noviembre 20, 2021 Bolivia, comerciantes, cooperativistas, gremiales, Lucha de facciones burguesas
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Análisis y Opinión
19/11/21
Por el contrario, la propuesta del gobierno solo ha llevado a que gran cantidad de cuentapropistas del país se hayan visto celosos de que el gobierno pueda meter mano a sus ingresos o capital, porque, en el entendimiento común de la gente, el gobierno ha perdido los ingresos de años anteriores debido a la caída de los precios del gas y minerales (esta situación empeora cuando se habla de una caída de las reservas probadas de gas) ello hace ver en la gente que el gobierno quiere meter mano al patrimonio pequeño o mediano para conseguir dinero, mientras que por el otro lado, por el lado de la gran burguesía, miran obviamente con recelo la posibilidad de que el gobierno revise sus ganancias.
El gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce Catacora, ha recibido un nuevo golpe político con el archivamiento de la Ley 1386 luego de una semana de protestas y muchos enfrentamientos entre diversos sectores sociales y el gobierno. Desde la lucha de los campesinos cocaleros de los Yungas por el mercado de ADEPCOCA y el retroceso en otras leyes y proyectos de Ley, el MAS, a pesar de su esfuerzo por mover a sus bases y particularmente a grupos de choque, no ha podido imponer sus objetivos de mayor intervención en la economía de la gente y su proyecto de ejercer un control corporativo de los diferentes sectores sociales.
Ha pasado un año de la gestión del gobierno “de cambio” y la lucha de clases está a la orden del día, en esta ocasión el conflicto se dio por la Ley 1386 (Ley de Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo).
El gobierno propuso y aprobó (junto con muchos miembros de la oposición) esta ley corta que contiene toda una Estrategia colocada en un Anexo (que no se hizo público pero que se dice forma parte de la ley) sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Desde la visión del viejo Estado esto parece estar acorde con las necesidades lógicas de un Estado que combate la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo[i] y acorde con los compromisos internacionales que el Estado boliviano ha contraído. Pero en Bolivia las cosas nunca son como parecen.
Hace unas semanas el gobierno tuvo que archivar otra ley, que se desprendió de esta ley corta de nombre similar, “ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”, que, según algunos debates jurídicos, tenía la intención de llenar de poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado para investigar a toda persona natural o jurídica que, con solo proceso administrativo, tenga autoridad para congelar cuentas, ordenar detenciones y allanamientos incluso sin dar parte al investigado, todo esto sin actuación fiscal ni judicial. Todo movimiento calificado de sospechoso sería susceptible de investigación o cualquier denuncia que llegare podría aplicársele semejante tratamiento.
La vaguedad en la redacción de muchos de sus artículos, en una dinámica judicial como la boliviana, puede ser fácilmente susceptible de todo tipo de extorsión, chantaje y corrupción, en la vida real eso sucede de manera común, con una ley sin figuras penales bien determinadas no hay que ser un genio para saber que se presta a una serie de arbitrariedades y abusos de parte de un ejército de funcionarios mediocres que están dispuestos a ganarse un dinero extra o hacer buena letra con las autoridades políticas estatales con la esperanza futura de ocupar un buen puesto en el gobierno, algo que también es cosa corriente en Bolivia. La mencionada ley además rompía con el secreto profesional (abogado-cliente; periodista-fuente, etc.) lo que llegaba a atentar contra el derecho de defensa y otros. Finalmente, si el investigado hubiese demostrado que sus operaciones eran lícitas y estaba libre de toda culpa, no podía buscar resarcimiento o hacer una denuncia contra funcionarios que le causaron tal daño porque la misma ley proponía impunidad para los denunciantes.
Con estos antecedentes del proyecto de ley precedente, la Ley corta 1386 tampoco duró mucho en vigencia y fue archivada este martes 16 de septiembre.
En un país como Bolivia donde casi el 80% de la población vive en la informalidad, donde un gran porcentaje de esa población trabaja por cuenta propia como pequeño propietario principalmente en el comercio informal y en los diferentes sectores productivos, es un enorme problema que alguno pueda explicar y demostrar documentalmente el origen y movimiento de sus operaciones financieras. Es sabido por todos que muchos de los comerciantes y transportistas tienen como parte de su dinámica productiva (comercial y financiera) el contrabando o la economía que ingresa por dicha actividad y que abarca a casi todas las operaciones comerciales del país.
Este es un problema estructural y tiene que ver con las características de nuestra economía con relaciones sociales atrasadas y principalmente dominada por el mercado imperialista mundial. La gran producción de las potencias imperialistas y en estas últimas décadas los productos de fabricación china resultan más competitivos que la industria nacional, esto se agrava con la introducción de mercadería por contrabando, esta actividad destruye la producción nacional y la hace dependiente del mercado mundial, así como a los consumidores de estos productos. Gran parte de la sociedad vive de esta forma, el ejemplo de la ropa usada o fallada es elocuente, ese producto es usado por los sectores populares que no pueden acceder a productos más elaborados, sus bajos ingresos no les permite otro consumo y mucho menos de producción nacional, el gobierno lo sabe, no puede hacer nada, miles viven de ese comercio.
Por otro lado tenemos que incluso la industria nacional consume productos del contrabando, esto por los precios más bajos, porque la lógica del contrabando en el país si bien logra enriquecer al contrabandista, también tiene la característica de imponer un precio bajo en relación a una importación oficial, esos insumos de bajo precio consumidos por sectores de la pequeña o micro industria nacional, como puede ser en los textiles artesanales, los hace un poco más competitivos, de otra forma sería imposible, y en este rubro hay también miles de trabajadores por cuenta propia o economías familiares artesanales.
De esta dinámica económica no se escapa ni el propio gobierno, en una de las gestiones anteriores Evo Morales se refirió en varias ocasiones a sus militantes como “chuteros” (contrabandistas de autos); en una ocasión pidió a sus “chuteros” que pongan a disposición sus “autos chutos” para hacer campaña electoral. Es bien sabido que los “autos chutos” (de contrabando) sin placa son muy usados en las ciudades pequeñas y rurales donde no hay controles de tránsito, muchos de estos lugares son bastiones del MAS. Esta realidad cuestiona los motivos de que el gobierno tenga una intención auténtica de combatir el delito o los ingresos ilegítimos, si es que ese fuera el caso. Por el contrario, todos los que vivimos en el país, sabemos que el gobierno aplica un doble rasero en el plano judicial, persecución judicial para unos (quienes se opongan a sus leyes) y vista gorda para otros (sus aliados).
Para esto no tenemos que buscar ejemplos en la oposición conservadora que se queja de persecución política constantemente, tenemos casos concretos de persecución a dirigentes del movimiento popular durante la gestión de Evo Morales, por ejemplo el conflicto que se desató entre el gobierno y la localidad de Achacahi en el altiplano boliviano, donde el comité cívico se movilizó para destituir a un alcalde corrupto, Edgar Ramos.
El gobierno de Evo Morales persiguió a los dirigentes cívicos que se movilizaron junto a toda la población para exigir la destitución del alcalde corrupto. A uno de ellos, Elsner Larrazábal lo detuvieron miembros de inteligencia cuando éste salía de una entrevista en una radio de difusión nacional en La Paz, su detención no tuvo orden judicial ni requerimiento fiscal, pero en el otro lado, el corrupto alcalde de Achacahi, militante del MAS, ni siquiera recibió la notificación de “pedido de informe” que aprobó el congreso para investigar las denuncias de la población de Achacachi, Ramos nunca recibió la notificación porque “no se lo pudo encontrar”, según informaron los miembros de la comisión investigadora del Congreso, esto sucedía cuando todos veíamos por televisión a Edgar Ramos, el corrupto alcalde de Achacahi, dar declaraciones a la prensa todos los días en las puertas del Congreso. Este hecho es el reflejo de años de manejo político estatal de los conflictos con los sectores populares, una política de doble rasero, de persecución política y judicial, de aplastamiento y encarcelamiento arbitrario contra la dirigencia disidente o la dirigencia que no se alineaba con la política de Evo Morales. Entonces no puede sorprender a nadie que el movimiento popular (el independiente, el no cooptado, el que cuestiona al gobierno) sospeche del uso discresional de estas nuevas leyes como parte de la política social corporativista (social fascista) porque son leyes que buscan mayor eficacia en este objetivo.
Retomando el asunto del problema económico estructural, la solución de esto precisa de una profunda transformación del Estado y no es un problema de leyes. Por el contrario, la propuesta del gobierno solo ha llevado a que gran cantidad de cuentapropistas del país se hayan visto celosos de que el gobierno pueda meter mano a sus ingresos o capital, porque, en el entendimiento común de la gente, el gobierno ha perdido los ingresos de años anteriores debido a la caída de los precios del gas y minerales (esta situación empeora cuando se habla de una caída de las reservas probadas de gas) ello hace ver en la gente que el gobierno quiere meter mano al patrimonio pequeño o mediano para conseguir dinero, mientras que por el otro lado, por el lado de la gran burguesía, miran obviamente con recelo la posibilidad de que el gobierno revise sus ganancias.
Aunque el problema es más complejo, lo que piensa el pequeño propietario que ha sido protagonista de la lucha, es también una realidad, el gobierno necesita ingresos y no va a escatimar en meter mano ahí donde pueda y aumentar la carga tributaria que hace años viene aplastando a diversos sectores sociales sin discriminación. Durante este conflicto el gobierno consiguió que por momentos estén juntos transportistas, comerciantes, dueños de pequeños negocios, mineros cooperativistas así como los empresarios del transporte pesado, interprovincial, carga internacional y también por supuesto los conservadores de la gran burguesía terrateniente. Pero como sabemos, el problema es complejo, este conflicto no ha sido un enfrentamiento entre “derecha-izquierda” o “pobres contra ricos”; el MAS no es simplemente una alianza de sectores pobres como campesinos y mineros, por supuesto que hay grandes empresarios que se han enriquecido con él y que cada cierto tiempo le prestan apoyo, son los que se benefician constantemente con la asignación de obras estatales en diferentes niveles, con concesiones, exoneraciones, entre otros. Este tipo de empresarios no solo está en el occidente, también los hay en el oriente, en Santa Cruz, y por el otro lado en esta lucha los sectores conservadores, también con contradicciones, han podido arrastrar tras de sí a ciertos sectores populares, esto básicamente en el oriente, porque hay que reconocer que en el occidente algunos sectores del movimiento popular se sumaron a la protesta con independencia del gobierno y de los sectores reaccionarios de la gran burguesía.
Los heridos y muertos como de costumbre los pone el pueblo. Un campesino falleció y quedaron otros heridos, algunos graves, detenciones en gran cantidad debido a la acción represiva, a los grupos de choque, entre los que destacó el grupo de encapuchados que se trasladaba en camionetas incautadas por el Estado al narcotráfico; ¿por qué estaban en manos de estos grupos encapuchados favorables al gobierno camionetas de procesos de investigación? El gobierno dice que va a investigar. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que son grupos paraestatales del gobierno donde incluso, según investigaciones periodísticas que el gobierno no ha podido desmentir, participan funcionarios del Ministerio de Gobierno con nivel de alta responsabilidad o en otros casos, como los videos difundidos en el conflicto con los cocaleros de los Yungas (ADEPCOCA), miembros de inteligencia actúan lanzando dinamita a los movilizados, mostrando que cuando necesita el gobierno usa el terrorismo de Estado.
Las acciones de la semana han traído el recuerdo de la violencia estatal de los tiempos de gobiernos pasados como el de Hugo Banzer o Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), acudimos a nuestra propia historia para compararla con el MAS, que es tan reaccionario como estos gobiernos anteriores, y también para cuestionar la protesta interesada de que toda acción del MAS se parece a Cuba, Nicaragua o Venezuela. Ese es el discurso interesado de los conservadores que arrastra con fuerza muchas de las protestas contra el gobierno y en el que muchos luchadores “democráticos” han caído sin distinguir el mensaje conservador. Han dicho que como en Venezuela la policía boliviana apuntó su arma a la cara de un joven en Santa Cruz, pues recordemos la acción de las FFAA con Goni cuando un soldado apunta el pecho de una mujer de pollera en El Alto. Se habla de los encapuchados en las camionetas incautadas al narcotráfico como las organizaciones paraestatales de Venezuela (y aunque puede ser verdad) pero esta acción también nos recuerda a la Unión Juvenil Cruceñista que paradójicamente hoy dice luchar por “democracia y libertad” pero antes a migrantes quechuas y aymaras con palos y escudos al servicio del poder gamonal terrateniente de Santa Cruz.
Mientras el gobierno sigue reduciendo toda protesta en contra soya al ridículo argumento de “gestación de golpe de Estado”, la oposición conservadora levanta la vacua bandera de “libertad y democracia” y pide defender la Bolivia “heredada por sus padres”. Esto merece algunos puntos a colocar.
Por el lado del gobierno, su objetivo es persistir en el argumento de que Evo Morales sufrió un golpe de Estado de parte de fuerzas conservadoras y fascistas en complicidad con el imperialismo principalmente norteamericano. Es la versión que trata de imponer con el juzgamiento a las ex autoridades de gobierno. En nuestra tribuna hemos señalado que tal acción no es un hecho demostrable, Evo Morales jugó al vacío de poder y perdió frente a una oposición en ese entonces mal articulada y con poca capacidad de dirigir un proyecto de Estado, tan es así que sucumbió rápidamente en medio de corrupción y violencia y permitió el retorno del MAS. El gobierno pretende ocultar la vergonzosa huida del país de Evo y todos sus militantes en la crisis del 2019, esos militantes que juraban a sus cargos diciendo que eran “soldados de la revolución” pero fueron los primeros en esconderse, salir del país o refugiarse en embajadas. Estos “soldaditos” que siempre recibieron jugosos sueldos en la administración estatal, nunca estuvieron ni en primera ni última línea de “batalla” por el contrario fueron las bases del MAS, las pobres como siempre, las que pusieron los heridos y muertos en la contienda.
El MAS también quiere enterrar el hecho de que en el departamento de La Paz, la ciudad de El Alto y las 20 provincias no se manifestaron en su apoyo cuando Evo Morales era cercado por los sectores sociales del conflicto, sólo observaron de palco los hechos hasta que Evo se fue a México, la soledad de Morales fue muy evidente, incluso la dirigencia que lo rodeó hasta el final, la COB y algunos miembros del Pacto de Unidad (ya no estaba García Linera ahí), le pidieron públicamente que de un paso al costado, o sea que renuncie, como también lo hizo la Defensora del Pueblo, militante abierta del MAS[ii].
Esos son los hechos que el MAS de ahora, con la versión de golpe de Estado quiere ocultar, además quiere apropiarse de ciertas luchas como si fueran suyas, como el caso de Senkata, (y antes de eso el levantamiento de los vecinos en defensa de la wiphala) que no fue precisamente una lucha en defensa de Evo Morales, en ese tiempo El Alto no levantó la bandera de defensa del MAS, ahí Evo Morales ya había perdido la alcaldía y juntas vecinales de algunos distritos, en El Alto había desde hace tiempo dos Fejuves, la no oficial ciertamente tenía baja convocatoria, pero la oficial que estaba ligada al gobierno estaba altamente cuestionada por los enormes niveles de corrupción que había en la gestión municipal donde, como suele suceder en El Alto donde gobierna el alcalde y los dirigentes vecinales, para los vecinos alteños el MAS nunca respondió a sus demandas y necesidades a pesar de haberlo apoyado en los años anteriores con mucha fuerza. Por ello, cuando se fue Morales, en el cabildo alteño los dirigentes partidarios de Evo Morales ocultaron su perfil y se plegaron a las protestas en nombre de la “defensa de la wiphala” y en contra de la represión que para ese momento empezaba a generar el nuevo gobierno que respondía al Comité Cívico crueño y las altas esferas políticas del país, entre las que se encontraban viejos politicastros reaccionarios. En todo ese tiempo la defensa a Evo se escuchaba marginalmente y no precisamente en los cabildos de El Alto sino cuando las marchas se desarrollaban en La Paz y al momento de culminar, cuando los dirigentes de Evo aprovechaban las cámaras para pedir el retorno de Morales. No hay ni una sola resolución de Cabildo de El Alto que pida el regreso de Evo ni que condene el nuevo gobierno por ilegal, el cuestionamiento al nuevo gobierno era por su política de fuerza y represión fundamentalmente en ese tiempo en que recién se instalaba el gobierno de Jeanine Añez. La narrativa de golpe de Estado que promueve el MAS hoy en día pretende enterrar todos estos hechos.
Por el otro lado el discurso conservador de los grupos dominantes que contienden con el MAS (pugna interburguesa) y que se concretan en ciertas dirigencias cívicas, en particular el Comité Cívico de Santa Cruz, dice defender la democracia y la libertad. Aquí es importante colocar lo siguiente; el hecho de que por momentos ciertos sectores populares sigan el discurso conservador no significa que compartan sus ideales, los sectores populares luchan por cuestiones más concretas que cosas abstractas que no han vivido en su vida, libertad y democracia no es precisamente lo que los sectores populares han vivido en su historia, pobreza y opresión es su pan de cada día, sobrevivir luchando todos los días con el poco capital que se llevan para lograr el sustento es la dinámica diaria, trabajo duro y esfuerzo constante están lejos del disfrute de derechos que gozan los sectores medios o poderosos y además los pocos derechos que tienen los han tenido que conquistar y defender con mucha lucha. Así que las masas luchan por cosas concretas, si el gobierno quiere tocarles el bolsillo entonces reaccionan, como sucedió con el gasolinazo que dio Evo Morales el año 2010, ahí no importó que la medida la haya firmado García Linera luego de la navidad (26 de diciembre) los sectores populares, los más pobres salieron a marchar contra ese decreto llevando incluso en sus pancartas la consigna de Evo traidor y pidiendo su renuncia, así de concretas son las masas, los cantos de sirena de la burguesía tienen fecha de caducidad, eso es lo que no aprende ni podrá hacerlo la facción conservadora del Estado, cosa que sabe aprovechar el MAS por su conocimiento de los sectores populares, que trafica con ese cierto pragmatismo popular.
Los conservadores, en una posición claramente anticomunista, apuntalan contra el gobierno del MAS disparando contra Cuba, Nicaragua y Venezuela (y no es que nosotros pensemos que estos países sean comunistas, pero ese es un tema de otro análisis), colocan el discurso de oposición al nivel de democracia vs autoritarismo, libertad vs tiranía, una como el paraíso terrenal en el que supuestamente vivíamos y el otro el infierno presente que nos han traído estos bárbaros partidarios del socialismo del siglo XXI. En el bando de la “democracia boliviana” hoy se encuentran los herederos del fascismo (militantes del Banzerismo por ejemplo), militantes de viejos partidos reaccionarios que tienen deuda de sangre con el pueblo como el MNR, MIR, ADN, también encontramos entre estos demócratas a miembros de la fascista Unión Juvenil Cruceñista (y otros grupos juveniles violentos como la Juventud Kochala) como corderos creyentes y alejados de las palizas que propinaban en sus tiempos de servicio a la Nación Camba.
La posición conservadora y reaccionaria llama a “defender el legado que dejaron nuestros padres, la Bolivia que construyeron”, ¿A cuál Bolivia se refiere esta gente? ¿Al Estado corrupto que dejaron, al Estado sometido de la manera mas abyecta al imperialismo norteamericano y europeo que saqueó las riquezas del país, a la Bolivia de la prebenda, el compadrazgo, el cuoteo político, a la Bolivia de los Víctor Paz, Jaime Paz o Gonzalo Sánchez de Lozada que vendieron al país, o a Bolivia de los Natush Bush, Bánzer o García Meza, que masacraron al pueblo con violentos gobiernos militares, a la Bolivia de los experimentos del FMI que echó a miles de mineros a las calles y que en cierta forma robusteció el movimiento cocalero, o tal vez se quieren referir al momento en que se habló del fortalecimiento institucional con “gobiernos democráticos” que sin embargo jamás evitó dejar muertos entre los pobres que luchaban por sus derechos y nunca erradicó las más sucias prácticas de la administración estatal.
Los conservadores obviamente se refieren a esa Bolivia donde disfrutaron de las riendas del Estado, de las gollerías del poder, de las licencias y exoneraciones de deudas que les hacía Goni o el “Bánzer democrático” (porque en esta Bolivia de la democracia puedes ser un criminal dictador y luego reconvertirte cual transformer en demócrata a carta cabal, sin pagar por los crímenes cometidos contra el pueblo), estos conservadores añoran la Bolivia de las grandes concesiones de tierras que les fueron entregadas gratuitamente, de los proyectos estatales que contribuyeron al enriquecimiento especulativo de tierras. Los conservadores quieren esa Bolivia que no es la del pueblo, no es la del movimiento popular, no es la de los pobres, porque la realidad del pueblo y su historia son otras, son los que sufrieron y murieron precisamente luchando contra los conservadores, y también luchan y mueren peleando contra el MAS.
Si bien dos proyectos y programas contienden en pugna por el poder de la administración estatal, ambos proyectos que son parte del viejo Estado y que representan al sistema económico y social, y son parte de las estructuras del viejo sistema, eso no significa que no exista un sector del movimiento popular que actúa con cierta independencia, aunque tímidamente existe.
El movimiento popular tiene que luchar contra las políticas opresivas de este gobierno, pero debe hacerlo con independencia de clase. Por un lado, debe despojarse de la tutela del MAS, y de los dirigentes aliados al gobierno que actúan como verdaderos clavos de bisagra que no les permite desarrollar sus propias demandas y defender sus intereses, y por el otro lado el movimiento popular precisa de madurez política e ideológica para no acabar detrás de los sectores conservadores que muchas veces le ofrecen un espacio y respaldo para defenderse de la persecución. Caer en manos de la oposición conservadora los lleva a hipotecar la lucha de sus bases y conciliar con sus enemigos de clase, algo que en el futuro tiene graves consecuencias.
[i] Ésta figura es ambigua en el código penal boliviano y muy criticada porque puede alcanzar a cualquier hecho, el gobierno ha hecho un uso parcializado y antojadizo de esta norma principalmente contra quienes considera opositores.
[ii] Este pedido de estos sectores muy cercanos al MAS se produjo antes de que el jefe del Comando Conjunto de las FFAA se lo pidiese