genocida es quizás la única política de Estado aplicada de manera
racional y continua por todos los gobiernos. Pues sí, durante los años de los
gobiernos del PT, no solo se duplicó la población carcelaria --de 300.000
reclusos en 2005 a 600.000 en 2015, y hoy ha llegado a 800.000 reclusos--, no
solo se trivializó el uso de las Fuerzas Armadas en las favelas y en el campo
bajo el auspicio de la “Garantía de la Ley y el Orden”, ya que durante una
década se aplicó el mismo patrón de exterminio y violaciones en la represión
del pueblo haitiano. Bajo Michel Temer y Bolsonaro, el patrón se mantuvo, una
especie de inercia asesina. Y esto no sucede sin la participación del
Ministerio Público y del Poder Judicial, oligárquicos, reaccionarios y
antipopulares hasta la médula, prontos en condenar a los pobres por delitos
contra la propiedad o el "orden público", pero deliberadamente ciegos
para investigar y juzgar al pueblo. agentes de represión por los cobardes
crímenes de sangre que cometen. Para las masas más pobres, las que se amontonan
en gigantescos focos de miseria urbana o viven en la miseria bajo el talón de
latifundios en el inmenso interior de este país, nunca ha habido una amnistía.
Buscar cambiar esta situación movilizando las propias instituciones que la instalaron y la mantienen es más que un disparate lógico: es una imposibilidad histórica y una traición descarada a las masas populares. En el futuro, los reformistas pequeñoburgueses serán tan ridiculizados como los que pretendían, hace siglo y medio, solo suavizar el instituto de la esclavitud o la monarquía. Es necesario destruir todo el viejo aparato estatal, reducirlo a ruinas, sin lo cual no se producirá ninguna transformación seria, por muy radicalizados, grandilocuentes o performativos que sean los discursos. Porque es claro que la máquina genocida, que hoy se enfoca sobre todo en el control social de la pobreza, se prestará a la acción policial política cuando la lucha de clases se profundice y acelere la marcha del poderoso movimiento revolucionario. No ver las cosas así, no prepararse para ello, no señalar la conciencia de los trabajadores en este sentido, es no ver y no prepararse para nada. Fuerza contra fuerza: esta es la única moneda justa.