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independiente de la provincia de Curicó, región del Maule, Chile.
LUNES, 3 DE JUNIO DE 2024
Corrupción y robo:
Municipios, Gobernación y próximas elecciones en el Maule
El Estado de Chile con su actual
gobierno dirigido por Boric (Frente Amplio) en complicidad con el falso Partido
“Comunista” enfrenta una profunda crisis en los aspectos económicos, político y
de contradicciones en su “base social”. Las incontables “volteretas” y promesas
falsas hechas por parte del presidente Gabriel Boric cada vez decepcionan más a
las masas que votaron por él con la esperanza de ver algún cambio real.
La inherente corrupción propia del
capitalismo burocrático - capitalismo propio de los países semicoloniales y
semifeudales como Chile - ha develado el caracter reaccionario y vendepatria de
todos los partidos electoreros, tanto del oficialismo como de oposición. Ha
llegado a una escala tan descarnada que hoy por hoy desfilan en los tribunales
de justicia alcaldes, ex alcaldes, abogados asesores de gobierno y líderes de
fundaciones “sin ánimos de lucro” formalizados por corrupción y otros ilícitos.
Ejemplos actuales, especialmente
mediáticos, son el del actual alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue
(P“C”) - quién ésta mañana quedó en prisión preventiva -, la ex alcaldesa de
Maipú Cathy Barriga (UDI) que está con arresto domiciliario, el caso Hermosilla
con el abogado Luís Hermosilla como protagonista o el llamado caso “lencería”,
teniendo como principal acusada a Camila Polizzi, personaje que usó una
fundación para realizar negocios corruptos.
Estos hechos demuestran parte de la
podredumbre del viejo Estado chileno, sumado a la incesante alza del costo de
la vida, la crisis de vivienda y las desesperadas medidas represivas que sólo
aumentan la rabia y el malestar del pueblo contra las clases dominantes.
Por eso, las clases dominantes - la gran
burguesía y terratenientes - junto con su amo, el imperialismo yanqui, deben
aplicar las tres tareas contrarrevolucionarias que son reimpulsar el
capitalismo burocrático, reestructurar el Estado y conjurar la revolución.
Para cumplir con esas tareas, el Estado
necesita ganar legitimidad, como objetivo político en su guerra contra el
pueblo, desviando cualquier ánimo de rebelión para que caiga en el “camino
institucional” el que pintan como pacífico y el “único posible”.
Así, las próximas elecciones municipales
serán parte crucial para la reacción en sus vanos intentos por lavar su imagen
y “dar legitimidad” a las municipalidades e instituciones regionales que, como esbozamos brevemente en
nuestro árticulo del 1° de Mayo pasado, cumplen una importante labor
en el ejercicio del poder y el control local, tanto en las ciudades como en el
campo.
Algunos casos a nivel local
Nuestro territorio no es ajeno a lo que
pasa a nivel nacional, no obstante sus particularidades. Y como hemos sacado a
la luz con diversos artículos anteriores, nuestra región se caracteriza por su
alta ruralidad y dependencia a la producción agrícola, lo que influye en la
economía pero también en la política y en la cultura local.
De esa forma, la corrupción que también
está presente en nuestras localidades evidencian la podredumbre de las
instituciones locales del Estado donde es especialmente relevante la presencia
del latifundio que se extiende a municipalidades y gobernaciones mediante
partidos históricamente terratenientes y personalidades ligadas al agro.
Partiremos con el caso de
Martín Arriagada (UDI), alcalde de la comuna de Sagrada Familia -
que es parte de la provincia de Curicó y del valle del Mataquito - quién fue
destituido de su cargo tras ser formalizado y declarado culpable por fraude al
fisco, sin embargo, no pasó un día en la cárcel y sólo fue sancionado con la
prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años.
Arriagada, abusando de su poder como
alcalde, permitía que su municipio vendiera permisos de circulación a vehículos
motorizados que figuraban con multas - cuestión que por ley está prohibido -
beneficiando en múltiples ocasiones a familiares como revela la propia
investigación, siendo su propia madre una de ellas, la que acumulaba varias
infracciones. Por este caso también fue formalizada su jefa de Control Interno,
Isabel Vázquez.
La investigación a cargo de la PDI
descubrió que Arriagada habría permitido la venta de más de 1.200 permisos
defraudando un total de $805.382.136 pesos.
La motivación que habría tenido el ex
alcalde para defraudar de esta forma al fisco era la posibilidad de obtener favores
políticos entre las masas de su comuna, ganando adeptos gracias a que
el alcalde “hace la movida” para sacar permisos de circulación y
así allanaba el camino para ganar una nueva reelección como alcalde o algún
otro puesto en la política electorera.
Agregar, como dato no menor, que Arriagada
hasta antes de su destitución percibía por su cargo alrededor de $5.900.000 en
salario, es decir, casi 13 sueldos mínimos.
Otros casos los encontramos en la
municipalidad de Hualañé, la que también es comuna de la provincia curicana y
parte del valle del Mataquito, y que viene arrastrando una serie de
irregularidades, delitos y corrupción.
En la administración anterior, el ex
alcalde y hoy concejal Claudio Pucher (UDI) fue sancionado con la destitución
de su cargo por dos meses tras ser declarado culpable de contratar personal con
fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para realizar funciones no
vinculadas a educación y también por daño al patrimonio municipal. La medida
fue acompañada a que el ex alcalde percibiera sólo la mitad de su sueldo.
Otro episodio que devela irregularidades
e incluso posibles delitos y corrupción es la discución entre la actual
alcaldesa Carolina Muñóz (DC) y el ya nombrado concejal Pucher durante el
concejo municipal del 06 de Febrero del presente año.
En éste, Claudio Pucher pidió a la edil
que se revisara el eventual incumplimiento en la ley de compras públicas,
argumentando que la actual administración ha abusado de la modalidad “trato
directo” que permite contratar proveedores sin licitación pública, lo que se ha
hecho sin pasar por la aprobación del concejo municipal y que, además, le
cierra las puertas a que distintas empresas postulen, lo que vendría siendo un
acto de falta de transparencia y probidad según señaló.
La irritación por parte de la alcaldesa
Muñoz se desató al acusar al concejal de ser “cara de palo” porque, según ella,
actualmente se está formalizando a funcionarios por falta a la probidad que
vienen justamente de la ex administracion de Pucher.
Así se formó un griterío donde ambos se
acusaron de realizar irregularidades tales como permitir que funcionarios de la
actual administracion usen los vehiculos municipales para sus propios fines,
pagos millonarios de horas extras falsas a funcionarios que son familiares de
la alcaldesa y abuso de poder al dejar que la empresa local de
telecomunicaciones Hualavisión - que entrega servicio de televisión e internet
- use los postes municipales para instalar sus cables, siendo ésta empresa
propiedad de la pareja de Carolina Muñoz.
La alcaldesa antes de dar por finalizada
la sesión responde extremadamente ofuscada que Pucher le pagó asignaciones
irregulares a su ex pareja durante su administracion.
Independientemente de si las acusaciones
son parcial o totalmente ciertas y del patético juego del “pero si tú
también lo hiciste, ¿por qué yo no puedo?” podemos señalar que este
episodio es otra demostración de las pugnas entre las clases dominantes y
abusos de poder en que incurren los ediles, usando el dinero del pueblo y las
influencias para su beneficio propio, siempre con miras a obtener beneficios y
favores políticos que pueden usar después, especialmente durante los periodos
de elecciones.
Otros ejemplos regionales
A nivel de la capital provincial,
tenemos el caso de trata de personas y
esclavitud moderna que dimos a conocer en noviembre del año pasado
en entrevista a Fundación Libera donde funcionarios de la
Gobernación Provincial de Curicó liderada en ese entonces por Macarena Pons
(RN) realizaron todas las gestiones para captar a temporeros migrantes que
fueron sometidos a trabajo forzado y otras vejaciones por parte de empresas
contratistas que dirigía Francisco Mendoza, sujeto que tenía una relación muy
fluida con Pons y los funcionarios de la Gobernación Provincial de la fecha.
Para terminar de ejemplificar
tenemos la arista maulina del llamado “Caso
Fundaciones ”, donde el Gobierno Regional del Maule liderado
por Cristina Bravo (DC) habría suscrito un convenio de transferencia de fondos
por casi $600 millones de pesos en total con la Fundación Urbanismo Social y
que actualmente es investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias,
negociación incompatible, malversación de caudales públicos y otros. El caso ha
generado revuelo pues uno de los principales directivos de la fundación es el
actual Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández Fernández (RD - Frente
Amplio), mismo conglomerado al que pertenece Boric.
Reiteramos, todos estos hechos son una
muestra a nivel local de aquello que habíamos adelantado en artículos
anteriores: “Muchos municipios - y otras instituciones a nivel
regional - han sido descubiertos conformando redes y mecanismos de
corrupción, donde la propia justicia burguesa ha condenado a alcaldes,
concejales y funcionarios municipales de todos los partidos electoreros. De
hecho, hoy en día hay más causas por
corrupción que municipios en Chile, siendo 642 las causas abiertas
según expone el medio nacional El Mostrador.”
Vienen las elecciones, viene el Boicot
Electoral
Como ya es costumbre, los próximos
candidatos a las municipales vendrán a ofrecer cielo, mar y tierra, prometiendo
solucionar los males que aquejan a las masas. Pero como hemos evidenciamos con
los ejemplos anteriores ya sabemos que serán sólo falsas promesas para seguir
robando y cometiendo hechos de corrupción en desmedro del pueblo y en beneficio
de sus mezquinos intereses.
Recordemos lo que destacara Marx sobre
las elecciones: “A los oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada
varios años; ¡qué miembros de la clase opresora han de representarlos y
aplastarlos en el parlamento!”
¿Qué camino le queda entonces al
pueblo?
El camino actual debe ser el de la
Revolución de Nueva Democracia, especialmente el de la Revolución Agraria. Esto
implica luchar por conquistar el Poder para el pueblo mediante la lucha
revolucionaria, demoliendo el viejo Estado y construyendo uno nuevo. Las
elecciones sólo sirven como medio para hacer propaganda, y en el momento actual
eso implica en propaganda orientada a denunciar el caracter
contrarrevolucionario de las elecciones, es decir, en el Boicot
Electoral.
Las fuerzas revolucionarias deben
mostrar qué es lo que daña y perjudica al pueblo y qué es lo que le ayuda y
beneficia.
Lo expuesto en este artículo nos
reafirma en que votar no sólo daña al pueblo sino que le da a las clases
dominantes la legitimidad que necesitan para gobernar y reprimir posibles
rebeliones. No sigamos haciendo lo mismo, es hora de hacer algo distinto.
Por eso, a los oprimidos, a los pobres,
a las masas, todos debemos comprender que poco a poco nuestra emancipación
recae en realidad a la propia organización y no en soluciones inventadas por
los candidatos mentirosos.
Para triunfar requerimos reconstituir el
partido de vanguardia que ya fundara Recabarren, junto con nuestras propias
fuerzas armadas y un frente único de organizaciones que permita construir una
nueva sociedad a nuestro servicio; que le entregue tierras al campesino,
viviendas a los sin casa, trabajo al obrero, salud y educación a los niños y
jóvenes, pensiones dignas a nuestros abuelos, en fin, todos los derechos que
son frutos de la sangre y sudor de las masas pero que los opresores quitan y
niegan. En la historia hay experiencias como el propio levantamiento de Ránquil
de 1934 ocurrido en Lonquimay, que este año conmemoramos su 90° aniversario.
Ante los próximos candidatos y
elecciones municipales digamos:
¡NO VOTAR:
ABAJO LA FARSA ELECTORAL!
¡ELECCIONES NO,
REVOLUCIÓN AGRARIA SÍ!
¡EL CAMINO ES
LUCHAR: NO VOTAR!
¡VIVA
RECABARREN Y EL CAMINO DE RÁNQUIL!