EDITORIAL
Editorial semanal – Choque del orden terrorista
POR REDACCIÓN DE AND
29/03/2023 3 minutos de lectura
Después de la masacre de Salgueiro, un caveirão con la sangre del pueblo
chorreando en la carrocería llega al Hospital Estatal Alberto Torres (Calor).
Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia
La semana pasada, operativos policiales simultáneos aterrorizaron a más de
200.000 trabajadores que vivían en algunas favelas de Río de Janeiro, dejando
un reguero de sangre y violaciones. En Complexo do Salgueiro, en São Gonçalo,
11 personas fueron ejecutadas y dos ancianas resultaron heridas durante la
operación. En Maré, 21 escuelas fueron cerradas por el escenario bélico
impuesto, cercenando el derecho a la educación de más de 7.000 niños.
Este es el modelo de “seguridad pública” aplicado, la llamada “guerra
contra las drogas” (que nunca llega a los grandes proveedores…), cuyos dos
pilares fundamentales son: primero, un aumento sin precedentes de las
expediciones punitivas en las regiones pobres del grandes ciudades; segundo, el
encarcelamiento masivo de jóvenes pobres. Los últimos años han demostrado que
es un completo fracaso en su objetivo anunciado de frenar el crimen en espiral.
Fracasó en todo el país, especialmente en Río de Janeiro.
Los datos lo demuestran. Alrededor del 67% (dos tercios) de todos los
hechos violentos en Río de Janeiro son causados por la policía. La
información es del informe de la Red de Observatorios de Seguridad Pública dado
a conocer en 2022. Entre 2006 y 2021, la policía realizó 482 masacres -llamadas
“operaciones de alta letalidad”- en las que se cobraron la vida de 2.000
personas, según encuesta por el Grupo de Estudio sobre Nuevos Ilegalismos.
Esto, sin contar los otros muchos miles de personas muertas en operaciones de
“letalidad media” y “letalidad baja”.
En cuanto al encarcelamiento masivo,
las cifras no son menores: de 2000 a 2014, la población carcelaria creció casi
un 200%. De 2010 a 2019, el crecimiento de la población carcelaria fue de casi
un 100%, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno
anterior. Hoy, el número de presos supera los 900.000, de los cuales más del
40% siguen sin juicio.
Si el objetivo de tal política genocida es frenar el crecimiento de la
delincuencia, basta observar lo que está pasando ahora en Rio Grande do Norte
para dar fe de su fracaso. Lo cierto es que la criminalidad crece tanto más
cuanto más profunda es la aplicación de esta medida.
El objetivo de esta política de “guerra contra las drogas” no es la lucha
contra el “crimen organizado”, para lo cual han sido mucho más eficientes las
incautaciones fuera de las favelas, que, por lo general, cuentan con la
participación activa de policías y personas adineradas en los delitos. Tal política es, de hecho, una siniestra
estrategia contrainsurgente, presente en los manuales yanquis de “guerra de
baja intensidad”.
La pregunta es esta: ¿cómo es posible dar supervivencia a un régimen de
explotación y opresión, cuya sociedad está fracturada por una crisis general endémica,
que arroja periódicamente a millones de pobres al desempleo permanente? ¿Que
había, en 2022, 33 millones de brasileños y brasileñas pasando hambre? ¿Cómo es
posible que una sociedad así no haya estallado todavía en una agitación
general? Para los reaccionarios, en tal contexto, sólo es posible mantener a
raya a los pobres con un violento golpe de orden; con una masiva movilización
militar con el objetivo de disuadir la furia de las masas; que les haga
recordar, todos los días, que los fusiles y vehículos blindados frente a sus
casas, hoy para “combatir el crimen”, pueden y son utilizados en su contra
cuando se rebelan. Que se resignen, pues, a obedecer y agradecer la
“democracia” de bayonetas que les otorga la reacción. Vale recordar: tal
política la lleva a cabo la policía militar, quienes responden -además del
gobernador- a la Inspección General de la Policía Militar, órgano del Alto
Mando del Ejército que dicta tal política, independientemente de quién sea. Yo
seleccioné.
Del gobierno electo bajo el pretexto de salvar la democracia, no hay
indignación y ni siquiera una medida efectiva para detener la horrenda masacre
contra los pobres. Cuando ocurrió la masacre en RO, a principios de año, en la
que los terratenientes y la Policía Militar ejecutaron bajo tortura a dos
campesinos de la LCP, no había ni una nota; ahora, por lo que pasó en RJ,
tampoco. De hecho, no sorprende: tal política fue una constante en los
gobiernos anteriores del PT; es un gobierno que defiende la “democracia”, sí,
la democracia de las masacres.
Tan seguro como el genocidio que genera esta política, es el odio acumulado
y reprimido que produce. En Brasil ya no se puede contener a las masas como
hace 20 años, con enfrentamientos terroristas y media docena de aparentes
"conquistas", es decir, migajas de las fiestas de la gran burguesía y
los terratenientes, sirvientes del imperialismo, principalmente yanqui. Las masas ya no creen en la democracia -el 41%
de la población cree que la democracia funciona mal o muy mal, los pobres son
la inmensa mayoría- y ya no aceptan el hambre ni el genocidio. Más temprano que
tarde, ese polvorín explotará. Para eso, todo lo que se necesita es una chispa.